La decisión del Gobierno de Abelardo de la Espriella de desmontar las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA) abrió un debate sobre el futuro de los terrenos rurales que habían sido delimitados para proteger su vocación agropecuaria. Además de las consecuencias para la producción de alimentos, la medida plantea interrogantes por los intereses económicos que podrían beneficiarse de la modificación de las restricciones sobre el uso del suelo, especialmente en territorios donde existen títulos y solicitudes de explotación minera.
Una investigación publicada por la revista CAMBIO identificó solicitudes mineras que se superponen con más de 10.000 hectáreas de antiguas APPA en La Guajira y Santander. Los registros incluyen proyectos relacionados con la búsqueda de oro, cobre, plata y otros minerales, en zonas donde las declaratorias habían establecido condiciones especiales para proteger la producción agropecuaria.
Los hallazgos permiten establecer una coincidencia geográfica entre terrenos que perdieron o podrían perder esa protección y áreas de interés para la actividad minera. Sin embargo, esa superposición no demuestra por sí sola que el Gobierno haya desmontado las APPA con el propósito de favorecer a empresas o particulares interesados en desarrollar proyectos extractivos.
El asunto resulta relevante porque las APPA fueron concebidas como instrumentos de ordenamiento territorial para proteger suelos estratégicos destinados a la producción de alimentos. Su retiro puede modificar las condiciones bajo las cuales se evalúan proyectos económicos en esos terrenos, entre ellos iniciativas de exploración y explotación de minerales.
Durante el gobierno de Gustavo Petro se delimitaron cerca de un millón de hectáreas de APPA en 59 municipios del país. La figura buscaba impedir que actividades incompatibles con la vocación agropecuaria desplazaran la producción de alimentos en terrenos considerados estratégicos.
Con la llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia, su administración comenzó a retirar algunas de esas declaratorias. El Ministerio de Agricultura argumentó que existían problemas técnicos en las delimitaciones, inconsistencias cartográficas y dificultades relacionadas con los procedimientos de consulta y las competencias de las autoridades territoriales.
El desmonte, no obstante, generó cuestionamientos porque las áreas delimitadas no solamente estaban relacionadas con actividades agrícolas y ganaderas. En algunos municipios también existían títulos mineros, solicitudes de exploración y proyectos de interés para empresas dedicadas a la búsqueda de recursos naturales.
Las solicitudes mineras que coinciden con las antiguas APPA
Uno de los casos identificados corresponde al municipio de Urumita, en La Guajira. Allí, la compañía canadiense Max Resource, a través de su subsidiaria en Colombia, presentó dos solicitudes mineras que se superponen con aproximadamente 3.100 hectáreas de la antigua área de protección agropecuaria.
La primera solicitud fue radicada el 3 de agosto de 2026 y la segunda el 20 de agosto del mismo año. Los proyectos contemplan la búsqueda de minerales como cobre, oro y plata, de acuerdo con los registros examinados en la investigación periodística.
Ambas solicitudes se encontraban en evaluación ante la Agencia Nacional de Minería (ANM). Esto significa que su presentación no representaba la aprobación de un título ni una autorización para comenzar actividades de explotación.
La cronología también es importante para examinar el caso. Las solicitudes fueron presentadas antes de que se anunciara el retiro de las APPA en La Guajira, por lo que su existencia no permite concluir que la empresa hubiera radicado los documentos como consecuencia de la decisión gubernamental.
Sin embargo, el retiro de la protección agropecuaria podría modificar las condiciones territoriales que deben tenerse en cuenta para el desarrollo de esos proyectos. Por eso, el caso de Urumita se convirtió en uno de los puntos de interés para establecer qué actividades económicas podrían avanzar después de las derogatorias.
Otro caso se encuentra en El Carmen de Chucurí, Santander. Allí, Guillermo Matíz Martínez presentó el 12 de agosto de 2026 una solicitud minera sobre un polígono de aproximadamente 7.500 hectáreas.
La solicitud contempla la búsqueda de oro, plata, platino, plomo, titanio y vanadio. Al igual que las iniciativas de Urumita, permanecía en evaluación y no constituía por sí misma una autorización para explotar los recursos.
El caso adquiere relevancia porque el Gobierno también preparaba el retiro de las APPA de El Carmen de Chucurí y San Vicente de Chucurí. De concretarse esa decisión, los terrenos involucrados dejarían de contar con las restricciones específicas asociadas a esa figura de protección agroalimentaria.
