El traslado de David Murcia Guzmán, fundador de DMG, a una cárcel de máxima seguridad en Santander sorprendió por el momento en que se produce y por los interrogantes que todavía rodean la decisión. Murcia fue llevado de La Picota, en Bogotá, a la cárcel de Palogordo, en Girón, durante la tarde del 29 de agosto de 2026.
El movimiento se produjo en medio de la ofensiva penitenciaria impulsada por el gobierno de Abelardo de la Espriella, que ha anunciado una política de endurecimiento de las condiciones de reclusión para internos considerados de alta peligrosidad. El Ejecutivo ha ordenado en las últimas semanas numerosos traslados a establecimientos de máxima seguridad.
Murcia, sin embargo, presenta un perfil diferente al de varios de los reclusos que han protagonizado estos operativos. El empresario cumple una condena por captación masiva y habitual de dinero y lavado de activos, delitos de enorme impacto económico, pero que no están relacionados directamente con homicidios, secuestros u otros hechos de violencia física.
El fundador de DMG ya había permanecido en una cárcel de máxima seguridad. Después de regresar a Colombia en 2019, tras cumplir una condena en Estados Unidos, fue recluido en La Tramacúa, en Valledupar, donde permaneció cerca de cuatro años.
En septiembre de 2023, el Inpec decidió trasladarlo a La Picota, en Bogotá, por razones de seguridad. Su defensa había solicitado el cambio de establecimiento después de que Murcia denunciara presiones y amenazas. En la capital permaneció recluido hasta el reciente traslado a Santander.
La decisión de llevarlo nuevamente a una cárcel de alta seguridad genera así una primera pregunta: ¿qué cambió para que el Inpec considerara necesario sacarlo de La Picota? Hasta ahora no se ha divulgado públicamente una explicación detallada que permita conocer las circunstancias específicas que motivaron el movimiento.
A su llegada a Palogordo, Murcia debía pasar por los procedimientos de ingreso y clasificación correspondientes. El establecimiento cuenta con sectores destinados a internos de alta seguridad, aunque la ubicación definitiva del empresario depende de la valoración penitenciaria.
El traslado también ocurre después de una confrontación pública entre Murcia y De la Espriella durante la campaña presidencial. En febrero de 2026, el fundador de DMG lanzó fuertes acusaciones contra quien entonces era candidato a la Presidencia y había sido su abogado años atrás.
Murcia acusó a De la Espriella de haberlo traicionado y de cobrar millonarios honorarios por su defensa. También hizo señalamientos sobre supuestas gestiones que, según su versión, el abogado habría ofrecido realizar ante congresistas. De la Espriella rechazó las acusaciones y su campaña calificó las denuncias como parte de un espectáculo político.
La disputa llegó incluso al terreno disciplinario. La defensa de Murcia presentó una denuncia contra De la Espriella por su actuación como abogado, mientras el actual presidente negó las acusaciones. El enfrentamiento convirtió al empresario condenado en un crítico público del candidato que posteriormente llegó a la Casa de Nariño.
Esa coincidencia temporal alimenta las preguntas sobre el traslado, aunque no existe evidencia pública que permita afirmar que fue ordenado como represalia por las declaraciones de Murcia. La existencia de una política general de traslado de internos de alta peligrosidad constituye, por ahora, una explicación alternativa y verificable.
La diferencia está en determinar si Murcia fue trasladado bajo los mismos criterios aplicados a otros presos o si recibió un tratamiento excepcional. Para establecerlo será necesario conocer la decisión administrativa, la evaluación de seguridad y los conceptos que llevaron al Inpec a determinar su nueva ubicación.
El caso adquiere mayor relevancia porque el Gobierno ha convertido el control penitenciario en una de sus principales banderas de seguridad. La administración de De la Espriella ha anunciado además la construcción de nuevas megacárceles y mecanismos para impedir que los grandes criminales continúen manejando organizaciones desde los centros de reclusión.
Murcia, por su parte, mantiene una controversia jurídica sobre el tiempo que ha permanecido privado de la libertad en Colombia y Estados Unidos. Su defensa ha sostenido que deben reconocerse determinados periodos cumplidos en el extranjero, un asunto que podría tener consecuencias sobre el tiempo que le resta de condena.
Por ahora, el dato concreto es que Murcia volvió a una cárcel de máxima seguridad después de casi tres años en La Picota. El traslado puede ser simplemente parte de la nueva política penitenciaria del Gobierno, pero la coincidencia con el enfrentamiento que el empresario sostuvo con De la Espriella durante la campaña deja abierta una pregunta que solo los documentos del Inpec podrán responder: si se trató de una decisión rutinaria dentro de la nueva estrategia carcelaria o de una medida excepcional.
