El traslado de 17 exmilitares colombianos desde Haití hacia Estados Unidos abre una nueva etapa en la investigación por el asesinato del presidente haitiano Jovenel Moïse, ocurrido el 7 de julio de 2021. Los colombianos permanecían privados de la libertad desde ese año y ahora deberán enfrentar el proceso ante autoridades judiciales estadounidenses.
Aunque distintos reportes han utilizado la palabra extradición, la Cancillería colombiana se refiere oficialmente al procedimiento como un traslado. El Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que el Gobierno colombiano no intervino en la decisión ni en el procedimiento mediante el cual los connacionales fueron llevados a Estados Unidos.
El grupo trasladado está compuesto por 17 colombianos y por Joseph Félix Badio, un antiguo funcionario del Ministerio de Justicia de Haití que había permanecido prófugo hasta su captura en 2023. Los 18 deberán responder ante la justicia estadounidense por su presunta participación en la trama que terminó con la muerte de Moïse.
Moïse, de 53 años, fue asesinado en su residencia privada en las afueras de Puerto Príncipe. Recibió múltiples impactos de bala y murió durante el ataque, mientras su esposa, Martine Moïse, resultó gravemente herida. El magnicidio profundizó la crisis política e institucional de Haití y dejó un vacío de poder que posteriormente sería aprovechado por grupos armados.
La investigación estadounidense sostiene que el asesinato no fue el resultado de una operación concebida desde el principio exclusivamente para matar al presidente. Los documentos judiciales describen una conspiración que durante meses modificó sus objetivos, pasando por planes para derrocar, secuestrar y finalmente asesinar a Moïse.
Según la Fiscalía estadounidense, a comienzos de 2021 varios de los conspiradores pretendían producir un cambio violento de gobierno e instalar a un sucesor que posteriormente les permitiera obtener contratos lucrativos en Haití. Para ejecutar el proyecto recurrieron a aliados en Estados Unidos, Haití y Colombia.
En esa estructura aparecieron empresarios y operadores radicados en Florida, dirigentes haitianos y antiguos militares colombianos. La investigación estadounidense sostiene que fueron reclutados alrededor de 22 exintegrantes del Ejército colombiano, aunque no todos terminaron formando parte del grupo que ahora fue trasladado desde Haití.
El componente colombiano fue construido a partir de antiguos militares con experiencia en unidades de combate y seguridad. Entre las figuras centrales estuvieron Germán Rivera García y Duberney Capador, quienes participaron en el reclutamiento y coordinación del contingente colombiano antes de que la operación terminara en el ataque contra Moïse.
La oferta recibida por varios de los colombianos, de acuerdo con las declaraciones y reconstrucciones conocidas desde 2021, estaba relacionada con trabajos de seguridad privada en Haití. Algunos fueron convocados bajo la idea de proteger a Christian Sanon, un haitiano-estadounidense que aspiraba a ocupar un papel político después de la salida de Moïse.
El relato de varios de los colombianos sostiene que inicialmente no conocían el objetivo final de la operación. Según declaraciones entregadas a autoridades haitianas, algunos creían que participarían en una misión de seguridad o en la captura de Moïse mediante una supuesta orden judicial.
Esa versión tiene un elemento que también aparece en documentos estadounidenses. Una investigación del FBI estableció que un grupo de aproximadamente 20 colombianos fue reclutado para ejecutar una supuesta orden de arresto contra Moïse y que durante la operación se utilizó documentación presentada como autorización judicial.
La investigación estadounidense, sin embargo, sostiene que los planes cambiaron. Entre abril y julio de 2021 los conspiradores desarrollaron diferentes estrategias para secuestrar o sacar del poder al presidente, hasta que finalmente ordenaron a los colombianos atacar su residencia y matarlo.
Uno de los testimonios más relevantes fue el de Germán Rivera, considerado uno de los coordinadores del contingente colombiano. Su relación con Arcángel Pretel Ortiz, conocido como “Coronel Gabriel”, resulta especialmente importante para reconstruir el puente entre los reclutadores colombianos y la estructura empresarial radicada en Florida.
Rivera y otros colombianos sostuvieron ante las autoridades haitianas que la misión inicialmente les fue presentada como una operación de captura. El cambio hacia una operación letal es uno de los puntos que deberán ser examinados nuevamente por los fiscales estadounidenses para determinar qué sabía cada participante y en qué momento lo supo.
Ángel Mario Yarce Sierra también entregó una declaración relevante. Según su versión, aproximadamente diez días antes del ataque se les comunicó que la misión consistía en capturar a Moïse mediante una orden supuestamente expedida por un juez haitiano.
Yarce también relató que después de la entrada a la residencia recibió el sistema de videovigilancia de la casa. La recuperación o destrucción de las imágenes constituía un elemento relevante de la operación porque podía afectar la capacidad de las autoridades para reconstruir quiénes ingresaron y qué ocurrió dentro de la vivienda.