La coincidencia entre las solicitudes y las áreas delimitadas plantea preguntas sobre los posibles beneficiarios de las decisiones del Ministerio de Agricultura. También obliga a examinar si las autoridades evaluaron los efectos que tendría el retiro de las protecciones sobre los proyectos mineros que ya estaban en trámite.
Los títulos mineros también se superponen con áreas protegidas
Las solicitudes recientes no son el único elemento que aparece en los registros. La investigación de CAMBIO también identificó títulos mineros que se superponían con terrenos incluidos en las antiguas APPA de distintos departamentos.
En La Guajira, la superficie con superposición minera alcanzaría 29.752 hectáreas, equivalentes al 37,28 % del área de protección examinada. De esa extensión, aproximadamente 14.339 hectáreas estaban asociadas a títulos en explotación.
El dato muestra que la relación entre la minería y las áreas de protección no se limita a proyectos que apenas buscan obtener autorización. También existen actividades mineras vinculadas con títulos que ya estaban registrados cuando se establecieron las APPA.
En Antioquia, la investigación reportó una superposición de 12.125 hectáreas, relacionada con 213 registros de títulos y 42 zonas reservadas. En Córdoba, la superficie identificada alcanzaría 15.590 hectáreas, con 32 registros de títulos mineros.
Estas cifras deben interpretarse con cautela. La existencia de un título minero sobre un terreno no significa que toda su extensión esté siendo explotada, ni que las actividades se desarrollen de manera simultánea en cada hectárea del polígono. Tampoco implica que todos los titulares tengan proyectos nuevos o que estén actuando por fuera de la legislación.
Lo que sí permiten establecer los registros es que la delimitación de las APPA coincidió con territorios donde existían intereses mineros. Por esa razón, el retiro de las declaratorias puede tener efectos sobre las condiciones de desarrollo de actividades económicas en esas zonas.
¿Qué cambia con el desmonte de las APPA?
Las Áreas de Protección para la Producción de Alimentos no fueron concebidas como una prohibición absoluta de cualquier actividad minera. Su propósito era establecer determinantes de ordenamiento territorial para proteger los terrenos considerados estratégicos para la producción agropecuaria.
En ese sentido, la figura imponía condiciones y restricciones sobre los usos del suelo, especialmente frente a actividades que pudieran comprometer la vocación agrícola de los terrenos. Su aplicación también debía considerar las características de cada territorio y las posibilidades de coexistencia entre determinadas actividades.
Los documentos técnicos de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) contemplaban escenarios en los que algunas actividades mineras podían coexistir con la producción agropecuaria, dependiendo de sus características y de las condiciones establecidas para cada caso.
Por ejemplo, los análisis técnicos distinguían entre distintos tipos de materiales y modalidades de explotación, al considerar que ciertas actividades subterráneas podían tener condiciones diferentes a las de proyectos que implicaran transformaciones más amplias de la superficie.
Por eso, el retiro de una APPA no significa que una empresa pueda comenzar a explotar minerales automáticamente. La derogatoria elimina las restricciones específicas asociadas a esa declaratoria, pero los interesados siguen obligados a cumplir los requisitos del régimen minero, las exigencias ambientales y los demás procedimientos aplicables.
Tampoco significa que desaparezcan todas las figuras de protección ambiental o territorial que puedan existir en esos municipios. Las áreas protegidas bajo otros instrumentos, las normas ambientales y las competencias de las autoridades correspondientes mantienen su vigencia.
La consecuencia principal es que cambia el marco de ordenamiento relacionado con la protección de la producción de alimentos. Esto puede modificar las condiciones para tramitar proyectos económicos y abre la posibilidad de que algunas iniciativas mineras encuentren menos restricciones asociadas a la vocación agropecuaria del suelo.
Los argumentos del Gobierno
El Ministerio de Agricultura ha defendido el retiro de las APPA con argumentos relacionados con presuntas fallas técnicas en las delimitaciones realizadas durante la administración anterior.
Entre los cuestionamientos oficiales aparecen inconsistencias cartográficas, dificultades en los procedimientos de consulta previa y posibles afectaciones a las competencias de los municipios para ordenar sus territorios.
La administración sostiene que las declaratorias deben cumplir los procedimientos legales y técnicos correspondientes, y que las autoridades territoriales tienen competencias que deben ser respetadas en la planificación de sus suelos rurales.
Estos argumentos abren otro frente de discusión: determinar si las derogatorias responden efectivamente a problemas técnicos y jurídicos de las delimitaciones o si sus consecuencias pueden favorecer intereses económicos particulares.
