La reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto del 10 de agosto en el departamento del Chocó comenzó a avanzar con recursos de la administración departamental, mientras las autoridades regionales esperan que el Gobierno nacional concrete el acompañamiento financiero del Fondo Milagro. La situación contrasta con la respuesta institucional que se puso en marcha después del terremoto del Eje Cafetero de 1999, cuando el Gobierno creó un fondo especial y adicionó el Presupuesto General de la Nación apenas cinco días después de la tragedia.
La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, confirmó el 4 de noviembre que su administración puso en marcha un programa piloto de mejoramiento de viviendas en Quibdó, financiado con recursos propios. La iniciativa busca atender algunos de los hogares que sufrieron daños durante el movimiento sísmico y que todavía pueden recuperarse sin necesidad de demoler sus estructuras.
El programa, denominado ‘Chocó Se Reconstruye Mejor’, contempla intervenciones en cubiertas, pisos, baños y cocinas. La Gobernación aporta materiales y mano de obra para recuperar las condiciones de habitabilidad de los inmuebles, con el propósito de que las familias no solamente regresen a sus viviendas, sino que puedan contar con espacios en mejores condiciones que antes del terremoto.
La decisión de comenzar con presupuesto del departamento del Chocó responde a la magnitud de los daños y a la necesidad de avanzar mientras se concreta la participación del mecanismo nacional. Córdoba explicó que los proyectos del departamento ya fueron presentados formalmente al Fondo Milagro, pero hasta sus declaraciones del 4 de noviembre todavía no se habían recibido recursos de ese patrimonio autónomo para financiar las iniciativas.
“Todavía no hemos recibido recursos, pero sí tenemos una articulación que ya se ha desplegado”, manifestó la gobernadora, quien aseguró que mantiene comunicación frecuente con el gerente del Fondo Milagro, Jaime Uribe. Según explicó, se han realizado reuniones para revisar las propuestas y establecer las intervenciones que podrían recibir acompañamiento nacional.
La mandataria señaló que la intención es que el Fondo pueda respaldar el programa piloto y permitir que se extienda a un mayor número de familias y municipios. La administración departamental considera que su capacidad presupuestal no es suficiente para responder por sí sola a las necesidades de recuperación de todo el territorio afectado.
De acuerdo con las cifras presentadas por Córdoba, cerca de 38.000 viviendas necesitan algún tipo de intervención en el departamento. Aproximadamente 30.000 requieren reparaciones, mientras que otras 7.800 necesitan reconstrucción total. La dimensión de los daños representa un desafío para las finanzas territoriales y para la capacidad institucional de atender a los hogares damnificados.
La gobernadora también explicó que la emergencia no se limita a la recuperación de las estructuras físicas. Muchas de las familias afectadas perdieron el único patrimonio que habían conseguido construir durante décadas de trabajo. Por esa razón, sostuvo que la reconstrucción debe permitir recuperar las condiciones de vida y la seguridad económica de los hogares.
Además del programa de mejoramiento, la Gobernación trabaja en la identificación de soluciones habitacionales nuevas. Córdoba informó que existen entre 700 y 800 viviendas comprometidas mediante aportes públicos y privados. De ese grupo, alrededor de 600 corresponden a modalidades de construcción rápida y cerca de 100 a sistemas tradicionales.
Las intervenciones también incluyen demoliciones controladas en Quibdó y Unión Panamericana. La administración departamental ha destinado recursos para adelantar estos trabajos con acompañamiento del Ejército Nacional, debido a que algunas edificaciones presentan condiciones que impiden su demolición mediante procedimientos convencionales.
Córdoba advirtió que existen dificultades jurídicas y administrativas que pueden retrasar la construcción de nuevas viviendas. Entre ellas mencionó problemas de propiedad de los terrenos, deficiencias en la gestión predial, instrumentos de ordenamiento territorial desactualizados y lotes que todavía no cuentan con servicios públicos básicos, como agua y alcantarillado.
La espera del Chocó ocurre mientras el Gobierno nacional defiende la puesta en marcha del Fondo Milagro como el mecanismo encargado de financiar la recuperación de las regiones afectadas por el terremoto. El patrimonio autónomo fue creado mediante el Decreto 1379 del 9 de septiembre de 2026, dentro del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado el 19 de agosto.
La Presidencia informó que el Fondo quedó formalmente constituido a comienzos de octubre y comenzó a operar el 7 de ese mes. El presidente Abelardo De La Espriella destacó que su conformación tomó aproximadamente seis semanas y señaló que la primera partida recibida ascendió a 624.656 millones de pesos, provenientes de un crédito con el Banco Mundial.
