La crisis migratoria que comenzó a agravarse en Ceuta a finales de julio se convirtió en uno de los mayores episodios de presión migratoria registrados en la frontera española. En pocos días, unas 72.000 personas llegaron al enclave desde Marruecos, según el balance más reciente difundido por el Gobierno español. La magnitud del movimiento desbordó la capacidad de acogida de una ciudad de unos 85.000 habitantes y obligó a desplegar refuerzos policiales y militares.
El episodio tuvo su punto máximo el 30 de julio, cuando miles de personas intentaron cruzar por tierra y por mar. Hubo personas que nadaron hacia territorio español, utilizaron flotadores o atravesaron los accesos fronterizos, mientras las fuerzas marroquíes trataban de contener los cruces con medios antidisturbios. España respondió con el despliegue de unos 200 policías y 60 militares para reforzar la seguridad en Ceuta.
La cifra de llegadas fue extraordinaria incluso para una frontera acostumbrada a episodios periódicos de presión migratoria. Hasta el 15 de julio, los datos oficiales españoles registraban 2.826 entradas irregulares por vía terrestre en Ceuta, un aumento del 149 % frente al mismo periodo de 2025. El salto producido durante los últimos días de julio multiplicó esa cifra en cuestión de horas y transformó una tendencia creciente en una emergencia de grandes proporciones.
La tragedia humanitaria acompañó al éxodo. El número de personas fallecidas ha aumentado conforme se recuperan e identifican cuerpos en aguas españolas y marroquíes. Organizaciones especializadas en migración situaban este 5 de agosto el balance en al menos 141 muertos, aunque advierten que la cifra podría aumentar debido a personas desaparecidas. De esos fallecidos, 78 habrían sido recuperados en aguas españolas y 63 en aguas marroquíes.
La información disponible no ofrece todavía un balance consolidado de todos los heridos del episodio. Las autoridades han reportado personas atendidas durante los cruces y las operaciones de rescate, pero el número de víctimas mortales y desaparecidos ha concentrado la mayor parte de los esfuerzos de identificación. En Marruecos, además, familias se han desplazado hacia la frontera en busca de personas cuyo paradero desconocen después de la entrada masiva.
La dimensión de la emergencia comenzó a reducirse después de las primeras horas. El Gobierno español sostiene que alrededor de 70.000 personas ya regresaron a Marruecos, por lo que el número de personas que permanecen en Ceuta es muy inferior al de quienes cruzaron inicialmente. Sin embargo, el problema no desapareció: la ciudad quedó con un sistema de acogida sobrepasado, especialmente por la presencia de menores no acompañados.
Precisamente los menores constituyen ahora el principal desafío para las autoridades. Cerca de 1.100 menores no acompañados permanecen en Ceuta, muchos de ellos en instalaciones improvisadas o fuera de los centros habituales porque la capacidad disponible resultó insuficiente. La ciudad autónoma reclama al Gobierno central una respuesta inmediata y el traslado de parte de estos menores a otras comunidades españolas.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha destinado 25 millones de euros para reforzar la atención de los menores y sostiene que debe aplicarse el mecanismo de redistribución territorial previsto en la legislación española. El objetivo es trasladar a los menores desde los territorios que no tienen capacidad suficiente hacia otras comunidades, donde puedan recibir protección adecuada.
La crisis está directamente relacionada con una reforma migratoria aprobada en 2025. El Real Decreto-ley 2/2025 modificó el artículo 35 de la Ley de Extranjería para establecer un mecanismo extraordinario de redistribución de menores no acompañados cuando determinados territorios se encuentran en situación de contingencia migratoria. El Gobierno desarrolló posteriormente el sistema de capacidades y criterios de reparto entre comunidades.
La normativa establece que los menores que lleguen a territorios declarados en situación de contingencia migratoria extraordinaria deben ser reubicados en otros territorios en un plazo máximo de 15 días naturales desde su inscripción en el Registro de Menores Extranjeros No Acompañados. El mecanismo ya había provocado tensiones políticas antes de la crisis de julio, especialmente por la resistencia de Vox y de algunas administraciones autonómicas a recibir nuevos menores.
La situación jurídica se complicó además por una reciente decisión del Tribunal Supremo. El alto tribunal estableció en julio que el llamado rechazo en frontera o “devolución en caliente” no puede aplicarse a personas interceptadas en el mar cuando intentan llegar a nado a Ceuta o Melilla. En esos casos debe utilizarse el procedimiento ordinario de devolución, con las garantías legales correspondientes. La sentencia distingue esos casos de quienes intentan superar elementos físicos de contención, como las vallas fronterizas.
Ese fallo adquirió una importancia extraordinaria durante la crisis porque una parte importante de las entradas se produjo precisamente por el mar. La decisión judicial no significa que cualquier persona que llegue a nado pueda permanecer indefinidamente en España, pero sí impide que sea devuelta de manera inmediata y automática sin el procedimiento previsto por la legislación. Esto ha añadido presión sobre un sistema de acogida que ya estaba cerca de sus límites.
Del lado marroquí, el Gobierno sostiene que había advertido previamente a España sobre un posible deterioro de la situación migratoria. Madrid, por su parte, ha negado haber recibido una alerta que permitiera prever una movilización de semejante magnitud. La cuestión es ahora objeto de escrutinio porque determinar qué información tenía cada país antes de los cruces podría ser determinante para establecer si hubo fallos de previsión o una relajación deliberada de los controles marroquíes.
En Ceuta, la reacción de la población y de las instituciones locales fue de alarma. Los grupos políticos representados en la Asamblea —incluidos PP, PSOE, Vox y formaciones localistas— reclamaron medidas extraordinarias, entre ellas el cierre de la frontera, el refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y el despliegue del Ejército para garantizar el control fronterizo y la seguridad. Durante las horas de mayor tensión algunos comercios cerraron ante la preocupación por la situación en las calles.
Con la mayor parte de los adultos de regreso en Marruecos, la crisis entra ahora en una segunda fase: la atención a los menores, la identificación de fallecidos y desaparecidos, la investigación sobre las circunstancias que permitieron el cruce masivo y la disputa política sobre cómo aplicar la legislación migratoria. Para Ceuta, el episodio dejó una conclusión difícil de ignorar: una ciudad fronteriza con una capacidad limitada de acogida puede quedar desbordada en cuestión de horas si convergen una movilización masiva, una ruta marítima difícil de controlar y un marco jurídico que obliga a garantizar procedimientos individuales antes de determinadas devoluciones.
