El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas (ONU) aprobó la renovación de la Misión de Verificación del Acuerdo de Paz en Colombia hasta el 31 de octubre de 2027, pero introdujo un cambio en sus competencias: la Reforma Rural Integral dejó de estar entre los componentes sometidos a verificación internacional. La decisión coincidió con una intervención del embajador colombiano ante ese organismo, Mauricio Gaona, quien cuestionó que el acuerdo firmado en 2016 sea considerado un modelo para el mundo.
Durante la sesión, Gaona aseguró que el Gobierno de Abelardo de la Espriella no está en contra de la paz, sino de lo que considera impunidad. Sus declaraciones marcaron la posición de la actual administración frente al proceso firmado entre el Estado colombiano y las antiguas Farc durante el gobierno de Juan Manuel Santos.
«El Acuerdo de Paz de 2016 no es un modelo para el mundo», afirmó el embajador ante los integrantes del Consejo de Seguridad. Su intervención se produjo en el marco de la discusión sobre la continuidad de la presencia de Naciones Unidas en el seguimiento al proceso de implementación.
Gaona cuestionó las narrativas que, según dijo, presentan el acuerdo como una experiencia ejemplar para otros países. En su argumento, sostuvo que esa valoración desconoce la situación de miles de colombianos que han sido víctimas de asesinatos, secuestros y extorsiones después de la firma del documento.
«El Gobierno de Colombia y los millones de ciudadanos que lo eligieron no están en contra de la paz, estamos en contra de la impunidad», manifestó el diplomático. La frase sintetizó el planteamiento que llevó ante el organismo internacional y que establece una diferencia entre respaldar la búsqueda de la paz y cuestionar los resultados del acuerdo.
La intervención de Gaona coincidió con la aprobación de la Resolución 2833 de 2026, mediante la cual el Consejo de Seguridad extendió por un año el mandato de la Misión de Verificación. Sin embargo, la renovación no mantuvo todas las funciones que el organismo había incorporado en años anteriores.
A partir de esta decisión, la misión concentrará su trabajo en dos componentes del Acuerdo de Paz: la reincorporación política, económica y social de los antiguos integrantes de las Farc, y las garantías de seguridad personales y colectivas para los firmantes, sus familias y las comunidades en los territorios afectados por el conflicto.
La modificación significa que la Reforma Rural Integral ya no será objeto de verificación directa por parte de esa misión. Este componente había sido incorporado expresamente a sus funciones mediante la Resolución 2673 de 2023, que amplió el alcance del acompañamiento internacional a la implementación del acuerdo.
La reforma rural es uno de los puntos estructurales del documento firmado en 2016. Incluye compromisos relacionados con el acceso y la formalización de tierras, el desarrollo de infraestructura, la provisión de servicios, la reducción de la pobreza rural y la transformación de las condiciones de vida en las zonas más afectadas por el conflicto.
La salida de este componente del mandato de la misión no significa que haya sido eliminado del Acuerdo de Paz ni que el Estado colombiano quede liberado de sus compromisos. La obligación de implementar la Reforma Rural Integral permanece; lo que cambia es el mecanismo de verificación internacional que el Consejo de Seguridad había encargado a Naciones Unidas.
La decisión tampoco implica que todas las agencias, fondos y programas de la ONU abandonen el trabajo relacionado con el desarrollo rural en Colombia. Esas instancias pueden mantener proyectos de cooperación y acompañamiento en los territorios, pero no sustituyen automáticamente la función de verificación que tenía la misión ante el Consejo de Seguridad.
En la práctica, el Gobierno colombiano tendrá que responder por los avances de la reforma a través de sus propias instituciones. Al mismo tiempo, el Consejo de Seguridad dejará de contar con el seguimiento específico que la Misión de Verificación realizaba sobre ese capítulo y que servía como insumo para los informes periódicos sobre la implementación.
La modificación fue incluida en la resolución presentada por Reino Unido, país encargado de liderar la ponencia ante el Consejo. La delegación británica defendió la necesidad de ajustar el mandato a las circunstancias actuales del país y sostuvo que proteger los avances del acuerdo y enfrentar los problemas de seguridad no son objetivos incompatibles.
Durante su intervención, Reino Unido destacó la desmovilización de más de 11.000 excombatientes desde la firma del Acuerdo de Paz. También respaldó la continuidad del trabajo de Naciones Unidas en los asuntos de reincorporación y garantías de seguridad, que seguirán bajo observación de la misión.
El representante de China, por su parte, llamó la atención sobre la necesidad de fortalecer la inversión en las zonas rurales y combatir las economías ilegales. Su intervención puso de relieve que el desarrollo de los territorios continúa siendo un elemento relevante para alcanzar una paz sostenible, incluso después de la modificación del mandato.
