El Gobierno de Abelardo De la Espriella presentó una nueva hoja de ruta para la política exterior colombiana, construida alrededor de seis metas: modernización de la Cancillería, defensa de la soberanía, seguridad hemisférica, reconstrucción de alianzas, competitividad económica y tecnológica, y cooperación internacional orientada a los intereses nacionales. El canciller Omar Bula presentó estos lineamientos ante el Congreso.
El documento parte de un diagnóstico político según el cual Colombia habría perdido soberanía y capacidad para enfrentar amenazas durante los últimos años. Bula también cuestionó el profesionalismo y la gestión del servicio exterior y sostuvo que el país necesita una política de Estado que trascienda los periodos presidenciales.
Ese diagnóstico constituye uno de los primeros puntos que pueden ser sometidos a escrutinio. La Cancillería presenta como hechos la pérdida de soberanía, el deterioro de la gestión y el congelamiento de proyectos, pero no acompaña la hoja de ruta con indicadores que permitan dimensionar esos fenómenos o comparar el desempeño de distintos gobiernos.
La primera meta propone modernizar la diplomacia mediante transformación digital, actualización de procesos, nuevos perfiles profesionales y una gestión basada en resultados verificables. También plantea desarrollar especialidades en diplomacia económica, comercial y cibernética.
La dificultad aparece cuando se intenta convertir esas declaraciones en mecanismos de evaluación. El documento habla de resultados medibles, pero no establece públicamente cuáles serán los indicadores utilizados para determinar si una embajada, un consulado o una política diplomática fue exitosa.
Tampoco queda definido cómo se mediría el desempeño de una actividad diplomática cuyo resultado puede producirse años después. Una negociación comercial, una alianza estratégica o una gestión consular pueden tener efectos que no sean fácilmente atribuibles a una sola administración.
La promesa de modernización también tendrá que enfrentar una pregunta presupuestal. La Cancillería anunció para 2027 un presupuesto de 1,683 billones de pesos y señaló que buscará optimizar el gasto, con énfasis en digitalización y tecnología.
Por ello, será necesario establecer cuánto de esos recursos se destinará efectivamente a la transformación tecnológica, cuánto a capacitación y cuánto a mantener la red diplomática y consular. Sin esa información, la modernización corre el riesgo de quedarse en una formulación administrativa difícil de auditar.
La segunda meta coloca la soberanía en el centro de la política exterior. El Gobierno plantea proteger las fronteras, rechazar cualquier forma de injerencia externa y defender los intereses de los colombianos dentro y fuera del país.
El problema no está en que la soberanía sea una prioridad. Es un principio inherente a la actuación internacional de los Estados. La cuestión es qué entiende exactamente el Gobierno por soberanía y cómo determinará cuándo una decisión internacional fortalece o limita esa soberanía.
El concepto puede abarcar desde la defensa territorial hasta la autonomía política, económica y tecnológica. Si no se establecen criterios concretos, la expresión puede terminar funcionando como una justificación amplia para decisiones muy diferentes entre sí.
La propia política exterior propuesta introduce una tensión entre soberanía y cooperación. El Gobierno quiere ampliar la cooperación internacional contra el crimen transnacional, atraer inversión y recuperar proyectos internacionales, pero al mismo tiempo sostiene que toda cooperación debe estar subordinada a los intereses nacionales y a decisiones soberanas.
Esa tensión no necesariamente es contradictoria, pero sí exige reglas. Una negociación internacional supone compromisos, coordinación y, en muchos casos, aceptación de estándares o condiciones compartidas. La hoja de ruta no explica qué ocurrirá cuando una cooperación considerada beneficiosa para Colombia implique asumir compromisos que el Gobierno considere inconvenientes.
La sexta meta es particularmente explícita. Bula afirmó que la cooperación internacional estará orientada “exclusivamente” a los intereses de Colombia y anunció una evaluación de los programas bilaterales y multilaterales existentes.
Aquí aparece una de las preguntas centrales de la nueva política: ¿quién determinará qué constituye el interés nacional? El documento no establece una metodología pública para definirlo ni explica cómo se resolverán eventuales conflictos entre intereses económicos, compromisos internacionales, derechos humanos, cooperación humanitaria y prioridades de seguridad.
La tercera meta concentra la política exterior en la seguridad hemisférica y la lucha contra el crimen transnacional. Narcotráfico, minería ilegal y otras economías ilícitas aparecen como amenazas prioritarias.
