El Gobierno nacional anunció la entrada en vigor del Decreto 271 de 2026 del Ministerio del Trabajo, mediante el cual se crea la Red de Protección Social para la Vida de los recicladores de oficio, una iniciativa orientada a ampliar la cobertura de seguridad social para esta población históricamente vulnerable y reconocida por la Corte Constitucional como sujeto de especial protección. La medida busca garantizar el acceso efectivo a servicios de salud, pensión, protección económica para la vejez y cobertura frente a riesgos laborales.
La nueva red está dirigida específicamente a recicladores y recicladoras de oficio que desarrollan su actividad como trabajadores independientes y que se encuentran asociados a organizaciones formalmente reconocidas de aprovechamiento de residuos, especialmente aquellos cuyos ingresos mensuales son inferiores a un salario mínimo legal vigente. El decreto incorpora esta protección dentro del marco del Sistema Integral de Seguridad Social colombiano.
Uno de los principales componentes de la norma es la garantía de permanencia de los recicladores en el régimen subsidiado de salud. Asimismo, establece que aquellas personas que aún no se encuentren afiliadas deberán ser priorizadas por las entidades territoriales para acceder a la cobertura del Sistema General de Seguridad Social en Salud, con el fin de reducir las barreras de acceso que históricamente ha enfrentado esta población.
En materia pensional, el decreto contempla la incorporación de los recicladores al Programa de Subsidio al Aporte en Pensión (PSAP), mecanismo que permite subsidiar parcialmente las cotizaciones al sistema pensional para trabajadores independientes y personas con ingresos limitados. Esta medida busca facilitar la acumulación de semanas y aumentar las posibilidades de acceso a una pensión futura.
La norma también fortalece la protección económica para la vejez mediante la vinculación de los recicladores al programa de Beneficios Económicos Periódicos (BEPS), administrado por Colpensiones. A través de este esquema, los trabajadores podrán realizar aportes voluntarios que recibirán un incentivo estatal equivalente al 20 % del ahorro acumulado, permitiéndoles acceder a un ingreso periódico durante la etapa de retiro.
El Decreto 271 establece además que las organizaciones de recicladores podrán realizar contribuciones al programa BEPS en calidad de terceros aportantes. El valor de estos aportes podrá alcanzar hasta el 5 % del ingreso mensual del reciclador, siempre que se garantice la sostenibilidad financiera de las organizaciones y se respeten los límites establecidos por la regulación vigente.
Otro de los aspectos centrales de la nueva red es la afiliación obligatoria de los recicladores al Sistema General de Riesgos Laborales. La responsabilidad de efectuar la afiliación y realizar los aportes recaerá en las organizaciones de recicladores, con el objetivo de brindar cobertura frente a accidentes y enfermedades asociadas a una actividad que históricamente ha estado expuesta a múltiples riesgos ocupacionales.
El decreto contempla igualmente la posibilidad de que los recicladores adultos mayores que cumplan los requisitos legales puedan ser incorporados al programa Colombia Mayor, ampliando así los mecanismos de protección social dirigidos a quienes se encuentran en condiciones de vulnerabilidad económica durante la vejez.
Para garantizar la implementación de la medida, el Gobierno estableció un esquema de articulación entre el Ministerio del Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Vivienda, Colpensiones, Prosperidad Social, la Superintendencia de Servicios Públicos y las entidades territoriales. Este sistema permitirá el intercambio de información, la actualización de censos y la operación de los mecanismos de afiliación y recaudo.
Con la creación de la Red de Protección Social para la Vida de los recicladores de oficio, el Gobierno busca avanzar en la formalización progresiva y la dignificación laboral de una población fundamental para el aprovechamiento de residuos y la economía circular del país. La medida reconoce el aporte ambiental y social de miles de recicladores y establece un nuevo marco institucional para fortalecer su inclusión y protección social.