La decisión fue aprobada por unanimidad, aunque ese respaldo no significa que todos los integrantes del Consejo compartieran la conveniencia de retirar la verificación de la reforma rural. Durante las negociaciones, varios países expresaron reservas frente a esa posibilidad y defendieron la continuidad del acompañamiento internacional a ese componente.
Entre las preocupaciones planteadas estuvo la pérdida de una fuente periódica de información independiente sobre el avance de la Reforma Rural Integral. La discusión también incluyó alternativas para mantener algún tipo de seguimiento a programas territoriales, pero esas opciones no quedaron incorporadas en el texto finalmente aprobado.
Rusia manifestó su inconformidad con la exclusión de la reforma rural y defendió la importancia de mantener el acompañamiento internacional a los compromisos relacionados con la transformación agraria y la justicia transicional. Las diferencias evidenciaron que la unanimidad de la votación no eliminó los reparos sobre las consecuencias de la modificación.
El cambio también debe entenderse dentro de las decisiones anteriores del Consejo de Seguridad sobre el mandato de la misión. En 2025, mediante la Resolución 2798, ya se habían retirado de sus funciones la verificación del Capítulo Étnico y el seguimiento al cumplimiento de las sentencias de la Jurisdicción Especial para la Paz. La nueva resolución profundiza la reducción de los asuntos sometidos a verificación directa.
La coincidencia entre la intervención de Gaona y la modificación del mandato introduce un elemento político en el balance del proceso. El Gobierno no solo expresó reparos frente a la manera en que se presenta internacionalmente el acuerdo, sino que respaldó un cambio que reduce los componentes que la misión tiene la obligación de verificar.
No obstante, ambos asuntos deben diferenciarse. Las declaraciones del embajador expresan la posición política del Gobierno colombiano, mientras que la reducción de las competencias de la misión es una decisión institucional del Consejo de Seguridad, adoptada mediante una resolución respaldada por sus integrantes.
El contexto también es significativo porque 2026 marca el décimo aniversario de la firma del Acuerdo de Paz. El proceso entra en una nueva etapa con el gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha planteado cuestionamientos sobre sus resultados y ha puesto el énfasis en la persistencia de la violencia y la impunidad.
La discusión sobre el balance del acuerdo no se limita a las cifras de desmovilización ni a la situación de seguridad. También comprende los compromisos de transformación territorial que buscaban atender algunas de las causas históricas del conflicto armado, entre ellas la concentración de la tierra, la pobreza rural y la limitada presencia institucional en distintas regiones.
Por eso, la exclusión de la Reforma Rural Integral de las competencias de la misión plantea preguntas sobre la manera en que se evaluará su cumplimiento. Aunque el Estado conserva sus obligaciones, el Consejo de Seguridad pierde una herramienta específica para recibir información periódica sobre los avances y dificultades de ese componente.
La situación también tiene implicaciones para las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes de los territorios priorizados. La reforma rural y los compromisos territoriales del acuerdo tienen efectos sobre el acceso a la tierra, la participación, la inversión pública y las condiciones para superar las economías ilegales.
A esto se suma que el Capítulo Étnico ya había salido del mandato de verificación de la misión en 2025. Aunque esa decisión no elimina las disposiciones del acuerdo relacionadas con los pueblos étnicos, sí representa otro cambio en el alcance del seguimiento internacional que se había establecido para su implementación.
En ese escenario, la pregunta no es únicamente si el Acuerdo de 2016 puede servir de modelo para otros procesos de paz, como cuestionó Gaona ante Naciones Unidas. También es cómo se garantizará que los compromisos pendientes se cumplan cuando algunos de sus componentes dejan de contar con la verificación directa de la misión internacional.
El Gobierno colombiano sostiene que el ajuste responde a las circunstancias actuales del conflicto y a la necesidad de concentrar los esfuerzos en seguridad y reincorporación. Otros integrantes del Consejo, en cambio, han advertido sobre la importancia de conservar el acompañamiento a la transformación rural como parte de una paz sostenible.
La renovación de la Misión de Verificación hasta octubre de 2027 garantiza que Naciones Unidas continuará acompañando dos componentes centrales del acuerdo. Sin embargo, el nuevo mandato modifica el alcance de ese trabajo y deja en manos de las instituciones colombianas la responsabilidad directa de demostrar los avances de la reforma rural.
Así, la intervención de Mauricio Gaona y la aprobación de la Resolución 2833 de 2026 abren un nuevo capítulo en la relación del Gobierno con el Acuerdo de Paz de 2016. Mientras el embajador cuestiona su reconocimiento como referente internacional, la decisión del Consejo de Seguridad reduce el seguimiento directo de Naciones Unidas a uno de sus compromisos estructurales. El desafío será establecer si el Estado mantiene el ritmo de implementación y cómo se podrá evaluar, con información suficiente y transparente, el cumplimiento de las obligaciones que siguen vigentes.
