El presidente Abelardo De la Espriella ordenó iniciar operativos para identificar y deportar a extranjeros que permanezcan en Colombia en situación migratoria irregular, una decisión que representa uno de los primeros giros importantes de su Gobierno en materia de migración. La instrucción fue impartida durante un consejo de seguridad en Barranquilla y contempla acciones coordinadas entre Migración Colombia y la Policía Nacional similares a las ordenadas por Trump.
El mandatario estableció una prioridad para los operativos: primero deberán ser identificados los extranjeros que estén involucrados en actividades delictivas y, posteriormente, aquellos que simplemente no tengan regularizada su permanencia en el país. De la Espriella aseguró que quienes se encuentren en esas condiciones deberán ser devueltos a sus países de origen.
Aunque el anuncio está dirigido a extranjeros en general, el impacto recaería especialmente sobre la población venezolana. Colombia tenía, a enero de 2026, 2.841.048 ciudadanos venezolanos en su territorio, según Migración Colombia. La magnitud de esa población hace que cualquier endurecimiento de los controles migratorios tenga una repercusión directa sobre la comunidad procedente de Venezuela.
El Gobierno y distintos reportes periodísticos sitúan en cientos de miles el número de venezolanos que permanecen en situación irregular. La cifra utilizada en los reportes sobre el anuncio presidencial ronda los 848.000, aunque el universo definitivo dependerá de las bases de datos que utilicen Migración Colombia y las autoridades para determinar quién tiene un estatus vigente y quién debe iniciar un proceso de regularización o salida.
La decisión supone un cambio de tono frente a la política que Colombia había desarrollado durante la última década. El país optó durante los gobiernos de Iván Duque y Gustavo Petro por mecanismos de regularización destinados a facilitar la integración de millones de venezolanos que llegaron huyendo de la crisis política y económica de su país. Uno de los instrumentos centrales fue el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos.
Ese proceso permitió que alrededor de 2,3 millones de venezolanos obtuvieran permisos temporales de residencia, convirtiendo a Colombia en uno de los principales ejemplos regionales de regularización de una población migrante masiva. La nueva administración, en cambio, coloca el control migratorio y la expulsión de quienes estén en situación irregular dentro de su estrategia de seguridad.
El discurso de De la Espriella tiene además un elemento que lo acerca al utilizado por Donald Trump en Estados Unidos: la asociación entre migración irregular, seguridad y protección de los ciudadanos nacionales. El mandatario colombiano ha planteado que los colombianos deben ser prioridad y que no permitirá que extranjeros que cometan delitos permanezcan en el país. La fórmula recuerda el lenguaje de “America First” utilizado por Trump.
La comparación no se limita al discurso. Trump convirtió la deportación de migrantes sin estatus legal en uno de los ejes de su segunda administración y amplió las operaciones de ICE, las detenciones y los procedimientos de expulsión. En 2026, Estados Unidos ha llegado incluso a acuerdos para enviar a terceros países a personas deportadas que no son nacionales de esos territorios.
Uno de los ejemplos más recientes es el acuerdo con Liberia, que permitió la llegada de un primer grupo de 20 personas deportadas desde Estados Unidos, entre ellas ciudadanos venezolanos, cubanos y colombianos. Liberia aceptó recibir hasta 1.200 deportados de terceros países durante los próximos 12 meses, en una estrategia impulsada por la administración Trump.
Estados Unidos también ha utilizado a Guatemala como destino de deportación para ciudadanos de terceros países. Reuters reportó que alrededor de 2.300 mexicanos fueron enviados a Guatemala durante 2026, una práctica que generó objeciones del Gobierno mexicano. El mecanismo evidencia hasta dónde ha llegado la estrategia estadounidense de ampliar las alternativas para ejecutar expulsiones.
El modelo colombiano, sin embargo, todavía está lejos de alcanzar esa escala. De la Espriella acaba de ordenar los operativos y Colombia deberá determinar primero quién está efectivamente en situación irregular, qué procedimiento administrativo corresponde en cada caso y cómo se ejecutarán las decisiones de deportación. La declaración presidencial no convierte automáticamente a todos los extranjeros sin documentos en deportados.
La legislación colombiana distingue además entre la deportación y la expulsión, y contempla procedimientos administrativos antes de ejecutar determinadas medidas. Por eso, uno de los principales interrogantes de la nueva política será cómo Migración Colombia aplicará la instrucción presidencial y qué garantías tendrán los extranjeros durante la identificación y el trámite correspondiente.
