La Corte Suprema, la Fiscalía y la Procuraduría adelantan actuaciones para esclarecer si hubo irregularidades en la contratación estatal y un presunto intercambio de contratos por favores sexuales. Un exfuncionario del Ministerio del Interior confirmó dos contratos por cerca de $41 millones con Deicy Jiménez, mientras crecen las preguntas sobre la selección de contratistas y la ejecución de los recursos públicos.
La denuncia de Deicy Jiménez contra el expresidente Gustavo Petro abrió un nuevo frente de investigación judicial y disciplinaria en Colombia. La mujer aseguró públicamente que habría recibido contratos con entidades estatales a cambio de encuentros sexuales con el entonces mandatario, señalamientos que deben ser corroborados por las autoridades y que Petro ha rechazado.
El caso no se limita a establecer si existió una relación personal entre ambos. El punto central para los investigadores es determinar si se utilizó la influencia derivada de cargos públicos para facilitar contrataciones estatales y si estas habrían estado condicionadas a beneficios privados. La existencia de contratos, por sí sola, no demuestra que se haya cometido un delito
La Corte Suprema entra en escena
La Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia asumió el análisis de una parte de las denuncias relacionadas con la etapa en que Petro se desempeñaba como senador. El presidente de la corporación, explicó que la remisión corresponde a hechos que habrían ocurrido cuando el exmandatario ejercía como congresista.
Jiménez fue citada a rendir declaración ante la Corte el jueves 29 de octubre. La diligencia busca avanzar en el esclarecimiento de los señalamientos y en la verificación de los elementos que la denunciante asegura tener en su poder.
La actuación se relaciona también con la senadora María José Pizarro, cuyo equipo legislativo habría contratado a Jiménez. La mención de la congresista en las denuncias no constituye prueba de una conducta irregular y su eventual responsabilidad deberá establecerse a partir de hechos concretos y verificables.
La competencia de la Corte Suprema se explica por las funciones que la Constitución y la ley le asignan frente a congresistas y determinados hechos relacionados con el ejercicio de sus cargos. Por ello, las conductas atribuidas a Petro durante su etapa como senador deben distinguirse de aquellas que se sitúan durante su presidencia.
La Fiscalía General de la Nación también adelanta actuaciones para establecer la veracidad de las denuncias. El fiscal general encargado, Gilberto Guerrero, señaló la importancia de escuchar a Jiménez dentro de las indagaciones abiertas tras los señalamientos sobre posibles contratos otorgados a mujeres a cambio de favores sexuales.
Los contratos por $41 millones
Uno de los elementos que ha cobrado relevancia es la confirmación de dos contratos de prestación de servicios suscritos por Jiménez con el Ministerio del Interior. Tito Lorenzo Lovo Carretero, exdirector encargado de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno de esa cartera, confirmó que estuvo a cargo de su supervisión.
El primer contrato fue firmado el 29 de agosto de 2025 por aproximadamente $11 millones. Su objeto estaba relacionado con el apoyo a la gestión de la Subdirección de Proyectos para la Seguridad y Convivencia Ciudadana.
El segundo contrato se suscribió el 21 de enero de 2026, por un valor cercano a $30 millones, con vigencia hasta el 31 de diciembre de ese año. En conjunto, los dos acuerdos representan alrededor de $41 millones, aunque el valor contractual no equivale necesariamente al monto efectivamente pagado.
Los documentos conocidos contemplan labores de archivo, digitación, apoyo documental y asistencia a la gestión. El exfuncionario sostuvo que la vinculación respondía a necesidades operativas de la dependencia y a la insuficiencia de personal de planta para atender sus responsabilidades.
Lovo Carretero también afirmó que la contratación de personal de apoyo correspondía a decisiones de la alta dirección del ministerio. Sin embargo, dijo no tener conocimiento específico sobre quién recomendó a Jiménez para su vinculación, por lo que ese aspecto requiere establecerse mediante documentos y testimonios.
La contratación directa no es ilegal por sí misma: es una modalidad contemplada en el ordenamiento colombiano para determinados supuestos. Lo que debe verificarse es si se cumplieron los requisitos aplicables, si la necesidad del servicio estaba justificada, si la contratista ejecutó las actividades y si hubo alguna intervención indebida en su selección.
Diez contratos bajo revisión
La discusión se amplió después de que la concejal de Bogotá Sandra Forero anunciara denuncias ante la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Según su revisión de información pública, identificó diez contratos relacionados con Jiménez, suscritos con entidades estatales entre 2021 y 2026.
La concejal señaló que el valor acumulado de esos contratos asciende a cerca de $133 millones. La cifra corresponde al monto reportado para el conjunto de acuerdos identificados y no demuestra, por sí sola, que existiera un esquema ilegal ni que todos los contratos presentaran irregularidades.
