La decisión de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) de retirar tres exigencias ambientales al proyecto de perforación exploratoria Komodo-X1, en el Caribe colombiano, abrió un nuevo interrogante sobre los criterios técnicos que sustentaron el cambio. La pregunta no es solamente por qué se eliminaron esos requisitos, sino qué información permitió concluir que ya no eran necesarios para garantizar la prevención y el seguimiento de los posibles impactos de la operación.
Mediante la Resolución 002921 del 29 de octubre de 2026, la entidad excluyó del seguimiento de la licencia ambiental tres obligaciones que habían sido incorporadas en marzo de 2025: la aprobación previa de los Planes de Manejo Ambiental Específicos (PMAE), la solicitud de conceptos adicionales a otras instituciones para los planes de contingencia y la conformación de un grupo especializado de expertos para acompañar la vigilancia del proyecto.
La decisión se tomó después de una nueva solicitud de Anadarko Colombia Company, operadora del proyecto, que cuenta con una participación del 60 %, mientras que Ecopetrol tiene el 40 % restante. La compañía había cuestionado las condiciones adicionales impuestas por la autoridad ambiental y pidió revisar su pertinencia para continuar con las actividades exploratorias en el bloque COL-1.
El principal soporte institucional para modificar las obligaciones fue el análisis del Consejo Técnico Consultivo (CTC), que sesionó el 22 de octubre de 2026. En esa reunión participaron representantes de entidades y organismos relacionados con la gestión ambiental, entre ellos los ministerios de Ambiente y Minas, el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) y el Instituto de Investigaciones Marinas y Costeras (Invemar).
Posteriormente, el Ministerio de Ambiente remitió sus consideraciones técnicas a la ANLA mediante una comunicación del 27 de octubre. Con esos elementos, la autoridad consideró que las tres disposiciones podían retirarse sin que ello significara eliminar las obligaciones principales de prevención, mitigación, corrección y compensación establecidas en la licencia ambiental.
Sin embargo, la justificación tiene un elemento que merece especial atención: los argumentos conocidos se concentran en la interpretación de las normas ambientales, la suficiencia de la evaluación realizada durante el licenciamiento y la reorganización de los procedimientos de seguimiento. No se ha identificado en la información pública consultada una nueva investigación independiente que demuestre una reducción de los riesgos ambientales asociados con la perforación.
La evaluación inicial, argumento para retirar la aprobación previa
Uno de los cambios más importantes está relacionado con los Planes de Manejo Ambiental Específicos. Estos documentos contienen las medidas que debe aplicar la empresa para prevenir, mitigar y controlar los impactos de las actividades que se desarrollan en cada pozo.
La condición anterior exigía que Anadarko presentara esos planes y obtuviera un pronunciamiento previo y favorable de la ANLA antes de comenzar las actividades correspondientes. Con la modificación, la compañía seguirá obligada a entregar los documentos, pero ya no tendrá que esperar esa aprobación para avanzar. La autoridad verificará posteriormente su contenido y cumplimiento durante el seguimiento ambiental.
El argumento del Ministerio de Ambiente fue que la viabilidad ambiental general del proyecto ya había sido evaluada durante el trámite de licenciamiento. En esa etapa, la autoridad revisó los impactos previstos y estableció las medidas de manejo que debían aplicarse para desarrollar las actividades autorizadas.
Desde esa perspectiva, la revisión particular de los planes de cada pozo no requeriría un procedimiento adicional de aprobación previa. El Ministerio consideró que la normativa vigente permite que esos documentos sean presentados antes de comenzar las actividades y que su suficiencia e idoneidad sean verificadas mediante el seguimiento ambiental.
En ese razonamiento también aparece el Decreto 1076 de 2015, que compila la reglamentación del sector ambiental. Según la interpretación expuesta por el Ministerio, el artículo 2.2.2.3.1.4 no establece que los Planes de Manejo Ambiental Específicos deban someterse a un pronunciamiento previo y favorable de la autoridad ambiental.
El mecanismo de revisión posterior se apoyaría en los Informes de Cumplimiento Ambiental (ICA), documentos mediante los cuales la empresa reporta el desarrollo de sus obligaciones y la autoridad verifica las medidas implementadas. La ANLA podrá examinar si la información corresponde a las condiciones particulares de cada sitio y si las acciones previstas resultan adecuadas.