Es una prioridad particularmente relevante para Colombia, pero la concentración en seguridad deja menos visibles otras dimensiones de la diplomacia. El documento no desarrolla con el mismo nivel de detalle asuntos como migración, cambio climático, derechos humanos, diplomacia cultural o cooperación científica.
Esto no significa que esas materias desaparezcan de la Cancillería. Significa que no ocupan un lugar explícito entre las seis metas que el Gobierno presenta como la estructura de su nueva política exterior.
La diferencia es importante porque las prioridades de un Gobierno también se expresan en aquello que decide convertir en eje estratégico. Una agenda diplomática no solamente se define por las áreas que incluye, sino también por las que quedan subordinadas a otras prioridades.
La cuarta meta plantea reconstruir alianzas con países que compartan los valores de Colombia. Bula identificó esos valores como democracia, libertad, soberanía y Estado de derecho y anunció una posición de rechazo frente a regímenes autoritarios que, según el Gobierno, desestabilicen la región.
Aquí aparece otro margen de interpretación. Democracia, libertad y Estado de derecho son conceptos ampliamente reconocidos, pero la hoja de ruta no establece cómo se evaluará el comportamiento de los países con los que Colombia mantiene relaciones.
La pregunta será especialmente relevante cuando un país sea simultáneamente un socio económico, un aliado de seguridad y un Estado con cuestionamientos sobre sus instituciones democráticas. La estrategia no explica qué criterio tendrá prioridad en esas situaciones.
También será necesario observar si el principio se aplica de manera uniforme. La definición de alianzas basada en valores puede convertirse en un instrumento de política exterior coherente, pero su credibilidad dependerá de que los criterios sean aplicados de manera consistente a los distintos socios de Colombia.
El Gobierno ya ha comenzado a aplicar esa lógica en relaciones bilaterales. La Cancillería anunció, por ejemplo, una nueva etapa de cooperación con Israel en seguridad, inteligencia, ciberseguridad y lucha contra redes criminales, presentada como parte de la reconstrucción de alianzas estratégicas.
La relación con Estados Unidos también fue presentada como el inicio de una reconstrucción de la alianza estratégica, con énfasis en seguridad, energía, infraestructura, tecnología y minerales críticos.
Estos casos permiten observar una característica de la nueva orientación: las alianzas parecen evaluarse cada vez más por su utilidad para seguridad, soberanía y desarrollo económico. Esa es una definición legítima de política exterior, pero desplaza el centro de gravedad respecto de una diplomacia que puede otorgar mayor peso a agendas multilaterales, humanitarias o de derechos.
La salida de Colombia de la Equal Rights Coalition ofrece un ejemplo reciente de esa nueva jerarquización. El Gobierno explicó que, después de un análisis de sus prioridades, decidió que la participación en ese mecanismo no era prioritaria.
La decisión no elimina los derechos de las personas LGBTIQ+ en Colombia, como reconoció la propia Cancillería. Sin embargo, muestra que un mecanismo internacional especializado en igualdad dejó de estar entre las prioridades del Gobierno.
Ese episodio permite formular una pregunta más amplia sobre la sexta meta: ¿qué criterios utilizará la Cancillería para decidir qué organismos multilaterales y programas de cooperación continúan siendo útiles para Colombia y cuáles dejan de serlo?
La quinta meta introduce otra transformación: convertir la política exterior en una herramienta más directa de crecimiento económico. El Gobierno pretende atraer inversión, fortalecer el sector privado, aprovechar acuerdos comerciales, generar empleo y promover transferencia tecnológica.
La diplomacia económica no es nueva, pero en esta hoja de ruta aparece como una de las seis grandes prioridades estratégicas. Eso implica que los embajadores y consulados tendrán una función más directamente relacionada con los objetivos productivos del país.
El riesgo institucional consiste en que la rentabilidad económica inmediata termine desplazando objetivos diplomáticos cuyos beneficios son menos cuantificables. La política exterior puede producir ventajas económicas, pero también cumple funciones de representación, negociación política, protección consular y participación multilateral.
La hoja de ruta también habla de “reciprocidad” y “beneficio mutuo” como principios para las alianzas. Sin embargo, no explica cómo se determinará que los beneficios sean realmente recíprocos cuando Colombia negocia con países cuya capacidad económica, tecnológica o militar es considerablemente mayor.