Para establecerlo no basta con identificar que existen solicitudes mineras en las antiguas APPA. También es necesario revisar los documentos que sustentaron las decisiones del Gobierno, las razones específicas para retirar cada declaratoria y las evaluaciones sobre las actividades económicas que podrían desarrollarse posteriormente.
El análisis debe considerar, además, qué información tuvo en cuenta el Ministerio sobre los títulos y solicitudes mineras existentes. Si las autoridades conocían las superposiciones, resulta relevante establecer si evaluaron sus posibles efectos sobre la producción agropecuaria y la seguridad alimentaria de las comunidades.
¿Quiénes podrían beneficiarse?
La identificación de los posibles beneficiarios es uno de los asuntos centrales para profundizar en esta discusión. Los registros de la Agencia Nacional de Minería permiten conocer quiénes presentaron solicitudes, quiénes son titulares de concesiones y cuáles son las áreas relacionadas con sus proyectos.
En el caso de Urumita aparece Max Resource, empresa canadiense que presentó dos solicitudes para buscar minerales en terrenos que se superponen con la antigua APPA. En El Carmen de Chucurí figura Guillermo Matíz Martínez, quien radicó una solicitud sobre un polígono de aproximadamente 7.500 hectáreas.
Sin embargo, la existencia de esos intereses no demuestra que sus titulares hayan intervenido en las decisiones del Gobierno ni que exista una relación entre ellos y los funcionarios responsables de las derogatorias.
Para establecer si hubo un favorecimiento particular sería necesario revisar posibles reuniones, comunicaciones, gestiones ante el Ministerio de Agricultura y decisiones administrativas que permitan reconstruir la relación entre los solicitantes y el proceso de desmonte.
También habría que determinar si las solicitudes mineras avanzaron después de las derogatorias, si recibieron títulos y si posteriormente obtuvieron los permisos ambientales correspondientes. La comparación entre el estado de los proyectos antes y después de las decisiones permitiría establecer qué cambios concretos se produjeron.
Otro elemento que requiere seguimiento es la titularidad de las empresas y los derechos mineros. Identificar a los beneficiarios reales, sus accionistas y eventuales relaciones empresariales permitiría conocer con mayor precisión quiénes podrían obtener ventajas económicas de los cambios en el ordenamiento territorial.
Una discusión que trasciende la minería
El debate sobre las APPA también involucra la seguridad alimentaria y el futuro de las economías rurales. La protección de esos terrenos buscaba evitar que suelos estratégicos fueran desplazados por actividades económicas que pudieran comprometer su capacidad productiva.
Por eso, las consecuencias de las derogatorias no se limitan a las empresas mineras. También afectan la discusión sobre la planificación del territorio, las actividades agrícolas y ganaderas, y las condiciones de vida de las comunidades que dependen de la producción agropecuaria.
En municipios donde coinciden intereses mineros y terrenos de alta capacidad agrícola, las autoridades deben establecer cómo se resolverán los conflictos entre los distintos usos del suelo. El retiro de una figura de protección no elimina la necesidad de evaluar los impactos económicos, sociales y ambientales de los proyectos.
La discusión también plantea interrogantes sobre la coherencia de la política pública. Si el Estado había delimitado esas áreas para proteger la producción de alimentos, debe explicar qué instrumentos reemplazarán esa protección y cómo evitará que los terrenos estratégicos queden expuestos a transformaciones incompatibles con su vocación agropecuaria.
Los casos de La Guajira y Santander muestran que el desmonte de las APPA puede tener efectos sobre territorios donde ya existen solicitudes mineras concretas. Los registros de Antioquia y Córdoba, por su parte, evidencian que la superposición entre minería y áreas agropecuarias protegidas también aparece en otras regiones.
La información disponible permite establecer una coincidencia territorial entre el retiro de las protecciones y los intereses mineros, pero todavía no demuestra que la política gubernamental haya sido diseñada para beneficiar a empresas específicas.
El punto central será determinar quiénes obtendrán ventajas económicas con las derogatorias, qué proyectos podrán avanzar y cuáles fueron las razones técnicas y jurídicas que llevaron al Gobierno a retirar las declaratorias.
En últimas, la controversia no consiste únicamente en establecer si la minería puede desarrollarse en terrenos que habían sido considerados estratégicos para la producción de alimentos. También implica examinar si el Gobierno evaluó las consecuencias de sus decisiones, qué garantías tendrá la actividad agropecuaria y si el retiro de las APPA terminó favoreciendo intereses mineros que ya tenían presencia en esos territorios.