También habrá que establecer qué ocurrirá con las personas que tengan trámites migratorios pendientes, solicitudes de regularización, permisos vencidos en proceso de renovación o circunstancias familiares que puedan incidir en la decisión administrativa. El término utilizado por el Gobierno —“situación irregular”— no describe por sí solo las circunstancias particulares de cada migrante.
La experiencia estadounidense muestra por qué esa distinción puede ser determinante. La administración Trump ha ampliado las operaciones de detención y deportación incluso sobre personas sin antecedentes criminales, mientras organizaciones de derechos humanos han advertido sobre los efectos de las redadas y de la expansión de la detención migratoria. En febrero de 2026, El País reportó que la administración había anunciado cientos de miles de deportaciones y que una proporción importante correspondía a personas sin antecedentes penales.
En Colombia, De la Espriella ha establecido una jerarquía que busca diferenciar entre extranjeros que delinquen y quienes simplemente carecen de documentación regular. El primer grupo aparece como prioridad de seguridad; el segundo, como una población que deberá ser localizada y sometida a los procedimientos migratorios correspondientes. Esa distinción será fundamental para evaluar si la política termina convirtiéndose en una operación de seguridad o en una deportación masiva por razones exclusivamente administrativas.
El anuncio también genera un debate sobre la relación entre migración y criminalidad. Organizaciones defensoras de migrantes han cuestionado que se vincule a la población venezolana con el aumento de la delincuencia y advierten sobre el riesgo de xenofobia. Associated Press señaló que organizaciones de defensa de migrantes rechazan la idea de que los venezolanos cometan delitos a tasas superiores a los colombianos y consideran que la política puede afectar a una población especialmente vulnerable.
El Gobierno, por su parte, sostiene que su objetivo no es perseguir una nacionalidad sino recuperar el control sobre quienes incumplen las normas migratorias y actuar contra extranjeros que representen una amenaza para la seguridad. En ese sentido, la comparación con Trump es más evidente en la orientación política y el lenguaje que en la estructura jurídica de las medidas.
Hay además una diferencia sustancial entre ambos países. Estados Unidos dispone de una infraestructura de control migratorio mucho mayor, con agencias especializadas, centros de detención, jueces de inmigración y una capacidad de deportación construida durante décadas. Colombia tendría que ejecutar una operación de una magnitud considerable con una institucionalidad migratoria mucho más pequeña. Migración Colombia había reportado 310 deportaciones o expulsiones de extranjeros en los primeros meses de 2026, antes del nuevo anuncio presidencial.
La comparación con Trump también tiene una dimensión política regional. De la Espriella se suma a una corriente de gobiernos y líderes de derecha latinoamericanos que han colocado la seguridad, el control fronterizo y la reducción de la migración irregular en el centro de sus agendas. Su discurso coincide en algunos aspectos con el de Trump y con el de otros dirigentes conservadores de la región, aunque cada país enfrenta una realidad migratoria diferente.
Para los venezolanos que viven en Colombia, el principal interrogante será qué ocurrirá con quienes carecen de un permiso vigente pero llevan años establecidos en el país, tienen hijos colombianos, trabajan o cuentan con otros vínculos familiares y sociales. La existencia de mecanismos de regularización significa que no todos los venezolanos están en la misma situación y que la aplicación de la nueva política requerirá revisar los casos individualmente. ACNUR mantiene información sobre las diferentes alternativas de regularización disponibles para ciudadanos venezolanos.
El anuncio de De la Espriella marca, en cualquier caso, un punto de inflexión. Colombia pasó de ser reconocida internacionalmente por una política relativamente amplia de regularización de venezolanos a colocar la deportación de migrantes irregulares entre las prioridades de su estrategia de seguridad. La referencia a los colombianos como prioridad y la decisión de activar operativos recuerdan la lógica política que Trump ha convertido en uno de los pilares de su segundo mandato.
La verdadera dimensión del giro se conocerá cuando comiencen los operativos. El número de personas identificadas, las nacionalidades, las razones de las deportaciones, el tratamiento de quienes tengan trámites pendientes y la capacidad real de ejecutar las expulsiones permitirán determinar si se trata de un endurecimiento de los controles migratorios o del comienzo de una campaña de deportaciones de gran escala. Por ahora, el mensaje presidencial es claro: el Gobierno de De la Espriella quiere pasar de la regularización como eje de la política migratoria al control y la expulsión como herramientas centrales de su estrategia de seguridad.
