La propuesta de establecer el 31 de octubre como Día Nacional de la Biblia en Colombia abrió una discusión que va más allá del reconocimiento de un texto religioso. El proyecto de ley presentado por la senadora Sara Jimena Castellanos Rodríguez, del partido Salvación Nacional, puso sobre la mesa preguntas relacionadas con la Constitución, la libertad de cultos, la diversidad cultural y la historia de la evangelización durante la conquista española.
La iniciativa fue presentada el 29 de octubre de 2026 en un evento realizado en el auditorio G12, en Bogotá. Castellanos, quien también es pastora de la Misión Carismática Internacional, defiende que la propuesta busca destacar la influencia histórica, literaria y lingüística de la Biblia en la sociedad colombiana.
El proyecto plantea que el 31 de octubre sea reconocido oficialmente como una fecha conmemorativa. La autora escogió ese día por su relación con la Reforma protestante, pues el 31 de octubre de 1517 Martín Lutero hizo públicas sus 95 tesis, acontecimiento que marcó un momento decisivo en la historia del cristianismo occidental.
La fecha coincide, además, con la celebración de Halloween. Sin embargo, Castellanos ha señalado que la iniciativa no pretende prohibir esa festividad ni reemplazarla por una celebración religiosa. Según sus explicaciones, el propósito es reconocer la relevancia cultural de la Biblia y promover actividades académicas, artísticas y culturales.
La congresista también ha insistido en que el proyecto no busca establecer un día festivo, imponer prácticas religiosas ni obligar a los ciudadanos a participar en actividades relacionadas con la conmemoración. La propuesta todavía debe surtir su trámite en el Congreso y, por tanto, no constituye una norma vigente.
Uno de los principales interrogantes está relacionado con la naturaleza del Estado colombiano. La Constitución de 1991 no establece una religión oficial y reconoce la libertad de conciencia y de cultos, así como la igualdad de todas las confesiones religiosas ante la ley.
El artículo 19 de la Carta Política garantiza la libertad de cultos y establece que todas las confesiones religiosas e iglesias son igualmente libres ante la ley. A su vez, los artículos 1 y 7 reconocen el pluralismo y la diversidad étnica y cultural de la nación.
Esto significa que Colombia es un Estado laico, aunque esa condición no implica que las instituciones deban desconocer la historia de las religiones o impedir que sus expresiones culturales sean estudiadas y reconocidas. La exigencia constitucional es que el Estado mantenga una posición neutral y no favorezca una creencia particular sobre las demás.
La Corte Constitucional ha desarrollado esa doctrina en diferentes decisiones. En la sentencia C-350 de 1994, por ejemplo, declaró inconstitucional la renovación de la consagración oficial de Colombia al Sagrado Corazón de Jesús, al considerar que el Estado no podía identificarse con una confesión religiosa.
En otras decisiones, como la C-224 de 2016 y la SU-059 de 2024, la Corte reiteró que las autoridades pueden reconocer manifestaciones culturales que tengan componentes religiosos, siempre que la finalidad predominante sea secular y que la actuación estatal no implique adhesión o promoción de un credo.
Ese criterio abre una diferencia importante para evaluar el proyecto de Castellanos: una cosa es reconocer, desde la investigación histórica, la influencia de la Biblia en la formación de determinadas expresiones culturales, y otra es establecer una conmemoración oficial dedicada a ese libro desde el poder público.
La discusión constitucional no se resuelve únicamente con las declaraciones de la autora sobre el carácter cultural y voluntario de la iniciativa. También depende del contenido del articulado, de sus objetivos, de las actividades que eventualmente promueva y de los efectos que pueda tener sobre la neutralidad estatal.
Otro punto que genera preguntas es la tradición religiosa que se busca reconocer. La Biblia no tiene exactamente la misma composición en todas las iglesias cristianas. La versión utilizada por la Iglesia católica contiene generalmente 73 libros, mientras que las biblias protestantes y evangélicas suelen tener 66.
A esto se suma que el cristianismo no es la única tradición religiosa presente en Colombia. El judaísmo tiene como texto fundamental el Tanaj; el islam reconoce el Corán, y otras religiones cuentan con sus propias escrituras y tradiciones. También existen comunidades cuya espiritualidad se transmite mediante prácticas, relatos y conocimientos ancestrales.
Por esa razón, si la justificación del proyecto es reconocer la influencia histórica de un texto religioso, surge la pregunta sobre los criterios utilizados para escoger la Biblia y no otras tradiciones espirituales que también hacen parte de la diversidad cultural del país.
La discusión adquiere otra dimensión cuando se examina la llegada del cristianismo a los territorios que hoy conforman Colombia. La Biblia no llegó a América como un libro separado de las relaciones políticas y económicas de la época, sino vinculada al proceso de conquista y colonización impulsado por las monarquías europeas.
Desde finales del siglo XV y durante los siglos siguientes, la evangelización fue uno de los componentes de la expansión colonial española. La Iglesia católica participó en ese proceso y la enseñanza de la doctrina cristiana se convirtió en una herramienta para transformar las creencias, las prácticas y las formas de organización de los pueblos originarios.
