En una alocución transmitida el domingo 13 de septiembre, el presidente Abelardo De la Espriella presentó un balance de sus primeros 36 días de gobierno y organizó su intervención alrededor de nueve asuntos que considera centrales para su administración.
La exposición combinó cifras sobre las finanzas públicas, resultados de seguridad, anuncios sobre las universidades, acuerdos con Estados Unidos, compromisos para el Chocó, medidas contra la corrupción y acciones para atender las regiones afectadas por el terremoto.
El eje político más reiterado fue la situación fiscal. De la Espriella atribuyó al gobierno de Gustavo Petro buena parte de las dificultades económicas que, según afirmó, encontró al asumir el poder.
El presidente defendió el denominado “Presupuesto de la Verdad”, cuyo proyecto para 2027 asciende a cerca de $635 billones. El monto fue presentado como un reflejo de obligaciones que, según el Gobierno, no estaban suficientemente financiadas en el presupuesto anterior.
Según las cifras expuestas por el mandatario, $281 billones, equivalentes al 44 % del presupuesto, provendrían del endeudamiento, mientras los ingresos corrientes se ubicarían cerca de los $300 billones.
De la Espriella sostuvo que por cada $100 del presupuesto nacional, $24 se destinarían al servicio de la deuda y $14 quedarían disponibles para inversión pública.
El presidente atribuyó el deterioro fiscal a la administración anterior y aseguró que en 2024 el recaudo tributario estuvo $71 billones por debajo de las proyecciones. También afirmó que para agosto ya se había utilizado el 97 % del cupo de endeudamiento previsto para 2026.
El Gobierno ha presentado estas cifras como una justificación para mantener un presupuesto elevado pese al discurso de austeridad. El proyecto de 2027 supera en $59,3 billones el presupuesto presentado por la administración anterior, de acuerdo con la Presidencia.
La explicación oficial es que el aumento incorpora obligaciones que estaban desfinanciadas, entre ellas recursos para pensiones, salud, salarios de funcionarios públicos, universidades y el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.
En paralelo, el Ejecutivo anunció un plan de austeridad con recortes por $17,4 billones. La reducción contempla casi $13 billones en transferencias, $3 billones en bienes y servicios y $2,5 billones en proyectos de inversión considerados no prioritarios.
Sin embargo, el Gobierno también anunció recursos adicionales para obligaciones sociales. Entre ellos figuran $6,5 billones para pensiones, $2 billones para el sistema de salud y $700.000 millones para universidades públicas.
La discusión fiscal ocurre además en un escenario en el que el déficit del Gobierno Nacional Central se estima en 9,4 % del PIB. El Congreso avanzó este 14 de septiembre en la aprobación del presupuesto de 2027 por $634,9 billones, mientras persiste el debate sobre la capacidad del Ejecutivo para reducir el desequilibrio fiscal.
El segundo gran frente abordado fue el orden público en las universidades. De la Espriella anunció la creación de un protocolo nacional para permitir la intervención de la Policía cuando dentro de los campus se presenten alteraciones extraordinarias del orden o se preparen actos vandálicos o terroristas.
El mandatario aseguró que la medida no pretende restringir la protesta pacífica ni el debate académico. Su planteamiento, sin embargo, establece una frontera explícita entre la autonomía universitaria y las competencias estatales en materia de seguridad.
De la Espriella sostuvo que la autonomía universitaria no puede convertirse en una excepción frente a la Constitución, la ley o la autoridad estatal. También advirtió que la Fuerza Pública ingresará a los campus cuando, según su Gobierno, sea necesario enfrentar organizaciones ilegales.
El anuncio puede convertirse en uno de los principales focos de controversia de su administración, debido a la tensión entre la autonomía universitaria, la preservación del orden público y las condiciones bajo las cuales la Policía podría ingresar a instituciones de educación superior.
En política exterior, el presidente destacó los denominados “Acuerdos de Barranquilla”, suscritos después de la visita del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. De la Espriella presentó el acercamiento como una nueva etapa de la relación bilateral.
Según su explicación, la alianza se articula alrededor de la reconstrucción del país, la recuperación económica y la seguridad hemisférica.
Uno de los principales componentes anunciados es el Plan Patriota Siglo XXI, orientado a fortalecer las capacidades de la Fuerza Pública en áreas como ciberdefensa, inteligencia, sistemas antidrones, radares, aviación, movilidad y fuerzas especiales.
El Gobierno también planteó un acuerdo plurianual con Estados Unidos para combatir la cadena del narcotráfico, incluyendo lavado de activos, patrimonios criminales y rutas internacionales.
En materia de cooperación para la emergencia, De la Espriella afirmó que Estados Unidos entregó US$26,5 millones. También anunció expectativas de inversión privada estadounidense en minerales críticos, tecnología e infraestructura y señaló que Barranquilla tendrá próximamente un consulado de ese país.
El Chocó ocupó otro capítulo importante del balance. El Gobierno anunció un paquete de infraestructura vial cercano a $1 billón mediante el mecanismo de obras por impuestos, con proyectos en diferentes corredores del departamento y la optimización del aeropuerto de Bahía Solano.
