La Presidencia de Abelardo De la Espriella estableció un nuevo esquema para manejar la relación del Gobierno con los medios de comunicación, según un acta de reuniones de responsables de comunicaciones de diferentes ministerios conocida por la Unidad Investigativa de Caracol Radio. Las instrucciones plantean una comunicación más centralizada, con restricciones para las entrevistas y ruedas de prensa y un papel predominante del presidente y del vocero oficial, Miller Soto.
La directriz más controvertida es la que establece que los ministros no deberán ofrecer ruedas de prensa ni conceder entrevistas a medios que no sean considerados “amigos” del Gobierno. Las excepciones quedarían reservadas para asuntos estratégicos y tendrían que contar previamente con autorización de la Presidencia.
La expresión “medios amigos” es precisamente uno de los elementos que mayor preocupación genera. El documento conocido por Caracol Radio reporta la existencia de esa categoría, pero no se ha divulgado una lista oficial de medios incluidos o excluidos ni los criterios mediante los cuales la Casa de Nariño determinaría quién pertenece a ella.
La ausencia de criterios públicos abre un problema que va más allá de la estrategia de comunicaciones de un Gobierno. En una democracia, los medios no tienen como función ser aliados de la administración de turno, sino ejercer su labor informativa y de control, independientemente de que sus preguntas, investigaciones o líneas editoriales resulten favorables o incómodas para el poder.
La distinción es importante porque una cosa es que un Gobierno decida priorizar determinados canales para divulgar información institucional y otra, muy diferente, que el acceso de los periodistas a los funcionarios dependa de que sean considerados “amigos”. Si esa clasificación se utiliza para premiar coberturas favorables y limitar las críticas, puede convertirse en una forma de discriminación en el acceso a la información pública.
La propia jurisprudencia constitucional colombiana ha señalado que la libertad de información protege tanto la posibilidad de informar como el derecho de la ciudadanía a recibir información. También ha reconocido una protección reforzada al acceso de los periodistas a la información pública cuando esta es necesaria para el ejercicio de su profesión.
Las directrices no se limitan, además, a determinar con quién pueden hablar los ministros. En los eventos donde haya periodistas, los integrantes del gabinete podrán realizar una declaración, pero deberán evitar responder preguntas. Los viceministros tampoco estarán autorizados para ejercer vocería pública.
La consecuencia práctica es un cambio en la naturaleza de la relación entre Gobierno y prensa. Una declaración preparada permite al funcionario escoger el mensaje, las cifras y los asuntos que quiere destacar. Una rueda de prensa, en cambio, introduce preguntas que pueden obligarlo a explicar decisiones, confrontar cuestionamientos, corregir datos o responder sobre asuntos que no estaban contemplados en el discurso inicial.
El Gobierno también busca que las entidades adscritas a los ministerios sigan este mismo esquema. Según la información conocida, no deberán realizar anuncios ni conceder entrevistas por cuenta propia, sino canalizar la información a través del sistema definido por Presidencia.
Dentro de esa estructura aparece Miller Soto, designado como vocero del Gobierno. De acuerdo con el acta revelada por Caracol Radio, tendrá al menos tres intervenciones diarias ante los medios y la información que entregue será suministrada por la propia Presidencia.
El mecanismo contempla además una cadena interna de selección de información. Los responsables de comunicaciones de los ministerios deberán recoger los asuntos considerados relevantes y remitirlos a la oficina de comunicaciones de la Presidencia, que determinará qué se divulga y quién se encarga de hacerlo. También se prevén talleres de vocería para los funcionarios.
La centralización alcanza incluso las cuentas personales de los ministros. La información oficial de las entidades deberá ser publicada primero en las cuentas institucionales de los ministerios y los funcionarios podrán posteriormente republicarla. Los comunicados, además, deberían ser generalmente de una sola página.