Entre las entidades mencionadas en los reportes periodísticos aparecen el Congreso de la República, el Ministerio del Interior y la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. La revisión de los expedientes deberá precisar los objetos contractuales, los periodos, los responsables y los soportes de ejecución de cada vinculación.
La Procuraduría abrió una indagación previa para determinar si funcionarios de distintas entidades incurrieron en posibles irregularidades de contratación, extralimitación de funciones o conductas relacionadas con acoso y violencia de género. La actuación se inició de oficio a partir de las denuncias conocidas públicamente.
Como parte de las primeras diligencias, el organismo de control pidió información al Congreso, al Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), al Ministerio del Interior y a las superintendencias de Vigilancia y Seguridad Privada y de Salud. Las entidades debían informar si Jiménez había tenido contratos u otras vinculaciones desde 2019.
La Procuraduría también solicitó la entrevista completa en la que Jiménez expuso sus acusaciones, con el propósito de contar con información que permita delimitar los hechos y orientar las verificaciones. En esta etapa, la indagación busca identificar posibles responsables y establecer si existen méritos para avanzar a actuaciones posteriores.
¿Qué debe probar la investigación?
En el ámbito penal, una de las preguntas centrales es si algún servidor público solicitó o recibió beneficios indebidos a cambio de intervenir en decisiones estatales. Según los hechos que se logren acreditar, los investigadores podrían examinar delitos contra la administración pública, pero no es posible asignar una responsabilidad penal únicamente a partir de las declaraciones divulgadas.
También será necesario establecer si los contratos respondían a necesidades reales de las entidades y si las actividades previstas se cumplieron. Para ello pueden resultar relevantes los estudios previos, las hojas de vida, las certificaciones de experiencia, los informes de supervisión, los productos entregados y los registros de pago.
Otro frente consiste en reconstruir las comunicaciones y los vínculos entre las personas mencionadas. Los mensajes, testimonios y otros elementos deberán verificarse en su contexto, comprobarse cuando sea posible mediante fuentes independientes y someterse a los procedimientos legales correspondientes.
La denuncia también plantea interrogantes sobre posibles presiones o condicionamientos sexuales relacionados con el acceso al empleo público. Las autoridades deberán examinar si existieron esas conductas, quiénes habrían intervenido y si los hechos encajan en infracciones penales o disciplinarias específicas.
La Defensoría del Pueblo solicitó priorizar el esclarecimiento de los señalamientos ante las autoridades competentes. La petición incluyó actuaciones de la Corte Suprema, la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la Procuraduría.
Las versiones enfrentadas
Petro ha negado haber utilizado el poder público para obtener relaciones sexuales y ha calificado las acusaciones como parte de una operación política en su contra. Sus declaraciones forman parte de las versiones que deberán contrastarse con los elementos recopilados por las autoridades.
Por su parte, Jiménez sostiene que recibió contratos estatales en el contexto de su relación con el exmandatario y que otras mujeres podrían haber vivido situaciones similares. Las referencias a otras posibles afectadas amplían el alcance de las preguntas investigativas, pero no prueban automáticamente la existencia de una red ni la participación de terceros.
La senadora María José Pizarro también aparece mencionada en los reportes sobre el caso por una contratación relacionada con su equipo legislativo. Su participación, así como la de cualquier otro funcionario, debe evaluarse de manera individual, sin convertir una mención en una conclusión anticipada sobre su responsabilidad.
Un caso que apenas comienza a esclarecerse
El expediente reúne asuntos que pueden tener consecuencias distintas: la posible comisión de delitos, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, las responsabilidades disciplinarias de los funcionarios y el eventual impacto patrimonial sobre el Estado. Cada línea requiere pruebas y procedimientos propios.
La confirmación de contratos por cerca de $41 millones y la identificación de otros acuerdos constituyen puntos de partida verificables para examinar la contratación. Sin embargo, el vínculo entre esos documentos y los presuntos favores sexuales sigue siendo el aspecto que debe demostrarse, no una conclusión establecida por la existencia de los contratos.
Las diligencias previstas para el 29 de octubre y las solicitudes de información a las entidades públicas podrían aportar nuevos elementos para reconstruir cómo se produjeron las vinculaciones. El avance dependerá de la corroboración de los testimonios, la revisión de los expedientes y las decisiones de las autoridades competentes.
Por ahora, el caso Deicy Jiménez se encuentra en una etapa de esclarecimiento. La pregunta de fondo es si los recursos y las decisiones de contratación del Estado se utilizaron para fines particulares, o si los acuerdos cuestionados tuvieron justificaciones administrativas legítimas. La respuesta deberá surgir de las pruebas y de las decisiones judiciales y disciplinarias, con respeto por el debido proceso y la presunción de inocencia.
