La discusión sobre cuánto debe aumentar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) para 2027 puso bajo la lupa las posiciones que Ana María Vesga ha sostenido desde dos lugares institucionales diferentes: primero como presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi), gremio que representa a EPS, y ahora como ministra de Salud del Gobierno. La diferencia entre ambas posiciones es uno de los elementos centrales del debate que se abrió después de que Vesga anticipara un incremento de entre 12% y 13% para el próximo año.
La comparación tiene como punto de partida diciembre de 2025. En ese momento, Vesga dirigía Acemi y defendía públicamente que la UPC para 2026 debía aumentar por encima del 15%. En una entrevista con Blu Radio, sostuvo que el sistema estaba creciendo entre 15% y 17% y que existía espacio fiscal para un incremento superior al 15%. También afirmó que se requería “voluntad política” para hacerlo.
La posición de Acemi fue incluso más precisa que ese porcentaje utilizado por Vesga en sus declaraciones. El gremio calculó que la UPC del régimen contributivo debía aumentar 17,33% para 2026. Ese cálculo fue presentado como resultado de un ejercicio técnico de suficiencia y no como una cifra negociada políticamente.
La ANDI, por su parte, llegó a una cifra diferente, aunque también superior al 15%. En diciembre de 2025 estimó que la UPC debía crecer al menos 15,6% para comenzar a estabilizar la operación corriente del sistema. La organización sustentó su cálculo en información financiera y en el comportamiento de la siniestralidad.
La diferencia entre 17,33%, 15,6% y la expresión “más del 15%” es importante. No se trataba de tres cálculos idénticos ni de una tarifa oficial. Eran estimaciones provenientes de distintos ejercicios y actores del sistema, por lo que no resulta técnicamente correcto convertirlas en una sola cifra de déficit.
La discusión de entonces tenía además un argumento central: una UPC insuficiente podía trasladar sus efectos desde las finanzas de las EPS hacia clínicas, hospitales, proveedores y finalmente pacientes. Vesga sostenía que la falta de recursos suficientes podía profundizar las dificultades de atención y que el aumento debía servir para comenzar a estabilizar el sistema.
La defensa de Acemi se produjo, además, en un momento en que la Corte Constitucional ya había puesto en cuestión la suficiencia de la UPC. En el Auto 007 de 2025, la Corte declaró un incumplimiento general del componente de suficiencia y ordenó revisar, entre otros aspectos, el rezago acumulado desde 2021, la siniestralidad, las frecuencias de uso y los ajustadores de riesgo.
El problema no terminó con esa decisión. En el Auto 504 de 2025, la Corte señaló que el Ministerio no había demostrado que la UPC fuera suficiente para cubrir todos los servicios y tecnologías financiados con ella, ni que la información necesaria para calcularla estuviera llegando de manera completa, oportuna y con la calidad requerida.
Ese antecedente judicial resulta fundamental porque evita reducir la posición de Acemi a una simple petición empresarial de mayores recursos. La Corte efectivamente identificó un problema de suficiencia y de metodología. Sin embargo, tampoco estableció que el porcentaje correcto fuera exactamente 15%, 15,6% o 17,33%.
El Gobierno de entonces tomó una decisión diferente. Para 2026 estableció un incremento de 9,03% para el régimen contributivo y de 16,49% para el subsidiado, con un aumento promedio de 12,94%. La decisión quedó plasmada en la Resolución 2764 de 2025.
La reacción de Vesga como presidenta de Acemi fue crítica. Consideró insuficiente el aumento del régimen contributivo y señaló que, descontada la inflación, el incremento real estaría alrededor de 4% a 4,5%. También advirtió sobre el impacto que tendría el aumento del salario mínimo en los costos del sistema, dado el peso de las nóminas en el gasto sanitario.
En ese momento, por tanto, Vesga hablaba desde la representación de las EPS del régimen contributivo. Su responsabilidad institucional era defender las condiciones financieras que, según Acemi, necesitaban las entidades afiliadas al gremio para garantizar la atención de sus usuarios y sostener su operación.
En 2026 el escenario institucional cambió. Vesga pasó de representar a las EPS agremiadas en Acemi a dirigir el Ministerio de Salud, entidad responsable de formular la política pública y participar en la determinación de la UPC. El cambio de posición no es un detalle menor: también cambió la función desde la cual se analiza el problema.
El 16 de septiembre de 2026, durante una reunión con el presidente del Senado, Honorio Henríquez, la ministra anticipó que el aumento de la UPC para 2027 estaría entre 12% y 13%. La cifra todavía no constituye la decisión definitiva para la próxima vigencia, sino una proyección basada en los análisis que adelanta el Ministerio.
Vesga explicó que el ejercicio toma como referencia información de 2025 y, particularmente, datos disponibles de nueve meses de ese año. El análisis considera el comportamiento del gasto y variables relacionadas con la frecuencia y severidad de los servicios utilizados por los afiliados.
La comparación inmediata resulta inevitable: quien en diciembre de 2025 decía que el incremento debía superar el 15% ahora plantea preliminarmente entre 12% y 13%. La diferencia es de varios puntos porcentuales y ha sido utilizada por el exministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo para cuestionar públicamente a su sucesora.
