La Fiscalía General de la Nación realizó una inspección judicial en la sede del Polo Democrático Alternativo en Bogotá, actualmente utilizada por el Pacto Histórico, como parte de una investigación sobre posibles irregularidades en la financiación de la consulta presidencial de 2025.
La diligencia fue realizada el martes 15 de septiembre por funcionarios de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol de la Policía, Dijín, por orden de una Fiscalía de la Dirección Especializada contra la Corrupción. El procedimiento contó previamente con autorización de un juez de control de garantías.
De acuerdo con la información entregada por la Fiscalía, el objetivo fue recopilar documentos, cuentas, soportes y otros elementos financieros y contables relacionados con la consulta interna en la que participaron Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía.
La entidad busca establecer si la información reportada ante las autoridades electorales sobre los aportantes de la consulta corresponde efectivamente a las personas o entidades que financiaron las actividades políticas.
El punto resulta relevante porque una eventual diferencia entre los aportantes registrados y quienes realmente entregaron recursos podría tener consecuencias jurídicas y electorales, dependiendo de lo que encuentren los investigadores y de la naturaleza de las inconsistencias.
Sin embargo, la inspección no constituye por sí misma una declaración de responsabilidad penal ni significa que la Fiscalía haya establecido que existió financiación irregular. Se trata de una diligencia destinada precisamente a obtener elementos que permitan comprobar o descartar las hipótesis investigativas.
La investigación está relacionada con la consulta realizada en octubre de 2025 para definir al candidato presidencial del Pacto Histórico. En ella participaron Cepeda y Corcho, y el actual senador obtuvo la mayor votación.
La consulta tuvo una particularidad jurídica y política: el proceso terminó desarrollándose bajo el aval del Polo Democrático, mientras avanzaba el proceso de consolidación del Pacto Histórico como partido político.
La revisión de la financiación adquiere importancia adicional porque los recursos utilizados durante una consulta política deben quedar sometidos a reglas de reporte, identificación de aportantes y control electoral.
La Fiscalía pretende verificar, entre otros aspectos, si los soportes contables existentes permiten reconstruir el origen y destino de los recursos utilizados durante ese proceso.
La actuación judicial se produce además en un momento en el que existen otras actuaciones institucionales relacionadas con la financiación de la consulta y con la candidatura de Iván Cepeda.
Según reportes de prensa, la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia también abrió una indagación previa relacionada con posibles irregularidades en la financiación de la consulta.
La existencia de actuaciones de distintas autoridades no significa que sus investigaciones sean idénticas. La Fiscalía y la Corte tienen competencias y procedimientos diferentes, por lo que será necesario establecer qué hechos concretos examina cada una.
Uno de los asuntos que ha generado preguntas alrededor de la financiación es la correspondencia entre los recursos reportados y los verdaderos aportantes. Esa es precisamente una de las cuestiones que la Fiscalía pretende contrastar mediante la documentación recopilada.
La diligencia, por tanto, no se limita a revisar cuánto dinero fue utilizado. También busca determinar quiénes aparecen detrás de los recursos y bajo qué modalidad fueron entregados.
En investigaciones de financiación electoral, esa diferencia puede ser determinante. No es lo mismo una donación identificada y correctamente reportada que un recurso entregado bajo una modalidad distinta o cuya procedencia no coincida con la información presentada ante las autoridades.
Por ahora, no se conoce públicamente el resultado de la inspección ni cuáles documentos concretos fueron encontrados, copiados o incorporados a la investigación.
Tampoco se ha informado que la Fiscalía haya formulado una acusación penal contra Iván Cepeda o Diana Carolina Corcho como consecuencia de esta diligencia.
La actuación tampoco debe confundirse con una decisión electoral definitiva sobre la validez de la consulta. La investigación penal y los controles administrativos o electorales tienen procedimientos y consecuencias diferentes.
El contexto político hace que la diligencia tenga una dimensión adicional. El Pacto Histórico se encuentra en el campo opositor frente al Gobierno de Abelardo de la Espriella y su candidato presidencial surgió precisamente de la consulta cuya financiación ahora está siendo examinada.
Esa circunstancia puede convertir una actuación judicial sobre cuentas electorales en un nuevo foco de confrontación política. Sin embargo, la existencia de una disputa política no modifica el objeto formal de la investigación: establecer qué ocurrió con los recursos de la consulta.
También resulta relevante distinguir entre una inspección judicial y un allanamiento utilizado para buscar elementos relacionados con un delito determinado. La Fiscalía ha descrito públicamente la actuación como una diligencia de inspección judicial autorizada por un juez de control de garantías.
El control judicial previo constituye un elemento importante del procedimiento, pues significa que la diligencia no fue presentada como una actuación administrativa rutinaria ni como una revisión voluntaria de los archivos del partido.
El siguiente paso será determinar qué información obtuvo la Fiscalía y si esa información confirma las inconsistencias que originaron la indagación.
Si los documentos coinciden con los reportes oficiales, la investigación podría perder fuerza en ese frente. Si, por el contrario, aparecen diferencias relevantes, el proceso podría avanzar hacia nuevas diligencias y eventuales decisiones de los investigadores.
Por el momento se desconoce que la inspección haya producido una conclusión definitiva sobre la existencia de financiación irregular. Lo que existe es una investigación judicial en curso y una diligencia destinada a obtener evidencia sobre las cuentas y los aportantes de una consulta que terminó definiendo la candidatura presidencial del Pacto Histórico.
El caso deja así una pregunta central para las autoridades: no solamente cuánto dinero se utilizó en aquella competencia política, sino si la trazabilidad de esos recursos coincide con la información que fue presentada oficialmente. La respuesta dependerá de los documentos recopilados y de las decisiones que adopten las autoridades competentes.