La Presidencia también pidió revisar los planes de medios y las pautas publicitarias vigentes de los ministerios. Las entidades deberán entregar información sobre esas campañas y, según el reporte, detenerlas mientras son revisadas. La instrucción se acompaña de un llamado a mantener pautas de austeridad y evitar gastos considerados excesivos.
Este último punto requiere una separación cuidadosa. Revisar la publicidad oficial puede responder a razones presupuestales o administrativas y, por sí solo, no demuestra una intención de castigar económicamente a medios críticos. El problema aparecería si la asignación de pauta terminara utilizándose como mecanismo para premiar coberturas favorables o castigar posiciones editoriales incómodas.
A las restricciones sobre la prensa se suma una estrategia narrativa común. Según el documento revelado por Caracol, los responsables de comunicaciones recibieron instrucciones para insistir en conceptos como “entregar esperanza”, “se fueron los tiempos malos” y “estamos reconstruyendo juntos la patria milagro”. El propósito declarado sería transmitir un mensaje capaz de llegar tanto a quienes votaron por De la Espriella como a quienes no lo hicieron.
No se trata simplemente de escoger unas palabras más optimistas. Cuando una administración establece desde el centro del poder los conceptos que deben repetirse en las comunicaciones de ministerios y entidades, la estrategia deja de ser exclusivamente informativa y se convierte también en una construcción coordinada de relato político.
La frase “estamos reconstruyendo juntos la patria milagro” resume esa operación discursiva. Presenta al Gobierno como protagonista de una etapa de recuperación y establece una frontera simbólica entre un pasado descrito como tiempo malo y un presente que se anuncia como reconstrucción y esperanza. El lenguaje busca, de esta manera, asociar la acción estatal con una idea de renovación nacional.
Ese relato adquiere una dimensión adicional cuando se combina con la concentración de los grandes anuncios en el presidente. Según las directrices conocidas, los asuntos de mayor importancia deberán ser comunicados por De la Espriella, mientras el vocero asumirá buena parte de la comunicación cotidiana.
El resultado puede ser una presidencia con una presencia comunicativa mucho mayor que la de sus propios ministros. En lugar de un Gobierno que aparece públicamente a través de múltiples responsables políticos y técnicos, se configura una estructura en la que la figura presidencial se convierte en el principal rostro, la principal voz y el principal intérprete de las decisiones oficiales.
Ahí aparece el problema del protagonismo presidencial llevado al extremo. En una democracia presidencialista, es normal que el jefe de Estado tenga una presencia central y que comunique decisiones de especial trascendencia. Lo problemático comienza cuando la comunicación institucional termina dependiendo excesivamente de la personalidad del mandatario y los demás funcionarios quedan reducidos a repetir un mensaje previamente definido.
Ese fenómeno puede favorecer una forma de personalización del poder. La ciudadanía deja de identificar las políticas principalmente con instituciones, ministerios y funcionarios responsables de ejecutarlas y empieza a asociarlas, de manera predominante, con la figura del presidente. La frontera entre comunicación de Gobierno y promoción permanente del liderazgo presidencial puede entonces volverse más difícil de distinguir.
Hablar de un “culto a la personalidad” requiere, sin embargo, prudencia. El término tiene una carga histórica y política fuerte y no basta con la existencia de discursos presidenciales frecuentes, una estrategia de comunicación centralizada o una narrativa favorable al mandatario para demostrar que existe un culto a la personalidad. Lo que sí puede señalarse es que el esquema anunciado contiene elementos que pueden favorecer una personalización creciente de la comunicación del poder.
La diferencia está en quién termina siendo presentado como sujeto de los resultados. Una comunicación institucional robusta debería permitir identificar qué ministerio ejecuta una política, qué funcionario responde por ella, qué recursos se utilizan, cuáles son sus resultados y qué preguntas permanecen abiertas. Si todo termina condensado en la figura presidencial, la rendición de cuentas también corre el riesgo de concentrarse en una sola persona.