Entre los lugares mencionados están Puerto Meluk, la Vía al Darién, El Cairo, Nóvita, San José del Palmar, Istmina, Ánimas, Quibdó y Tutunendo. El Gobierno pretende utilizar estas inversiones como parte de una estrategia de desarrollo para una de las regiones históricamente más rezagadas del país.
El presidente también anunció estudios de viabilidad técnica y ambiental para un posible canal interoceánico en el Chocó, además de un régimen tributario especial para la minería y una planta de procesamiento de oro, cobre y platino.
A esos proyectos se sumaron compromisos empresariales para infraestructura energética, soluciones solares, capital semilla y educación. El Gobierno reportó aportes privados por decenas de miles de millones de pesos y 100 becas para jóvenes de la región.
En seguridad, De la Espriella reportó 17.014 capturas y 73 órdenes de extradición durante sus primeros 36 días. También afirmó que las operaciones militares afectaron las estructuras de 24 cabecillas considerados de alto valor, con 19 capturados y cinco muertos en enfrentamientos.
El mandatario mencionó entre los objetivos neutralizados a alias Bonito, Tigre o Pintado, Víctor, Ruso o Alemán, Águila, Naim o Bendito Menor y Max. También destacó operaciones como Azarías, Amón y Orión.
El balance incluyó 75.613 kilogramos de droga y 1.761 armas de fuego incautadas, además de 1.506 hectáreas de coca erradicadas. El Gobierno reportó igualmente una reducción de 24,94 % en el robo de hidrocarburos, equivalente a 652.554 galones.
En el frente judicial, el presidente cuestionó decisiones relacionadas con la suspensión provisional de la aspersión aérea en Putumayo y las restricciones a operaciones ofensivas aéreas cuando exista sospecha de presencia de menores reclutados.
De la Espriella afirmó que respetará las decisiones judiciales, pero utilizará los mecanismos legales para controvertirlas. Su argumento es que la protección de los menores debe mantenerse como prioridad sin que las organizaciones armadas puedan utilizarlos para impedir las operaciones estatales.
Otro anuncio estuvo relacionado con los condenados por corrupción. El presidente ordenó revisar la situación de quienes permanecen recluidos en estaciones de Policía o guarniciones militares y no cumplen los requisitos legales para permanecer en esos lugares.
La instrucción busca que los condenados por corrupción cumplan sus penas en establecimientos penitenciarios ordinarios cuando corresponda. De la Espriella presentó la medida como el fin de tratamientos diferenciados para personas condenadas por delitos contra el patrimonio público.
El terremoto también ocupó una parte sustancial de la alocución. El Gobierno reportó ayudas económicas, materiales y de infraestructura para departamentos afectados, entre ellos Quindío y Valle del Cauca, en el marco de la emergencia declarada después del sismo del 10 de agosto.
En Quindío, el presidente informó sobre transferencias de $787.907 mensuales por núcleo familiar durante tres meses, 152 toneladas de insumos, 369 mejoramientos de vivienda y 160 apartamentos terminados en Bosques de Marsella.
En el Valle del Cauca, mencionó 110 mejoramientos de vivienda en Buga, una donación anunciada de 1.000 viviendas por parte de la Fundación Argos y recursos para infraestructura educativa. También reportó una bolsa de $40.000 millones de Bancóldex e iNNpulsa para apoyar a más de 1.800 comerciantes.
Estos anuncios se producen mientras el Gobierno avanza en la etapa de recuperación y reconstrucción de la emergencia. El Ejecutivo había expedido previamente 11 decretos para movilizar recursos, fortalecer la capacidad financiera de las regiones y acelerar la reconstrucción.
El cierre del balance estuvo dedicado al llamado Banco de Talentos de la Patria Milagro. De la Espriella aseguró que 39 personas ya habían sido posesionadas, otras 174 hojas de vida habían terminado el proceso de publicación y 83 profesionales estaban siendo evaluados para cargos de control interno.
La iniciativa busca presentar los nombramientos como un mecanismo basado en formación y capacidades profesionales, en lugar de recomendaciones políticas. El Gobierno la incorporó a su discurso de renovación de la administración pública.
La alocución dejó así una hoja de ruta caracterizada por tres elementos: una ofensiva política contra la herencia económica de Petro, una política de seguridad basada en el fortalecimiento de la autoridad estatal y un programa de reconstrucción que combina recursos públicos, cooperación internacional e inversión privada.
El balance también mostró una tensión que acompañará al Gobierno durante los próximos meses: mientras De la Espriella promete austeridad y reducción del gasto, el presupuesto de 2027 alcanza una cifra récord y la reconstrucción del terremoto exige nuevos recursos. El proyecto aprobado en comisiones económicas asciende a $634,9 billones y mantiene abierto el debate sobre cómo financiar el ajuste fiscal.
Más allá de las cifras anunciadas, buena parte de la discusión estará en la capacidad del Gobierno para demostrar los resultados que atribuye a sus primeros 36 días y para sustentar con evidencia las acusaciones formuladas contra la administración anterior. En seguridad, finanzas y reconstrucción, los anuncios deberán contrastarse con los indicadores oficiales y con la ejecución efectiva de los recursos.