Carlos Giovanni Guerrero Torres ofreció otra versión significativa. Admitió haber ingresado a la residencia presidencial, pero sostuvo que llegó hasta la cocina y que no estuvo dentro de la habitación donde se encontraba Moïse. En su declaración señaló a otros integrantes del grupo como quienes habrían avanzado hasta el dormitorio.
Las diferentes declaraciones muestran que no todos los colombianos necesariamente desempeñaron la misma función. Algunos aparecen relacionados con la coordinación, otros con el ingreso a la residencia, otros con la vigilancia exterior y otros con funciones de apoyo logístico.
La organización haitiana RNDDH también reconstruyó la participación de varios colombianos dentro de la residencia y señaló a diferentes integrantes del grupo en distintas posiciones durante el ataque. Sin embargo, identificar a una persona como integrante del contingente que ingresó a la casa no equivale por sí mismo a demostrar que haya disparado contra el presidente.
La Fiscalía estadounidense sí presentó una evidencia específica sobre los disparos. En el juicio contra cuatro de los principales acusados, sostuvo que proyectiles recuperados del cuerpo de Moïse y otro extraído durante la cirugía de Martine Moïse coincidieron con un rifle utilizado por integrantes del denominado Delta Team colombiano.
Dos colombianos que ocupaban posiciones relevantes dentro de la estructura murieron durante los hechos posteriores al asesinato. Uno de ellos fue Duberney Capador, quien había participado en el reclutamiento y coordinación del contingente, mientras que Mauricio Javier Romero también murió durante la persecución.
Sus muertes adquieren relevancia porque ambos podían haber aportado información sobre la cadena de mando y las instrucciones recibidas por el grupo. Su ausencia dejó sin respuesta directa algunas preguntas sobre la transición entre la supuesta misión de seguridad y el ataque contra Moïse.
La conexión con Estados Unidos aparece principalmente a través de CTU Security y CTU Federal Academy, empresas vinculadas al empresario Antonio Intriago. Arcángel Pretel Ortiz, también colombiano, era socio de Intriago y, según la Fiscalía estadounidense, fue quien dirigió buena parte de la planificación táctica y coordinó a los mercenarios colombianos.
En mayo de 2026, un jurado federal en Miami declaró culpables a Pretel, Intriago, Walter Veintemilla y James Solages por sus respectivos papeles en la conspiración. Las condenas constituyen hasta ahora una de las principales bases judiciales de la reconstrucción estadounidense del magnicidio.
La Fiscalía sostuvo durante ese juicio que Pretel utilizaba el nombre de “Coronel Gabriel” y que dirigió la planificación táctica, mientras Intriago se ocupaba de aspectos logísticos, pagos, equipos y suministros. Según los fiscales, ambos mantuvieron una relación empresarial y operativa con la estructura que reclutó a los colombianos.
La logística también dejó rastros en Florida. Según la Fiscalía, el 10 de junio de 2021 Intriago ayudó a trasladar desde Miami hacia Haití chalecos antibalas, radios, linternas y gafas tácticas que serían utilizados por los colombianos durante la operación.
La financiación constituye otra de las líneas de investigación. Walter Veintemilla, vinculado a Worldwide Capital Lending Group, fue señalado como una figura central en la financiación de la conspiración y acordó aportar 175.000 dólares mediante una estructura que, según los fiscales, utilizó recursos provenientes de fondos fraudulentos de programas estadounidenses de ayuda durante la pandemia.
El caso también involucra a Christian Sanon, un ciudadano haitiano-estadounidense que, según la Fiscalía, era considerado por algunos conspiradores como el eventual reemplazo de Moïse. Sanon permanece pendiente de juicio y la hipótesis de los fiscales sostiene que el nuevo gobierno podía favorecer posteriormente contratos de infraestructura, seguridad y equipamiento militar para empresas relacionadas con los conspiradores.
Por eso, la investigación estadounidense ha ido más allá de determinar quiénes participaron físicamente en el ataque. El Departamento de Justicia sostiene que busca establecer quién financió, facilitó, apoyó y permitió la operación, así como las relaciones entre quienes planificaron el cambio de gobierno y quienes ejecutaron el ataque.
Mientras Estados Unidos avanzó en acusaciones y condenas, el proceso judicial haitiano quedó prácticamente paralizado. Jueces que participaron en el caso renunciaron o enfrentaron amenazas, mientras las condiciones de seguridad y el control territorial de las pandillas dificultaron el funcionamiento de los tribunales.
La situación llegó a tal punto que instalaciones judiciales de Puerto Príncipe quedaron afectadas por la violencia de las bandas. Después de cinco años, el proceso haitiano no había conseguido llevar a los principales acusados a juicio, mientras la investigación estadounidense ya había producido condenas.
Los propios colombianos denunciaron durante su detención problemas relacionados con las condiciones de reclusión y el debido proceso. Organizaciones haitianas de derechos humanos documentaron además alegaciones de malos tratos y señalaron problemas relacionados con la representación legal y la presencia de intérpretes durante algunas actuaciones.
