La Cancillería defendió el traslado de la mayor parte de la Biblioteca Marco Fidel Suárez a la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo, en Bogotá, después de que circularan imágenes del retiro nocturno de libros bajo la lluvia y surgieran cuestionamientos sobre las condiciones en las que se realizó el procedimiento. La entidad aseguró que hubo acompañamiento técnico y que nunca se interrumpió la cadena de custodia de las colecciones.
El pronunciamiento fue divulgado el 30 de octubre, después de que exfuncionarios diplomáticos y otras voces cuestionaran públicamente la manera en que se estaban movilizando los ejemplares. La controversia también está relacionada con versiones sobre la posibilidad de que el espacio que ocupaba la biblioteca en el Palacio de San Carlos vuelva a utilizarse como capilla.
Según la Cancillería, la integración física de la biblioteca a la nueva sede de la Academia Diplomática responde a una decisión administrativa orientada a optimizar los espacios, fortalecer la formación diplomática y mejorar la gestión del conocimiento especializado. La entidad presentó la medida como parte de sus principios de austeridad y eficiencia del gasto público.
El traslado comenzó el 29 de octubre. De acuerdo con el Ministerio, funcionarios de la Biblioteca Marco Fidel Suárez, la Academia Diplomática, el Archivo y la Oficina Asesora de Planeación hicieron seguimiento permanente a las labores de embalaje, transporte y recepción del material bibliográfico y documental.
La institución sostuvo que el procedimiento se desarrolló bajo protocolos de conservación y custodia. También afirmó que la mayor parte del acervo fue reubicada satisfactoriamente en la nueva sede de la Academia Diplomática Augusto Ramírez Ocampo y que en ningún momento se perdió la cadena de custodia de las colecciones.
Sin embargo, las explicaciones oficiales se conocieron después de que se difundieran videos y denuncias sobre el retiro de los libros durante la noche y en medio de la lluvia. Las imágenes provocaron preguntas sobre la protección del material y las condiciones de transporte, especialmente por tratarse de una colección bibliográfica de carácter patrimonial.
Entre las voces críticas estuvo el exdirector de la Academia Diplomática Harol González, quien publicó registros del procedimiento y cuestionó las circunstancias en las que se estaban retirando los ejemplares. También se conocieron reparos de integrantes del sector diplomático sobre la forma en que se adelantó la operación.
La exembajadora Arlene Tickner se sumó a los cuestionamientos sobre las condiciones visibles del traslado. Las críticas apuntaron a la necesidad de garantizar un manejo especializado de los libros y documentos, así como de ofrecer información clara sobre las medidas adoptadas para protegerlos.
Las imágenes, no obstante, no permiten establecer por sí solas que los ejemplares hayan sufrido daños o que se haya roto la cadena de custodia. Para determinarlo sería necesario conocer los registros técnicos del procedimiento, las condiciones de embalaje y transporte y los resultados de las revisiones realizadas después de la reubicación.
En su comunicado, la Cancillería señaló que solicitó el acompañamiento técnico de la Biblioteca Nacional de Colombia. Según la entidad, el 16 de octubre se realizaron evaluaciones iniciales y se formularon recomendaciones para la manipulación y el traslado de las colecciones, con el propósito de garantizar su conservación.
El Ministerio también informó que adelanta labores de inventario, valoración documental y organización especializada. Durante esas actividades, explicó, se identificaron ejemplares duplicados y materiales que requieren tratamientos diferenciales de conservación, lo que permitiría organizar mejor el acervo y facilitar el acceso a los recursos de mayor pertinencia académica.
Otro de los puntos de la controversia tiene que ver con el destino del espacio que ocupaba la biblioteca en el Palacio de San Carlos. Versiones recogidas por medios de comunicación señalan que se habría contemplado recuperar el recinto para el uso religioso como capilla, una posibilidad que ha generado interrogantes sobre las razones de la reubicación.
El antecedente no es nuevo. Durante el gobierno de Iván Duque, la entonces canciller Marta Lucía Ramírez planteó la posibilidad de recuperar el uso de la antigua capilla. En ese momento se optó por utilizar anaqueles móviles para liberar parte del espacio sin desmontar completamente la biblioteca.
La Cancillería, sin embargo, no confirmó en su pronunciamiento del 30 de octubre que el recinto vaya a convertirse nuevamente en capilla. Tampoco explicó cuál será el uso definitivo del lugar después de la salida de la mayor parte de la colección bibliográfica, por lo que esa posibilidad debe mantenerse como una versión y no como una decisión institucional adoptada.
El comunicado también precisó que el archivo patrimonial, compuesto por aproximadamente 2.000 volúmenes, permanecerá en su ubicación actual, en el edificio Olaya Herrera. La entidad indicó que esa decisión cuenta con el aval técnico de la Biblioteca Nacional, debido a las condiciones ambientales y de seguridad del inmueble.
La diferencia entre el material trasladado y el que permanecerá en el edificio Olaya Herrera plantea otra pregunta sobre la organización de las colecciones. La Cancillería no detalló cuáles son los criterios utilizados para determinar qué libros y documentos se trasladan a la Academia Diplomática y cuáles deben permanecer en su ubicación actual.
Tampoco entregó cifras sobre el número total de ejemplares que conforman la Biblioteca Marco Fidel Suárez, la cantidad de libros movilizados ni el volumen de materiales identificados como duplicados. Esos datos permitirían dimensionar el alcance de la operación y conocer con mayor precisión qué parte del patrimonio bibliográfico fue reubicada.
Otro asunto pendiente es el acceso de investigadores, estudiantes y ciudadanos a los recursos de la biblioteca. Aunque la Cancillería señaló que la nueva sede busca facilitar la consulta de materiales de interés académico, no precisó si se mantendrán las condiciones de acceso que existían anteriormente ni cuáles serán los horarios y requisitos para los usuarios externos.
La controversia también había tenido antecedentes antes del traslado. Según información difundida por medios de comunicación, la Asociación Diplomática y Consular de Colombia, ASODIPLO, había solicitado explicaciones sobre el plan de reubicación mediante un derecho de petición dirigido al canciller. La discusión, por tanto, no se limitó a las imágenes que circularon el 29 de octubre, sino que incluía inquietudes previas sobre el futuro de la colección.
La Cancillería anunció que continuará coordinando las labores con las áreas académicas, administrativas y técnicas para terminar el proceso en aproximadamente una semana. Su propósito, según el comunicado, es consolidar la nueva sede como un espacio destinado a la formación diplomática, la investigación especializada y la preservación de la memoria documental de la política exterior colombiana.
Mientras tanto, las explicaciones institucionales no han despejado todos los interrogantes sobre las condiciones en las que se desarrolló el traslado ni sobre el destino del recinto en el Palacio de San Carlos. La afirmación de que se mantuvo la cadena de custodia deberá poder respaldarse con los registros correspondientes, especialmente ante las imágenes que motivaron las denuncias.
La discusión no se reduce a determinar si los libros llegaron a su nuevo destino. También involucra la protección de un patrimonio bibliográfico, la transparencia de las decisiones administrativas y el uso que se dará a un espacio histórico de la Cancillería. Por ahora, el Ministerio sostiene que el traslado se realizó con garantías técnicas, mientras las críticas y las preguntas sobre la posible recuperación de la capilla siguen sin una respuesta institucional definitiva.