Investigaciones académicas sobre la historia de la Biblia en América Latina han documentado que las escrituras y sus interpretaciones fueron utilizadas en distintos contextos para respaldar la evangelización y justificar procesos de sometimiento de las poblaciones indígenas. En algunos casos, los argumentos religiosos también sirvieron para legitimar la subordinación y la explotación de esas comunidades.
En la provincia de Cartagena, durante el siglo XVI, los procesos de educación y evangelización combinaron mecanismos de persuasión, violencia, imposición y transformación cultural. La expansión del cristianismo estuvo relacionada con un proyecto colonial que buscaba incorporar a las sociedades indígenas a un orden político, social y religioso diferente.
Sin embargo, esa historia no puede reducirse a una experiencia uniforme ni presentar a los pueblos originarios como comunidades pasivas. Hubo resistencias, apropiaciones, reinterpretaciones y procesos de sincretismo mediante los cuales distintas comunidades conservaron, adaptaron o transformaron elementos de sus propias cosmovisiones.
También existieron religiosos que cuestionaron los abusos cometidos durante la conquista y defendieron a las poblaciones indígenas, como ocurrió con Bartolomé de las Casas. Esos matices hacen parte de una historia compleja, pero no eliminan el vínculo entre evangelización, poder colonial y relaciones de desigualdad.
Por eso, concederle a la Biblia un valor histórico exige preguntarse desde qué perspectiva se construye ese reconocimiento. Para millones de personas, el libro representa una referencia espiritual y cultural; para numerosas comunidades originarias, la expansión del cristianismo estuvo asociada con la transformación forzada de sus creencias y con la pérdida de prácticas culturales.
El artículo 7 de la Constitución establece que el Estado reconoce y protege la diversidad étnica y cultural de la nación colombiana. Ese principio también obliga a considerar las memorias de los pueblos indígenas y de las comunidades afrodescendientes cuando se construyen relatos oficiales sobre la historia del país.
En ese sentido, una conmemoración nacional que destaque la influencia de la Biblia podría abrir una discusión sobre la necesidad de incorporar las distintas experiencias históricas relacionadas con la evangelización. El reconocimiento de una tradición no tendría que significar el silenciamiento de las comunidades que vivieron ese proceso desde la resistencia o la imposición.
El debate también tiene antecedentes legislativos. En años anteriores se presentaron propuestas para establecer una fecha nacional dedicada a la Biblia. Una iniciativa impulsada por el entonces senador Édgar Espíndola en 2013, que planteaba conmemorarla el último viernes de octubre, no logró avanzar y terminó archivada.
A esto se suma un antecedente judicial reciente. En agosto de 2026, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca anuló una conmemoración municipal del Día de la Biblia en Chía, al considerar que la medida era incompatible con principios como la neutralidad religiosa, la igualdad y el pluralismo. Ese caso puede aportar elementos al debate sobre los límites de las autoridades para promover reconocimientos oficiales de carácter religioso.
La iniciativa de Castellanos también recibió cuestionamientos políticos. El representante Miguel Grisales, del Pacto Histórico, criticó la distribución de biblias a congresistas y planteó que, en lugar de entregar un texto religioso, podría distribuirse la Constitución como recordatorio de la libertad de cultos y del carácter pluralista del Estado.
Por su parte, el abogado constitucionalista Mauricio Albarracín cuestionó que el Estado reconozca oficialmente un texto sagrado, al advertir que una decisión de ese tipo podría favorecer una tradición religiosa y entrar en tensión con la neutralidad que deben mantener las instituciones. En un debate con la senadora en La FM, Castellanos defendió el carácter cultural de la propuesta y negó que busque imponer una creencia.
La presentación del proyecto también tuvo una dimensión política por la presencia de figuras cercanas al presidente Abelardo de la Espriella y a congregaciones cristianas. La Silla Vacía describió ese entorno como parte de un círculo religioso que respalda la iniciativa, lo que ha alimentado preguntas sobre la relación entre sectores políticos y organizaciones de fe.
En cualquier caso, el derecho de las comunidades cristianas a celebrar la Biblia y reconocer su importancia espiritual no está en discusión. El interrogante es distinto: si el Estado debe convertir ese reconocimiento en una conmemoración nacional y cómo puede hacerlo sin privilegiar una tradición sobre otras.
El Congreso tendrá que examinar no solo el propósito declarado por sus promotores, sino también las implicaciones constitucionales, culturales e históricas de la propuesta. El debate incluye determinar qué se entiende por reconocimiento cultural, qué tradición bíblica se busca destacar y de qué manera se protege la igualdad entre las distintas creencias y quienes no profesan ninguna.
Así, el proyecto del Día Nacional de la Biblia plantea una discusión que trasciende la fecha del 31 de octubre. En el centro está la pregunta sobre cómo un Estado laico puede reconocer la influencia histórica de una religión sin asumirla como propia, y cómo puede contar esa historia sin dejar por fuera a los pueblos y las tradiciones que también hacen parte de la memoria colombiana.