La Cancillería colombiana, por su parte, sostiene que realizó seguimiento permanente a la situación de los connacionales desde su detención. El Ministerio afirma que verificó sus condiciones de reclusión, mantuvo contacto con sus familiares y autoridades y adelantó gestiones destinadas a promover el respeto de sus derechos, integridad personal y garantías judiciales.
En noviembre de 2023, funcionarios de la Cancillería y la cónsul colombiana en Puerto Príncipe visitaron a los detenidos en la prisión civil de la capital haitiana para verificar directamente sus condiciones. El Gobierno colombiano ya había planteado entonces la necesidad de garantizar una atención adecuada a los connacionales.
El informe de gestión de la Cancillería correspondiente a 2024-2025 también registra que Colombia consiguió el traslado de los detenidos a un nuevo centro penitenciario y la asignación de cinco abogados de oficio para su representación judicial.
Ahora, después del traslado a Estados Unidos, la Cancillería ha fijado una posición precisa: Colombia no intervino en la decisión ni en el procedimiento que llevó a los 17 ciudadanos hacia territorio estadounidense. Según el Ministerio, esa decisión corresponde a las autoridades competentes de los países involucrados.
La precisión es relevante porque evita atribuir al Gobierno colombiano una participación que no ha sido documentada. La actuación de Bogotá, de acuerdo con su propia versión, ha sido consular: seguimiento, asistencia, contacto con familiares y vigilancia sobre las condiciones de detención y las garantías judiciales.
La Cancillería también dejó claro que no considera que la transferencia determine la responsabilidad penal de los colombianos. A partir de ahora, corresponde a los tribunales estadounidenses establecer las responsabilidades individuales que puedan existir, dentro del proceso y con respeto de las garantías de los acusados.
Esto significa que la llegada a Estados Unidos no equivale a una declaración de culpabilidad. Los 17 continúan siendo personas acusadas o investigadas por su presunta participación, y la responsabilidad de cada uno tendrá que establecerse individualmente. Las declaraciones entregadas en Haití serán solamente una parte del material que deberá ser contrastado con las demás pruebas.
La diferencia de jurisdicción, sin embargo, puede ser determinante. Los fiscales estadounidenses ya cuentan con comunicaciones digitales, registros financieros, evidencia sobre el suministro de equipos y testimonios obtenidos durante los procesos contra otros integrantes de la conspiración. Ahora podrán confrontar ese material con las versiones de los colombianos trasladados desde Haití.
El proceso también podría permitir reconstruir con mayor precisión la cadena que conectó a los exmilitares colombianos con los empresarios y operadores políticos que estaban en Estados Unidos y Haití. Una de las preguntas centrales será determinar quién reclutó a cada colombiano, qué información recibió, quién le pagó y cuándo conoció el verdadero objetivo de la misión.
La propia Fiscalía estadounidense ha señalado que la investigación no terminó con las condenas de mayo. El fiscal federal Jason Reding Quiñones afirmó que las autoridades seguirán la evidencia hacia quienes financiaron, facilitaron, apoyaron o cometieron delitos que hicieron posible el asesinato.
Cinco años después del magnicidio, la investigación tiene así dos dimensiones. Una intenta determinar qué ocurrió aquella madrugada en la residencia de Moïse y qué papel cumplió cada integrante del comando. La otra busca reconstruir la estructura política, financiera, empresarial y militar que hizo posible que un grupo de exmilitares colombianos llegara a Haití y terminara involucrado en el asesinato de un presidente.
La gran incógnita sigue siendo quién tomó la decisión definitiva de matar a Moïse. La justicia estadounidense ha establecido judicialmente la participación de varias figuras de la conspiración y ha presentado una reconstrucción en la que aparecen intereses políticos y económicos, pero todavía corresponde a los procesos en curso determinar toda la cadena de responsabilidades.
Para los 17 colombianos, el traslado representa el final de una detención de cinco años en Haití y el comienzo de una etapa judicial diferente. Sus declaraciones, las de otros acusados, las pruebas financieras y digitales y la evidencia sobre el ataque tendrán que ser confrontadas ante los tribunales estadounidenses.
Para Colombia, el caso vuelve a poner bajo escrutinio la participación de exintegrantes de sus Fuerzas Militares en operaciones privadas en el extranjero. Pero la posición oficial de la Cancillería es que su responsabilidad actual es consular y que la determinación de responsabilidades penales corresponde a la justicia estadounidense.
El asesinato de Jovenel Moïse, por tanto, está lejos de ser un caso cerrado. La muerte del presidente ya produjo condenas en Estados Unidos, pero el traslado de los 17 colombianos puede abrir una nueva fase de interrogatorios y pruebas sobre la estructura que estuvo detrás del magnicidio. La pregunta que ahora queda en manos de los fiscales es cuánto pueden aportar esos exmilitares para completar la historia que comenzó en Haití y que, cinco años después, continúa siendo investigada en Estados Unidos.
