El presidente Abelardo De la Espriella declaró insubsistente a Ricardo Valencia como director del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), apenas 26 días después de su llegada al cargo. Su salida convierte a Valencia en el primer funcionario del Gobierno en ser removido desde el inicio de la administración.
Valencia había sido designado el 19 de agosto para dirigir una de las entidades más sensibles de la administración pública: el organismo responsable de producir y divulgar las principales estadísticas oficiales del país. Su permanencia terminó el 14 de septiembre, sin que alcanzara a completar un mes de gestión.
La Presidencia justificó la decisión señalando que Valencia había afirmado que no encontraba anomalías en los indicadores correspondientes a julio sin que, previamente, se hubieran realizado auditorías profundas sobre la información recibida. Esas cifras habían sido producidas durante el último mes del Gobierno de Gustavo Petro.
Ese punto tiene una dimensión política particular. El nuevo director, nombrado por De la Espriella, no encontró inicialmente irregularidades en los datos elaborados durante la administración anterior, pese a que el nuevo Gobierno había planteado la necesidad de revisar la información que recibió de Petro.
La posición de Valencia no equivalía a certificar todas las decisiones económicas del Gobierno anterior. Lo que estaba en discusión era algo más concreto: si los indicadores estadísticos publicados por el DANE presentaban anomalías que permitieran cuestionar su validez.
Uno de los datos en el centro de la discusión es el mercado laboral de julio. El DANE reportó una tasa nacional de desempleo de 8,1 %, 0,7 puntos porcentuales menos que en julio de 2025. El organismo mantiene ese resultado en su información oficial.
La Presidencia sostuvo que Valencia se apresuró al afirmar que no había anomalías porque todavía no se habían realizado las revisiones profundas que, según el Gobierno, debían establecer si los datos heredados eran consistentes.
Sin embargo, la comunicación oficial de la salida no identifica una manipulación estadística ni presenta una anomalía concreta en las cifras de julio. La diferencia conocida hasta ahora está relacionada con el momento y el alcance de la revisión que el Gobierno consideraba necesaria.
La segunda razón expuesta por la Presidencia está relacionada con la Directiva Presidencial 001. Según el Gobierno, Valencia desconoció instrucciones contenidas en esa directiva, que establece restricciones para las declaraciones públicas de los funcionarios y exige coordinación institucional en las comunicaciones oficiales.
Este asunto había provocado una controversia días antes de la salida. El DANE canceló poco antes de su realización la rueda de prensa prevista para explicar los resultados de inflación de agosto. El dato fue publicado, pero el encuentro con periodistas no se realizó.
Según fuentes citadas por medios de comunicación, la Presidencia habría intervenido para impedir la realización de esa rueda de prensa en aplicación de las nuevas reglas sobre comunicaciones oficiales. Valencia no había ofrecido públicamente una explicación sobre las circunstancias de la cancelación.
La controversia resulta especialmente sensible porque el DANE tiene un régimen particular de independencia técnica. La Ley 2335 establece que la entidad debe actuar de manera independiente en la elaboración, producción y difusión de las estadísticas oficiales, incluidos aspectos relacionados con sus métodos y formas de divulgación.
Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, cuestionó la posibilidad de que la Presidencia hubiera ordenado cancelar la rueda de prensa y advirtió que una interferencia política en la difusión de las estadísticas podría entrar en tensión con ese principio de independencia técnica.
La Presidencia, por su parte, sostiene que garantizará la independencia técnica del DANE y que no interferirá en sus métodos, procedimientos científicos ni en la producción objetiva de las estadísticas. Al mismo tiempo, establece una distinción: esa independencia no permitiría al director de una entidad técnica adoptar posiciones políticas o actuar por fuera de la coordinación del Gobierno.
Esa diferencia de interpretaciones es uno de los elementos centrales del caso. Para el Gobierno, una cosa es la independencia sobre cómo se produce un dato y otra la actuación pública del funcionario que dirige la entidad. Para los críticos, la difusión y explicación de las estadísticas también forma parte de la autonomía que debe proteger al organismo de presiones políticas.
La rapidez de la salida aumenta las preguntas. Valencia no fue removido después de meses de diferencias públicas con el Gobierno, sino después de poco más de tres semanas, en las que coincidieron la discusión sobre los indicadores heredados y la controversia por la comunicación de las cifras económicas.
El Gobierno designó en su reemplazo al economista Juan Manuel Alvarado Nivia. La Presidencia señaló que entre sus tareas estará realizar una revisión rigurosa de la información recibida, comunicar los resultados con transparencia y avanzar en la modernización tecnológica e institucional del DANE.
La llegada de Alvarado deja abierta una pregunta fundamental: qué encontrará la nueva administración en la revisión de las cifras que Valencia consideró inicialmente consistentes. Si aparecen anomalías concretas, el Gobierno tendrá elementos para sustentar sus cuestionamientos; si no aparecen, la controversia sobre la salida del anterior director adquirirá una dimensión distinta.
Por ahora, los hechos disponibles permiten establecer que Valencia salió después de expresar que no encontraba anomalías en indicadores elaborados durante el Gobierno Petro y en medio de una disputa sobre la aplicación de las reglas de comunicación presidencial. No permiten afirmar, sin embargo, que las cifras hayan sido manipuladas ni que su salida obedeciera exclusivamente a haberlas respaldado.
El caso plantea así un problema que trasciende el nombre de un director. La credibilidad del DANE depende de que sus estadísticas sean producidas con rigor, pero también de que puedan ser explicadas y sometidas al escrutinio público sin que la conveniencia política del Gobierno de turno determine qué resultados deben revisarse o cómo deben comunicarse.
La designación de un nuevo director será, por ello, una prueba para ambas partes. Para el Gobierno, porque deberá demostrar con evidencia qué inconsistencias justificaban una revisión de las cifras heredadas. Y para el DANE, porque tendrá que preservar la confianza en que sus datos responden a criterios técnicos y no a las necesidades políticas de quien ocupe la Casa de Nariño.
