La muerte de un ciudadano colombiano de 26 años durante un operativo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) en Biddeford, Maine, volvió a colocar bajo escrutinio los protocolos de actuación de la agencia federal. El caso ha despertado preocupación porque, según información posteriormente confirmada por el propio Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el joven colombiano no era el objetivo de la operación migratoria.,
El episodio ocurrió pocos días después de otro hecho que ya había generado una fuerte reacción nacional: la muerte del ciudadano mexicano Lorenzo Salgado Araujo, de 52 años, abatido por un agente de ICE en Houston cuando se dirigía a su trabajo. En ambos casos, las autoridades sostuvieron inicialmente que los agentes dispararon porque los conductores utilizaron sus vehículos como un arma, mientras familiares, testigos y organizaciones civiles cuestionaron esa versión y exigieron investigaciones independientes.,
En el caso del colombiano, uno de los elementos que más controversia generó fue la rectificación oficial. El senador independiente Angus King reveló que el DHS primero le informó que la víctima era el objetivo del operativo, pero posteriormente corrigió esa afirmación y reconoció que no era la persona buscada. Ese cambio alimentó las dudas sobre la planeación de la intervención y sobre el uso de la fuerza letal por parte de los agentes.
Organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes sostienen que el joven colombiano residía legalmente en Estados Unidos, contaba con autorización para trabajar, tenía número de Seguro Social y vivía con su esposa y su hija. Para estos colectivos, esos elementos refuerzan la necesidad de esclarecer por qué terminó involucrado en un operativo dirigido contra otra persona y si existían alternativas distintas al uso de armas de fuego.
En Houston, las críticas adquirieron una dimensión similar tras la muerte de Lorenzo Salgado Araujo. Su familia afirmó que llevaba cerca de 35 años viviendo en Estados Unidos, trabajaba en el sector de la construcción y se encontraba adelantando un proceso de regularización migratoria. La familia y diversas organizaciones sostienen que el operativo terminó con la muerte de una persona que no representaba una amenaza letal, una versión que contrasta con la explicación ofrecida por ICE.,
Las organizaciones de derechos humanos y de defensa de migrantes han coincidido en varias exigencias. Entre ellas se encuentran la apertura de investigaciones verdaderamente independientes, la preservación de todas las pruebas disponibles, la divulgación completa de la evidencia y la implementación obligatoria de cámaras corporales para los agentes de ICE durante los operativos. También han pedido revisar los protocolos de identificación de los funcionarios y los procedimientos para el uso de la fuerza.
En el caso Salgado Araujo, congresistas demócratas y dirigentes comunitarios participaron en vigilias y actos públicos para exigir transparencia. Durante esos eventos cuestionaron que la versión oficial no estuviera respaldada por grabaciones de cámaras corporales y recordaron que, en otros episodios recientes, reconstrucciones audiovisuales terminaron contradiciendo las primeras explicaciones entregadas por las autoridades federales.,
El debate también ha cobrado fuerza porque investigaciones periodísticas y videos de vigilancia difundidos posteriormente pusieron en duda algunos aspectos de la narrativa oficial sobre la muerte de Lorenzo Salgado Araujo. Diversos medios señalaron que las imágenes disponibles no parecen respaldar completamente la hipótesis de que el conductor hubiera intentado embestir deliberadamente a un agente, aunque las investigaciones oficiales siguen abiertas y no existe una conclusión definitiva.
Otro elemento que ha llamado la atención de organizaciones civiles es el aumento de muertes asociadas a operativos migratorios durante la actual campaña de reforzamiento de la política de deportaciones. Medios estadounidenses han señalado que el caso de Lorenzo Salgado Araujo se encontraba entre al menos los más recientes fallecimientos ocurridos en intervenciones de ICE desde el inicio de esa estrategia, y la muerte del colombiano en Maine volvió a ampliar ese registro.,
Dentro de ese balance no solo aparecen ciudadanos extranjeros. En meses anteriores también se registraron incidentes mortales que involucraron a ciudadanos estadounidenses durante operaciones de inmigración, lo que amplió el debate más allá de la política migratoria y lo llevó hacia la discusión sobre los estándares de uso de la fuerza, la rendición de cuentas y la supervisión de las agencias federales. ([Le Monde.fr
El Gobierno de Estados Unidos, por su parte, sostiene que los agentes actuaron en legítima defensa cuando percibieron un riesgo inminente para su integridad física. Esa será precisamente una de las cuestiones centrales que deberán resolver las investigaciones adelantadas por el FBI, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional y las autoridades estatales competentes, tanto en el caso de Maine como en el de Houston.,
La Cancillería de Colombia informó que, a través del consulado correspondiente, brinda asistencia a la familia del colombiano fallecido y hace seguimiento a la investigación adelantada por las autoridades estadounidenses. Aunque hasta el momento no ha emitido una nota de protesta formal ni una condena oficial contra el Gobierno de Estados Unidos, congresistas y dirigentes políticos han solicitado que Bogotá exija una investigación exhaustiva del operativo y pida explicaciones a Washington, al sostener que la víctima no era el objetivo de la intervención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
A estos llamados se han sumado organizaciones de derechos humanos y de defensa de los migrantes, que expresaron preocupación por el aumento de muertes durante operativos de esa agencia y reclamaron que el Estado colombiano acompañe el caso hasta que se esclarezcan plenamente los hechos y se determinen las responsabilidades. Por su parte, al momento de escribir esta nota no se conoce ningún pronunciamiento de parte del presidente electo Abelardo de La Espriella.
Mientras avanzan esas pesquisas, los dos casos han comenzado a ser analizados conjuntamente por organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes como ejemplos de los desafíos que enfrenta la política de control migratorio cuando se recurre al uso de la fuerza letal. Para esos colectivos, el objetivo no es únicamente establecer responsabilidades individuales, sino determinar si existen fallas estructurales en los protocolos de ICE que requieran reformas profundas para evitar que nuevos operativos terminen con la muerte de personas que, en algunos casos, ni siquiera eran los objetivos de las acciones federales.