No obstante, el cambio plantea una diferencia importante entre evaluar una medida antes de ejecutar una actividad y comprobar su aplicación cuando esta ya está en marcha. Aunque la ANLA conserva sus facultades de seguimiento, la eliminación de la aprobación previa modifica el momento en que puede intervenir para exigir ajustes a los planes específicos.
La discusión técnica, por tanto, no se limita a determinar si la legislación exige o no un concepto favorable previo. También involucra establecer si los mecanismos de seguimiento posterior ofrecen suficiente capacidad de reacción frente a condiciones particulares que puedan aparecer durante la perforación.
Los planes de contingencia y la eliminación de conceptos interinstitucionales
La segunda modificación está relacionada con los planes de contingencia, instrumentos que establecen los procedimientos para responder ante emergencias durante las operaciones. Entre los escenarios que deben contemplarse están los derrames de hidrocarburos y los eventos de pérdida de control de un pozo, situaciones que pueden representar riesgos para los ecosistemas marinos y las actividades humanas en las zonas de influencia.
Antes de la resolución, la ANLA debía solicitar conceptos adicionales a instituciones como la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), la Dirección General Marítima (Dimar) y la Armada Nacional para el seguimiento de esos instrumentos.
La nueva disposición elimina esa consulta como requisito adicional obligatorio. El argumento es que las responsabilidades de las entidades y las obligaciones de los operadores frente a la prevención y atención de emergencias ya están contempladas en la regulación vigente. Por esa razón, el Consejo Técnico Consultivo consideró que no era necesario mantener un procedimiento adicional para cada revisión.
En este punto, la justificación se concentra en evitar la duplicación de procedimientos institucionales, pero deja abierta una pregunta sobre la coordinación operativa. La existencia de normas que asignan responsabilidades a diferentes organismos no necesariamente significa que todos los riesgos de una operación costa afuera puedan evaluarse sin la participación específica de esas entidades.
La Dimar, por ejemplo, tiene competencias relacionadas con la seguridad marítima y la protección del medio marino; la Armada Nacional cumple funciones de vigilancia y seguridad en los espacios marítimos; mientras que la UNGRD tiene responsabilidades dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La eliminación de la consulta obligatoria no suprime esas competencias, pero sí cambia la forma en que podían incorporarse al seguimiento ambiental del proyecto.
Por eso, para determinar si la modificación está suficientemente respaldada, resulta necesario conocer qué evaluación se hizo sobre la capacidad de respuesta ante una emergencia, los tiempos de coordinación entre instituciones y los procedimientos para activar los recursos disponibles en caso de un incidente.
El grupo de expertos: ¿por qué se consideró innecesario?
La tercera exigencia retirada fue la conformación de un grupo especializado de expertos encargado de acompañar el seguimiento ambiental de Komodo-X1. La instancia tenía como propósito formular recomendaciones sobre los componentes bióticos, abióticos y socioeconómicos, además de examinar aspectos relacionados con las medidas de manejo y las posibles contingencias.
Su eliminación se justificó en la posibilidad de utilizar el Consejo Técnico Consultivo, un organismo que ya existe y que puede reunir conocimientos de diferentes entidades para analizar asuntos ambientales. De acuerdo con la decisión, no sería indispensable crear un equipo adicional para desarrollar funciones de asesoría y acompañamiento técnico.
El interrogante está en si la capacidad de asesoría del Consejo Técnico Consultivo equivale a la presencia permanente de un grupo dedicado a las particularidades ambientales del proyecto. Son dos mecanismos que pueden compartir objetivos, pero no necesariamente tienen la misma continuidad, disponibilidad de especialistas o capacidad de seguimiento en campo.
La información pública sobre la decisión permite identificar que el Consejo sesionó y que sus recomendaciones fueron acogidas por la ANLA. Sin embargo, para establecer el alcance real de la evaluación sería necesario revisar el acta completa, los documentos técnicos presentados por las entidades participantes y las conclusiones específicas sobre cada uno de los tres requisitos retirados.