Jaramillo recordó que Vesga había reclamado “voluntad política” cuando estaba al frente de Acemi y preguntó públicamente dónde había quedado esa voluntad ahora que ocupa la cartera de Salud. Su cuestionamiento constituye una interpretación política de la diferencia entre ambas posiciones, no una demostración de que los dos cálculos debieran necesariamente coincidir.
La comparación tiene, sin embargo, una dificultad metodológica. La cifra defendida por Vesga en 2025 correspondía a la UPC de 2026, mientras que la cifra que plantea ahora corresponde a 2027. No son la misma vigencia ni parten necesariamente de la misma información.
También cambió la información disponible. El cálculo que Acemi defendía para 2026 se construyó sobre la información utilizada para el estudio de suficiencia de esa vigencia, mientras que Vesga ha explicado que el cálculo preliminar para 2027 incorpora datos de 2025 y el comportamiento observado del gasto. Por eso, comparar solamente los porcentajes puede ocultar las variables que produjeron la diferencia.
Hay otra diferencia institucional. Como presidenta de Acemi, Vesga defendía la posición de un gremio cuya función es representar los intereses de empresas de medicina integral. Como ministra, participa en una decisión estatal que debe considerar simultáneamente sostenibilidad financiera, recursos fiscales, suficiencia de la prima y garantía del derecho a la salud.
Eso no significa que la primera posición fuera necesariamente incorrecta o que la segunda sea necesariamente correcta. Significa que existe una modificación objetiva en el rol desde el cual Vesga formula sus argumentos y que esa modificación debe ser incorporada al análisis.
La propia Corte Constitucional ha advertido que determinar la suficiencia de la UPC es una tarea técnica compleja. El tribunal ha identificado problemas relacionados con la calidad de los datos, el rezago de la información, las frecuencias de uso, la siniestralidad y los mecanismos de ajuste por riesgo.
Por eso, la pregunta central no debería limitarse a por qué Vesga pasó de pedir más de 15% a proyectar 12%-13%. La pregunta más relevante es qué cambió en el modelo de cálculo, en las variables y en la información utilizada para que una misma funcionaria llegue ahora a una estimación diferente.
También será necesario conocer cuánto del cambio corresponde a una modificación de las condiciones económicas del sistema y cuánto a una modificación metodológica. Sin conocer esas variables, cualquier conclusión sobre una supuesta contradicción personal sería prematura.
El Gobierno, además, mantiene una posición diferente de la que defendía Acemi. El Ministerio ha sostenido durante 2026 que el problema del sistema no puede atribuirse exclusivamente a una supuesta falta de recursos y ha cuestionado la administración que las EPS hacen de los recursos públicos. El Gobierno también ha defendido el aumento de la UPC realizado para 2026 como técnicamente sustentado.
Ese argumento entra en tensión con la posición gremial que Vesga defendía meses atrás. Acemi sostenía que una prima insuficiente estaba contribuyendo a la crisis financiera de las EPS, mientras el Ministerio ha insistido en que las dificultades tienen también componentes relacionados con gestión, trazabilidad e inconsistencias en la información reportada.
La Corte introduce un elemento adicional que impide resolver la disputa a partir de una sola de esas narrativas. El tribunal ha reconocido tanto la existencia de problemas de suficiencia de la UPC como deficiencias en la información utilizada para calcularla. En otras palabras, la discusión técnica todavía no está completamente cerrada.
En este escenario, el anuncio de Vesga para 2027 no debería interpretarse como la confirmación de que el sistema necesita exactamente 12% o 13%. Es una proyección preliminar que deberá traducirse posteriormente en una decisión formal y cuya justificación técnica tendrá que poder ser examinada.
Tampoco el 17,33% defendido por Acemi para 2026 puede utilizarse automáticamente como parámetro para establecer cuánto debería aumentar la UPC en 2027. Fue un cálculo para otra vigencia y bajo otra posición institucional, aunque resulta relevante para reconstruir la evolución del debate.
La diferencia entre ambas etapas, sin embargo, sí plantea una pregunta de transparencia pública: ¿qué metodología concreta utilizará ahora el Ministerio y cómo explicará que sus resultados difieren de los cálculos que Vesga defendía cuando dirigía Acemi?
La respuesta adquiere mayor importancia porque la UPC no es simplemente un indicador contable. La Corte ha señalado que su suficiencia está relacionada con la sostenibilidad financiera del sistema y con la posibilidad efectiva de garantizar el acceso a los servicios de salud.
Así, el debate sobre Vesga no debería convertirse únicamente en una disputa entre la antigua presidenta de Acemi y la actual ministra de Salud. El verdadero asunto es determinar si el Estado cuenta hoy con una metodología suficientemente transparente, reproducible y respaldada por datos para establecer cuánto necesita el sistema por cada afiliado.
La transición de Vesga entre ambos cargos ofrece una oportunidad para hacer esa comparación con números. Poner frente a frente el cálculo de Acemi de 17,33%, la estimación de la ANDI de 15,6%, el 9,03% finalmente establecido para el contributivo en 2026 y el 12%-13% preliminar para 2027 permitiría identificar dónde están realmente las diferencias.
Por ahora, lo comprobable es que Vesga defendió desde Acemi un incremento superior al 15% para 2026 y que, como ministra, anticipa para 2027 un aumento de entre 12% y 13%. La diferencia es real; sus causas técnicas, en cambio, deberán demostrarse con la metodología y los datos que el Gobierno utilice para fijar la UPC de la próxima vigencia.