Un acuerdo puede beneficiar a ambas partes y, al mismo tiempo, generar beneficios muy diferentes en magnitud. Por eso, la expresión “beneficio mutuo” necesita indicadores si se quiere utilizar como criterio para evaluar decisiones diplomáticas.
Otro punto cuestionable es la afirmación de que numerosos proyectos internacionales quedaron congelados durante los últimos cuatro años. Bula sostuvo que muchos acuerdos firmados o en proceso de aprobación no avanzaron y que otros países estarían esperando una relación más activa con Colombia.
Esas afirmaciones pueden ser investigadas, pero requieren evidencia. Una evaluación seria tendría que identificar los proyectos, sus fechas, sus estados de ejecución, las razones de sus retrasos y las entidades responsables de ellos.
Sin esa información, el diagnóstico sobre el Gobierno anterior permanece parcialmente en el terreno de la caracterización política. La nueva administración puede cambiar las prioridades, pero también debería demostrar con datos qué problemas concretos pretende corregir.
La hoja de ruta plantea además una pregunta sobre la continuidad institucional. Bula habló de una política de Estado para los próximos 20, 30 o 40 años, pero las seis metas están siendo formuladas por un Gobierno con prioridades políticas específicas.
Para que una política exterior sea realmente de Estado tendría que sobrevivir a los cambios de gobierno y contar con niveles suficientes de consenso institucional. De lo contrario, existe el riesgo de que cada administración redefina nuevamente qué significa soberanía, qué alianzas son estratégicas y qué cooperación resulta conveniente.
También queda poco desarrollada la dimensión migratoria y consular. La protección de los colombianos en el exterior aparece mencionada dentro de la defensa de los intereses nacionales, pero no existe una meta específica dedicada a migración, movilidad humana o atención consular.
Esto resulta relevante porque la Cancillería no es solamente el instrumento diplomático del Gobierno. También administra servicios consulares y atiende a una población colombiana residente fuera del país. La modernización anunciada debería permitir evaluar cómo las nuevas prioridades mejorarán concretamente esos servicios.
Los derechos humanos constituyen otro punto de seguimiento. No desaparecen del marco jurídico ni de las obligaciones internacionales de Colombia, pero dejan de aparecer como una de las seis metas explícitas de la nueva hoja de ruta.
Ese cambio de énfasis adquiere importancia después de la salida de la Equal Rights Coalition. La Cancillería sostiene que esa decisión no afecta los derechos protegidos en Colombia, pero el episodio permite observar cómo el Gobierno está reordenando la importancia relativa de determinados espacios internacionales.
En última instancia, el problema de la nueva hoja de ruta no está necesariamente en sus objetivos. Soberanía, seguridad, modernización, crecimiento económico y cooperación son objetivos legítimos de cualquier Estado.
El principal desafío está en convertir conceptos amplios en decisiones verificables. “Interés nacional”, “soberanía”, “beneficio mutuo”, “resultados medibles” y “países que comparten nuestros valores” necesitan criterios que permitan determinar cuándo se cumplen y cuándo no.
La nueva política exterior también tendrá que demostrar que sus prioridades pueden coexistir. Colombia necesita cooperación para combatir el crimen transnacional, inversión extranjera para crecer, alianzas para fortalecer su seguridad y participación internacional para defender sus intereses. Pero esas relaciones también implican compromisos y límites.
Por eso, las preguntas más importantes comenzarán cuando las seis metas entren en conflicto: qué ocurrirá cuando un socio estratégico tenga cuestionamientos democráticos, cuando una inversión entre en tensión con una política ambiental, cuando una cooperación implique condiciones internacionales o cuando un compromiso multilateral no produzca beneficios económicos inmediatos.
La hoja de ruta de Omar Bula presenta así una política exterior más explícitamente orientada hacia la soberanía, la seguridad y el desarrollo económico. El Gobierno ha anunciado que evaluará los programas existentes y alineará la red diplomática con esas prioridades.
El verdadero examen, sin embargo, no estará solamente en los discursos. Estará en las decisiones sobre qué relaciones se fortalecen, cuáles se debilitan, qué organismos internacionales dejan de considerarse prioritarios, qué inversiones llegan, qué cooperación se mantiene y cómo se medirán los resultados.
La cuestión de fondo será entonces si esta estrategia consigue convertirse en una política exterior de Estado, como propone el propio canciller, o si termina siendo principalmente la política exterior del Gobierno que la formuló. La respuesta dependerá menos de sus seis enunciados que de los criterios, recursos, indicadores y decisiones concretas que los acompañen.
