El Ministerio del Trabajo puso en consulta un proyecto de decreto que busca reglamentar las relaciones laborales de los deportistas profesionales y los integrantes de los cuerpos técnicos, una iniciativa que podría convertirse en la reforma más profunda que ha experimentado el fútbol colombiano en materia laboral. El borrador desarrolla disposiciones de la reforma laboral y pretende dejar claro que, cuando exista subordinación, remuneración y prestación personal del servicio, el vínculo entre clubes y deportistas deberá regirse por un contrato de trabajo.
La propuesta establece que futbolistas, entrenadores, preparadores físicos, médicos y demás integrantes de los cuerpos técnicos deberán estar vinculados mediante contratos laborales cuando se configure una relación propia del derecho del trabajo. Esto implica el reconocimiento de prestaciones sociales, afiliación al sistema de seguridad social, vacaciones, licencias, protección frente a accidentes laborales y la posibilidad de acudir a la jurisdicción laboral en caso de conflictos con los clubes.
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto consiste en adaptar la jornada laboral al funcionamiento del deporte profesional. El decreto reconoce que entrenamientos, concentraciones, desplazamientos, recuperación física y partidos hacen parte del tiempo de trabajo, por lo que deberán contabilizarse dentro de los límites previstos por la legislación laboral. Asimismo, incorpora reglas sobre descansos obligatorios entre competencias y periodos mínimos de recuperación, una materia que hasta ahora había permanecido prácticamente sin regulación específica.
Sin embargo, uno de los mayores efectos del proyecto recaería sobre el fútbol femenino. Durante años, buena parte de las futbolistas profesionales han denunciado contratos de corta duración, temporadas reducidas, dificultades para acceder a seguridad social y diferencias sustanciales frente a las condiciones ofrecidas a los hombres. El Gobierno considera que la reglamentación permitiría cerrar parte de esas brechas mediante la aplicación integral del derecho laboral.
El borrador incorpora expresamente el principio de igualdad salarial entre hombres y mujeres cuando desempeñen un trabajo de igual valor y bajo condiciones equivalentes. Aunque ese principio ya hace parte de la legislación colombiana, el decreto pretende hacerlo plenamente exigible dentro del deporte profesional. Esto significa que las diferencias de remuneración no podrán justificarse únicamente por razones de sexo cuando las funciones y responsabilidades sean comparables.
No obstante, el proyecto no resuelve todos los problemas estructurales del fútbol femenino colombiano. El decreto no obliga a la Dimayor ni a la Federación Colombiana de Fútbol a organizar una liga más extensa, mantener competencias durante todo el año o garantizar un número mínimo de partidos por temporada. Es decir, fortalece las condiciones laborales de quienes sean contratadas, pero no modifica directamente el calendario deportivo ni la sostenibilidad económica del campeonato.
Desde el Gobierno se argumenta que la iniciativa busca corregir una situación histórica en la que muchos clubes han utilizado figuras civiles o comerciales para vincular a deportistas que, en la práctica, cumplen horarios, reciben órdenes permanentes y desarrollan su actividad bajo subordinación. En esas circunstancias, el Ministerio sostiene que deben aplicarse plenamente las garantías previstas en el Código Sustantivo del Trabajo y en la reforma laboral recientemente aprobada.
Los clubes y algunos dirigentes del fútbol profesional han expresado reservas frente a la propuesta. Consideran que la aplicación estricta de la jornada laboral, los nuevos descansos y las mayores obligaciones prestacionales podrían incrementar considerablemente los costos de operación y obligar a replantear la forma como actualmente se organizan entrenamientos, concentraciones y calendarios de competencia. También advierten que el impacto económico podría sentirse con mayor fuerza en instituciones con menores ingresos.
En el caso del fútbol femenino, las discusiones adquieren una dimensión adicional. Diversas organizaciones de jugadoras consideran que el decreto representa un avance significativo hacia la profesionalización de la actividad, al garantizar derechos laborales que durante años fueron reclamados por las futbolistas. Sin embargo, también sostienen que esas garantías deberán complementarse con una liga estable, de mayor duración y financieramente sostenible para que la profesionalización sea efectiva.
Mientras el proyecto permanece en etapa de consulta pública, el debate ya enfrenta dos visiones sobre el futuro del deporte profesional colombiano. Para el Gobierno, el decreto busca equiparar el fútbol con cualquier otra actividad laboral y garantizar derechos mínimos a quienes viven de él. Para parte de los clubes, en cambio, la regulación podría alterar el modelo económico sobre el que ha funcionado el fútbol profesional durante décadas. En el caso de las mujeres, de aprobarse el texto en los términos propuestos, el impacto podría marcar un antes y un después en la historia laboral del fútbol femenino colombiano.