En el balance presentado el 22 de octubre, el mandatario también anunció que durante noviembre ingresarían otros 826.000 millones de pesos provenientes del Ministerio de Vivienda, destinados a programas de mejoramiento y construcción de viviendas urbanas y rurales. Sin embargo, esas cifras corresponden a recursos del mecanismo para atender las distintas regiones afectadas y no representan, por sí mismas, desembolsos asignados a la Gobernación del Chocó.
La diferencia entre los recursos anunciados y su llegada efectiva a los territorios constituye uno de los asuntos centrales de la reconstrucción. La presentación de proyectos, la disponibilidad presupuestal del Fondo y la aprobación de intervenciones son etapas distintas de un proceso que debe traducirse en obras y soluciones habitacionales para las comunidades.
El antecedente del terremoto del Eje Cafetero, ocurrido el 25 de enero de 1999, permite establecer un punto de comparación sobre la velocidad de la respuesta presupuestal del Estado. En aquella ocasión, el movimiento sísmico afectó principalmente a Quindío, Risaralda, Caldas y otros municipios de la región, con graves consecuencias humanas, económicas y de infraestructura.
Cuatro días después del desastre, el 29 de enero de 1999, el Gobierno de Andrés Pastrana declaró el estado de emergencia económica, social y ecológica mediante el Decreto 195. La decisión permitió expedir medidas extraordinarias para atender la calamidad y establecer instrumentos financieros destinados a la recuperación de los territorios afectados.
Al día siguiente, el 30 de enero, el Ejecutivo expidió el Decreto 197, mediante el cual creó el Fondo para la Reconstrucción y Desarrollo Social del Eje Cafetero (FOREC). La entidad quedó encargada de financiar y coordinar las actividades necesarias para la reconstrucción económica, social y ecológica de la región.
Ese mismo 30 de enero, mediante el Decreto 198, el Gobierno adicionó el Presupuesto General de la Nación de 1999 en 542.300 millones de pesos. De ese monto, 541.300 millones fueron destinados a inversión y 1.000 millones al funcionamiento del Fondo. La apropiación presupuestal quedó establecida apenas cinco días después del terremoto.
La medida tuvo una particularidad: no se limitó a anunciar la creación de una entidad o a plantear una hoja de ruta. El Gobierno incorporó recursos al presupuesto nacional y los asignó al fondo recién creado para que pudiera desarrollar sus funciones. La Corte Constitucional, al revisar las disposiciones, reconoció que la adición presupuestal respondía a la necesidad de conseguir recursos de manera urgente para enfrentar la crisis.
La disponibilidad presupuestal, sin embargo, no significó que toda la reconstrucción estuviera financiada y ejecutada de inmediato. El FOREC tuvo que organizar sus procedimientos, establecer convenios, contratar gerencias zonales y desarrollar los proyectos de recuperación. La ejecución de los recursos fue gradual y se extendió durante los años siguientes.
Un reporte publicado el 15 de junio de 1999 mostraba que el Fondo había recibido 46.154 millones de pesos, de los cuales 38.753 millones correspondían a aportes del Gobierno nacional y 7.041 millones a donaciones. Para esa fecha registraba gastos por 22.913 millones de pesos y un saldo disponible de 23.240 millones. Es decir, cuatro meses y medio después del terremoto ya existían recursos recibidos y gastos ejecutados por el mecanismo de reconstrucción.
La comparación con el Chocó permite identificar diferencias en los tiempos institucionales. Mientras el FOREC fue creado y recibió una apropiación presupuestal nacional cinco días después del desastre de 1999, el Fondo Milagro fue creado el 9 de septiembre de 2026, treinta días después del terremoto del 10 de agosto, y comenzó a operar el 7 de octubre. Para el 4 de noviembre, cuando la gobernadora presentó el avance del programa departamental, habían transcurrido cerca de tres meses desde el sismo y todavía no se había concretado financiación del Fondo para los proyectos que había presentado la Gobernación.
Los dos mecanismos no son idénticos y las condiciones económicas, jurídicas y administrativas de las emergencias tampoco son las mismas. El FOREC fue creado mediante facultades extraordinarias durante un estado de excepción y recibió una adición presupuestal específica, mientras que el Fondo Milagro funciona como un patrimonio autónomo con diferentes fuentes de financiación y un esquema de articulación entre entidades nacionales y territoriales.
La discusión, por tanto, no consiste únicamente en establecer cuánto dinero ha anunciado el Gobierno nacional, sino en determinar cuándo esos recursos se convierten en intervenciones concretas para las familias damnificadas. En el Chocó, la Gobernación ya comenzó a utilizar su presupuesto para reparar viviendas, pero la magnitud de los daños supera la capacidad financiera del departamento. La pregunta que permanece abierta es cuándo el Fondo Milagro podrá traducir los recursos anunciados en financiación efectiva para los proyectos regionales y acelerar una reconstrucción que, para miles de hogares, todavía está pendiente.
