Bogotá alcanzó a agosto de 2026 una cifra récord de 154.341 comparendos por porte de armas, elementos cortopunzantes o sustancias peligrosas, según los datos divulgados por El Espectador. El registro representa un promedio de 635 sanciones diarias, cerca de 26 cada hora.
La cifra también supone un incremento de 20,4 % frente a agosto de 2025, cuando se habían registrado 128.241 comparendos. Son 26.100 procedimientos más en un año, en una categoría que se ha convertido en una de las principales expresiones del control policial de la convivencia en la capital.
Pero el dato requiere una primera precisión: hablar de 154.341 comparendos por “porte de armas” no significa que Bogotá haya detectado esa cantidad de armas de fuego. La gran mayoría corresponde a armas, elementos cortantes o punzantes, semejantes o sustancias peligrosas reguladas por el Código Nacional de Policía.
De los 154.341 registros, 153.300 corresponden al numeral 6 del artículo 27 de la Ley 1801 de 2016, relacionado con el porte de armas, elementos cortantes, punzantes o semejantes y sustancias peligrosas en áreas comunes o lugares abiertos al público, salvo las excepciones contempladas para actividades como el deporte, el oficio, la profesión o el estudio.
Los otros 1.041 comparendos están relacionados con el porte de armas neumáticas, de aire, de fogueo, de letalidad reducida, aerosoles de pimienta y elementos similares a armas de fuego bajo determinadas circunstancias.
La distribución espacial muestra además que el fenómeno registrado por las autoridades ocurre fundamentalmente en la calle. De los 154.341 comparendos, 153.623 fueron impuestos en sitios públicos o abiertos al público, mientras 532 correspondieron a domicilios y 186 a medios de transporte.
Por localidades, Kennedy ocupa el primer lugar con 21.860 comparendos, seguida por Bosa, con 13.354; Santa Fe, con 12.435; Engativá, con 12.349, y Suba, con 11.601. Las cinco localidades concentran 71.599 registros, cerca del 46 % del total.
Sin embargo, la concentración territorial no permite concluir automáticamente que en Kennedy circulen más armas que en otras zonas de Bogotá. La cantidad de comparendos también depende de dónde se concentran los operativos, la presencia policial, el flujo de personas y las dinámicas particulares de convivencia.
La directora del Programa de Investigación Criminal de la Universidad Manuela Beltrán, Marcela Parra, planteó precisamente esa precaución. Según su análisis, para interpretar el aumento es necesario observar variables como los lugares, horarios, personas involucradas, reincidencia y eventual relación con riñas, lesiones, amenazas u homicidios.
Eso introduce una diferencia fundamental entre actividad policial y violencia criminal. Un incremento de comparendos puede significar que las autoridades están encontrando y sancionando más personas, pero no demuestra por sí mismo que haya aumentado en la misma proporción la cantidad de armas que circulan por la ciudad.
La distinción adquiere mayor importancia porque un comparendo por porte de un elemento cortopunzante no equivale a una captura ni demuestra que la persona tuviera intención de cometer un delito. Incluso puede tratarse de un elemento que, bajo determinadas circunstancias, tenga una utilización legítima.
El problema aparece cuando un elemento potencialmente lesivo entra en una confrontación. En una discusión, una riña o una disputa que inicialmente podría terminar sin mayores consecuencias, la presencia de un arma blanca puede modificar radicalmente el riesgo de lesiones graves o muerte.
Bogotá ya enfrenta una elevada conflictividad asociada a las riñas. Un análisis publicado por El Espectador señaló que, según la Secretaría de Seguridad, cuatro de cada diez homicidios ocurren en contextos de peleas callejeras y riñas asociadas con intolerancia.
La ciudad también registra un volumen importante de incautaciones. En julio, la Policía Metropolitana reportaba 25.734 armas blancas incautadas durante 2026, además de 1.264 personas capturadas en el marco de esos operativos, particularmente en el sistema TransMilenio.
Pero existe otra cuestión menos visible detrás del récord: qué sucede después de que se impone el comparendo. En julio, El Espectador reveló que entre 2022 y abril de 2026 se habían impuesto 1.918.710 comparendos por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia, pero solo 68.632, el 3,5 %, se habían convertido en una multa efectiva.
El porte de armas cortopunzantes mostraba una brecha todavía más pronunciada. De acuerdo con esos datos, durante ese periodo se registraron 726.683 comparendos por esta conducta, pero solamente 9.404 terminaron en una sanción efectiva.
La diferencia plantea un problema de política pública. Si el Estado incrementa significativamente la capacidad para detectar y registrar una conducta, pero después una proporción muy pequeña de los procedimientos termina en una decisión efectiva, el número de comparendos puede convertirse más en un indicador de actividad policial que de resultados concretos.
Eso no significa que los comparendos carezcan de utilidad. El registro puede permitir identificar zonas, horarios, reincidencias y patrones de comportamiento. El interrogante es si esa información está siendo utilizada para intervenir los factores que producen la violencia y no solamente para aumentar el número de procedimientos.
La discusión adquiere una dimensión adicional por el contexto nacional de flexibilización del porte de armas de fuego. El Decreto 188 de 2026 restableció la validez de determinados permisos individuales de porte que habían sido suspendidos, pero no creó un derecho general para que cualquier ciudadano pueda llevar un arma de fuego.
En Bogotá, esa discusión ocurre mientras la Policía debe controlar simultáneamente armas de fuego, armas traumáticas, armas blancas y otros elementos potencialmente peligrosos. Son fenómenos distintos y mezclarlos en una sola estadística puede generar una percepción equivocada sobre las dimensiones reales de cada uno.
Por eso, el récord de 154.341 comparendos plantea más preguntas de las que responde. ¿Está aumentando el porte de elementos peligrosos? ¿Se intensificaron los controles? ¿Hay localidades donde la reincidencia sea especialmente elevada? ¿Cuántos procedimientos terminan vinculados posteriormente con lesiones, homicidios, amenazas o hurtos?
Responder esas preguntas permitiría establecer si el aumento de 20,4 % constituye principalmente una señal de mayor presencia policial, de un cambio en las dinámicas de convivencia o de ambas circunstancias. Por el momento se desconoce que la cifra de comparendos, por sí sola, permita establecer cuál de esas explicaciones tiene mayor peso.
El dato más importante, entonces, no necesariamente es que Bogotá haya impuesto 154.341 comparendos, sino qué capacidad tiene la ciudad para convertir esos procedimientos en prevención, sanciones efectivas e inteligencia sobre los lugares y circunstancias donde el porte de elementos potencialmente peligrosos termina convirtiéndose en violencia.
