El retiro espiritual convocado por el presidente electo Abelardo de la Espriella con su futuro gabinete, pocos días antes de asumir la Presidencia, trascendió el ámbito privado y se convirtió en una controversia política sobre el papel de la religión en el ejercicio del poder público. El encuentro, realizado en el Atlántico, incluyó momentos de oración y reflexión y la entrega de Biblias a los integrantes del equipo de gobierno.
La discusión se intensificó después de que se conocieran imágenes del encuentro y declaraciones de De la Espriella en las que planteó la necesidad de poner a Dios en el centro de las decisiones de su administración. Para sus simpatizantes, se trata de la expresión legítima de las convicciones personales de un presidente que no ha ocultado su fe. Para sus críticos, la utilización de símbolos religiosos junto al futuro gabinete plantea interrogantes diferentes cuando quien habla lo hace desde la posición de jefe de Estado.
La controversia, por tanto, no gira únicamente alrededor de si un presidente puede ser creyente. La respuesta a esa pregunta es inequívocamente afirmativa: la Constitución protege la libertad de conciencia y de religión. El problema aparece cuando las convicciones particulares de quienes gobiernan pueden confundirse con los principios que deben orientar las decisiones de un Estado que pertenece por igual a creyentes de distintas confesiones, agnósticos y ateos.
La Constitución de 1991 estableció un cambio sustancial frente al modelo de la Carta de 1886. Colombia pasó a reconocerse como un Estado laico, con libertad religiosa y sin una religión oficial. La Corte Constitucional ha reiterado que esa condición implica no solamente proteger la libertad de culto, sino también exigir neutralidad a las autoridades públicas frente a las distintas creencias.
La jurisprudencia constitucional ha sido particularmente clara sobre los límites. La Corte ha señalado que el Estado no puede establecer una religión oficial, identificarse formalmente con una confesión, realizar actos oficiales de adhesión a una determinada creencia ni adoptar decisiones cuya finalidad sea favorecer una religión sobre las demás.
Esto no significa que los funcionarios públicos deban esconder sus creencias. Un ministro puede ser católico, protestante, musulmán, judío, pertenecer a otra religión o no profesar ninguna. También puede hablar públicamente de su fe. La frontera constitucional aparece cuando esa convicción deja de ser una expresión personal y comienza a convertirse en criterio de actuación institucional o en una fuente de privilegios para una determinada confesión.
Ese matiz resulta central para analizar el retiro del gabinete. La realización de una jornada espiritual, por sí sola, no demuestra que se haya vulnerado la laicidad del Estado. Tampoco la entrega de Biblias permite concluir automáticamente que el futuro Gobierno pretenda convertir a Colombia en un Estado confesional. De hecho, la vocera designada del nuevo Gobierno, Carolina Gómez, respondió precisamente a las críticas afirmando que “nadie está reemplazando la Constitución por la Biblia”.
Sin embargo, el contenido político del mensaje sí merece atención. Si el presidente afirma que Dios debe estar en el centro de “cada decisión”, la pregunta relevante para la democracia no es qué cree personalmente el mandatario, sino cómo se traducirá esa afirmación en el ejercicio concreto del poder. Una administración pública no puede justificar una política únicamente porque corresponda a los principios religiosos de quienes la dirigen.
El riesgo de no mantener esa separación es que asuntos que deben resolverse mediante la Constitución, las leyes, la evidencia y el debate democrático terminen siendo evaluados desde una determinada concepción religiosa. Esto podría ocurrir en ámbitos especialmente sensibles como educación, salud, derechos sexuales y reproductivos, políticas de género, libertad de conciencia, cultura o derechos de las minorías.
La Corte Constitucional ha advertido precisamente que la laicidad permite la coexistencia de ciudadanos con distintas creencias y visiones del mundo. Su jurisprudencia plantea que las autoridades deben garantizar el pluralismo y evitar tanto la preferencia por una confesión como la animadversión contra otra. En otras palabras, la neutralidad religiosa no busca expulsar la religión de la sociedad, sino impedir que el Estado se apropie de una determinada creencia.
Las críticas también provinieron del presidente saliente, Gustavo Petro, quien cuestionó duramente las imágenes del retiro y la dimensión religiosa asumida por el nuevo Gobierno. En un mensaje publicado este 5 de agosto, Petro atacó la orientación espiritual del encuentro y cuestionó las convicciones religiosas expresadas por De la Espriella y su equipo.
La crítica de Petro, sin embargo, introduce una paradoja política. El debate sobre la separación entre fe y Estado no debería convertirse en una disputa sobre cuál presidente tiene la interpretación religiosa correcta. La defensa del Estado laico no consiste en sustituir una confesión por otra ni en enfrentar la religión con el poder público, sino en establecer que ninguna creencia particular puede tener una posición privilegiada en la toma de decisiones estatales.
También existe una dimensión política en la forma como De la Espriella escogió presentar a su gabinete. El retiro funcionó como una actividad de cohesión interna y, al mismo tiempo, como una señal sobre los valores que pretende proyectar el nuevo Gobierno. La imagen de ministros reunidos en oración, con Biblias y referencias explícitas a Dios, ofrece una primera representación de la identidad cultural y moral de la administración que comenzará el 7 de agosto.
Por eso, la controversia probablemente no terminará con el retiro. Lo que tendrá que observarse durante el Gobierno es si la religiosidad permanece en el terreno de las convicciones personales y de la identidad política de sus integrantes o si empieza a influir de manera discriminatoria en las políticas públicas. La diferencia es fundamental: un presidente puede gobernar inspirado por sus valores, pero está obligado a gobernar dentro de la Constitución.
El desafío será todavía mayor en un país donde la religión conserva una enorme influencia social y cultural. La libertad religiosa protege a quienes creen, pero también protege a quienes no creen y a quienes profesan una fe diferente. De ahí que la separación entre Iglesia y Estado no deba entenderse como una hostilidad hacia la religión, sino como una garantía para todos.
El retiro espiritual de De la Espriella, entonces, puede ser leído de dos maneras. Para unos, es la expresión legítima de la fe de un presidente y de su equipo antes de asumir una responsabilidad histórica; para otros, es una señal preocupante de una posible confusión entre convicciones religiosas y decisiones estatales. Ninguna de las dos lecturas, por sí sola, determina una vulneración constitucional.
La prueba definitiva estará en las decisiones que adopte el nuevo Gobierno. Si la fe de sus integrantes permanece en el ámbito de sus convicciones personales y convive con el respeto al pluralismo, la libertad de conciencia y la igualdad entre confesiones, el retiro será principalmente un acto simbólico. Si, en cambio, una determinada doctrina religiosa comienza a utilizarse para justificar privilegios, restricciones de derechos o políticas públicas que desconozcan a quienes no comparten esas creencias, el debate dejará de ser simbólico y pasará a tener una dimensión constitucional. Esa es, finalmente, la línea que separa un Gobierno integrado por personas creyentes de un Estado que gobierna en nombre de una religión.