El problema de las preguntas adquiere especial importancia en ese escenario. Una democracia no necesita únicamente que el Gobierno informe; necesita que pueda ser interrogado. La posibilidad de preguntar permite contrastar cifras, detectar contradicciones, conocer responsabilidades y hacer visibles asuntos que el poder preferiría no incluir en sus propios mensajes.
Por eso, la combinación de entrevistas restringidas, ruedas de prensa limitadas, ausencia de preguntas, centralización de la información y selección de medios considerados “amigos” merece atención más allá de la disputa política del momento. La libertad de prensa no consiste solamente en que los periodistas puedan publicar sus investigaciones, sino también en que puedan buscar información, formular preguntas y acceder a los funcionarios responsables de las decisiones públicas. La Corte Constitucional ha reconocido precisamente la protección reforzada de estas labores dentro del derecho a la información.
Organizaciones defensoras de la libertad de expresión ya han cuestionado el nuevo esquema. El Veinte calificó las directrices reveladas por Caracol como una forma de censura indirecta y rechazó especialmente la exclusión de medios considerados no “amigos”, la eliminación de vocerías de viceministros y la revisión de la pauta oficial.
La discusión, en consecuencia, no debería reducirse a si De la Espriella tiene derecho a diseñar su estrategia de comunicación. Evidentemente lo tiene. La pregunta democrática es hasta dónde puede llegar esa estrategia sin convertir el acceso a la información pública en un mecanismo condicionado por la afinidad política o editorial de los medios.
Tampoco se trata de afirmar que las directrices hayan producido ya censura estatal o que exista una lista negra de periodistas. Esa conclusión requeriría evidencia adicional. Lo documentado hasta ahora es una política de centralización de la vocería, restricciones al contacto de ministros con medios no considerados “amigos”, autorización previa para determinadas entrevistas, concentración de los grandes anuncios en el presidente y una narrativa institucional previamente definida.
El verdadero examen de esta política estará en su aplicación. Será necesario observar qué medios reciben acceso, cuáles quedan fuera, quién decide las excepciones, cómo se manejarán las solicitudes de entrevistas, qué ocurrirá cuando una investigación periodística contradiga el relato oficial y si los ministros podrán responder públicamente a cuestionamientos de interés nacional.
También será relevante verificar qué sucede con la pauta oficial después de la revisión anunciada. Si se trata exclusivamente de una política de austeridad, debería poder aplicarse con criterios objetivos, transparentes y verificables. Si, en cambio, la contratación publicitaria termina asociada a la afinidad editorial de los medios, aparecería un problema diferente y mucho más grave.
Por ahora, el dato central es que la Casa de Nariño está construyendo una comunicación gubernamental en la que el mensaje sale de un centro cada vez más estrecho. El presidente ocupa el lugar principal; Miller Soto se perfila como vocero cotidiano; los ministros tienen menos margen para hablar; los viceministros quedan fuera de la vocería; y las preguntas periodísticas pierden espacio.
En ese modelo, la frase sobre recuperar la patria y dejar atrás los tiempos malos no es un elemento aislado. Hace parte de un intento por construir una identidad política alrededor de la recuperación, la esperanza y la figura que encabeza ese proceso. El desafío institucional consiste en que esa narrativa no termine sustituyendo la información verificable ni convirtiendo al Gobierno en la voz de una sola persona.
La democracia necesita gobiernos capaces de comunicar sus resultados, pero también necesita periodistas capaces de preguntarles por sus errores. Necesita funcionarios que expliquen las decisiones de sus instituciones y ciudadanos que puedan contrastar la versión oficial con otras fuentes. Por eso, el problema de las nuevas directrices no es que el Gobierno quiera comunicar mejor: es que, si el acceso depende de quién es considerado “amigo” y si las preguntas se convierten en una excepción, el poder corre el riesgo de terminar hablando cada vez más consigo mismo.