Una controversia que viene desde la aprobación de la licencia
La discusión sobre los mecanismos adicionales de vigilancia no comenzó con la resolución de octubre de 2026. La ANLA otorgó la licencia ambiental a Anadarko Colombia Company mediante la Resolución 2821 del 18 de diciembre de 2024, para desarrollar el proyecto de perforación exploratoria de hidrocarburos costa afuera en el bloque COL-1.
Durante el proceso de licenciamiento hubo cuestionamientos sobre la complejidad ambiental del proyecto. La Procuraduría General de la Nación intervino como tercero y solicitó información a la ANLA sobre los fundamentos técnicos de la evaluación, las actas de reuniones y los pronunciamientos de las instituciones consultadas.
El 11 de diciembre de 2024, el Ministerio Público informó que había solicitado explicaciones sobre la falta de convocatoria del Consejo Técnico Consultivo, cuya participación se consideraba relevante para examinar la información científica y técnica relacionada con el proyecto.
Posteriormente, mediante la Resolución 406 del 7 de marzo de 2025, la ANLA incorporó o ajustó las condiciones que exigían la aprobación previa de los planes específicos, los conceptos interinstitucionales para el seguimiento de contingencias y la conformación del grupo especializado de expertos.
En julio de 2025, Anadarko solicitó la revocatoria directa de esas disposiciones, pero la ANLA negó la petición en septiembre de ese año. La compañía volvió a plantear la revisión de las condiciones el 8 de octubre de 2026. Esta vez, la autoridad acudió al Consejo Técnico Consultivo y al Ministerio de Ambiente para evaluar su pertinencia.
El antecedente resulta importante porque las obligaciones que ahora se eliminan habían sido incorporadas después de la evaluación inicial de la licencia. En consecuencia, para entender el cambio de criterio es necesario conocer qué riesgos específicos motivaron su establecimiento en 2025 y qué elementos posteriores llevaron a considerar que podían retirarse.
¿Qué falta por demostrar?
La principal limitación de la justificación conocida es que no permite establecer, por sí sola, si los riesgos ambientales del proyecto disminuyeron o si los controles adicionales dejaron de ser necesarios desde el punto de vista operativo. Lo que se conoce es una argumentación sobre la suficiencia de la evaluación inicial, la interpretación de las normas y la posibilidad de utilizar mecanismos institucionales existentes.
Esto no significa que la decisión carezca de sustento técnico. Significa que es necesario distinguir entre demostrar que un requisito no es obligatorio según la regulación y demostrar que su eliminación no reduce la capacidad de prevenir, identificar y atender impactos ambientales.
En ese sentido, hay cuatro documentos que permitirían examinar con mayor profundidad la decisión: el concepto técnico del Ministerio de Ambiente del 27 de octubre de 2026, el acta completa del Consejo Técnico Consultivo del 22 de octubre, la solicitud presentada por Anadarko el 8 de octubre y la Resolución 002921 con todos sus antecedentes y consideraciones.
También sería importante conocer si el Invemar y el Ideam presentaron observaciones particulares sobre los riesgos de la perforación, las condiciones oceanográficas, la biodiversidad marina y los mecanismos de respuesta ante emergencias. La participación de estas instituciones en una sesión no permite concluir, por sí misma, que hayan avalado individualmente la eliminación de cada obligación.
La ANLA conserva sus facultades de inspección, seguimiento, imposición de medidas preventivas y sanción ante eventuales incumplimientos. La empresa también mantiene la responsabilidad de prevenir, mitigar, corregir y compensar los impactos de sus actividades. Sin embargo, esas competencias no responden automáticamente a la pregunta sobre la suficiencia de los controles que fueron retirados.
El punto central de la controversia es, entonces, si la eliminación de los tres mecanismos responde a una demostración de que eran redundantes o si representa una reducción de las instancias de verificación previa y especializada sin que se haya hecho pública suficiente evidencia para establecer que el nuevo esquema ofrece las mismas garantías ambientales. Esa distinción es fundamental para evaluar las implicaciones de la decisión sobre uno de los proyectos de exploración de hidrocarburos costa afuera más relevantes del Caribe colombiano.
