La estrategia de seguridad del presidente de Ecuador, Daniel Noboa, enfrenta una contradicción: mientras el Gobierno intensifica las operaciones militares y anuncia capturas de importantes cabecillas del crimen organizado, el país continúa enfrentando altos niveles de violencia y organizaciones criminales que se reorganizan y disputan el control de los territorios.
Un análisis publicado por InSight Crime advierte que la respuesta basada principalmente en el uso de la fuerza no ha conseguido debilitar de manera estructural a las redes criminales. Aunque las autoridades han obtenido resultados en operaciones específicas, estos no se han traducido en una reducción sostenida de la violencia.
La publicación identifica varios factores que explican las dificultades de Ecuador para contener a las organizaciones delictivas. Entre ellos están la expansión del narcotráfico, la corrupción, la fragmentación de las bandas y la incapacidad del Estado para recuperar el control efectivo de las cárceles.
El deterioro de la seguridad ecuatoriana se produjo en un periodo relativamente corto. El país, que durante años fue considerado uno de los más seguros de América Latina, terminó convertido en uno de los escenarios más críticos de la violencia asociada al crimen organizado en la región.
El crecimiento del tráfico de cocaína fue uno de los elementos que impulsó esa transformación. La ubicación geográfica de Ecuador, entre Colombia y Perú, dos de los principales productores mundiales de cocaína, y su infraestructura portuaria lo convirtieron en un territorio estratégico para las redes dedicadas al transporte internacional de drogas.
La disputa por las rutas, los puertos y los mercados ilegales fortaleció a diferentes organizaciones criminales. Al mismo tiempo, las alianzas y enfrentamientos entre grupos locales y estructuras transnacionales contribuyeron a extender la violencia a distintas zonas del país.
A este escenario se sumó la penetración de las redes criminales en instituciones estatales. La corrupción facilitó la operación de estas organizaciones y dificultó la capacidad de las autoridades para enfrentarlas, incluso en espacios que deberían estar bajo control del Estado.
La apuesta por la militarización
En enero de 2024, después de una escalada de violencia que incluyó la irrupción de hombres armados en un canal de televisión durante una transmisión en directo y la fuga de José Adolfo Macías, alias Fito, líder de Los Choneros, Noboa declaró la existencia de un «conflicto armado interno».
La decisión estuvo acompañada de la designación de 22 grupos criminales como organizaciones terroristas. Con esta medida, el Gobierno amplió el papel de las Fuerzas Armadas en las operaciones de seguridad y presentó el combate contra las bandas como una confrontación directa contra estructuras terroristas.
La estrategia también incluyó una mayor cooperación con Estados Unidos. Noboa estrechó la relación con la administración de Donald Trump y respaldó acciones de ese país contra embarcaciones sospechosas de transportar drogas.
La colaboración bilateral llegó incluso a operaciones militares en territorio ecuatoriano. Una de ellas estuvo dirigida contra un supuesto campamento de narcotraficantes. Sin embargo, el operativo fue cuestionado después de que habitantes de la zona y abogados especializados en derechos humanos señalaran, en declaraciones recogidas por The New York Times, que el lugar atacado correspondía a una finca ganadera y lechera.
Para InSight Crime, la intensificación de las acciones militares no ha sido suficiente para modificar las condiciones que permiten la permanencia de las organizaciones criminales. La presión sobre sus integrantes puede producir resultados inmediatos, pero no necesariamente desarticula sus redes económicas, sus alianzas o sus mecanismos de control territorial.
Uno de los ejemplos de esa dificultad está en las capturas de los principales jefes de las bandas. En junio de 2025, las autoridades ecuatorianas capturaron a Fito, quien posteriormente fue extraditado a Estados Unidos. Su detención representó un golpe contra Los Choneros, pero no significó la desaparición de la organización ni de las disputas relacionadas con sus actividades ilegales.
Otro caso fue el de Wilmer Chavarría, conocido como Pipo, identificado como uno de los principales líderes de Los Lobos. Fue detenido en España en noviembre de 2025, en una operación que tuvo repercusiones en la estructura criminal ecuatoriana.
También figura William Joffre Alcívar Bautista, alias Willy, relacionado con Los Tiguerones. Fue detenido en España en octubre de 2024, pero quedó en libertad en diciembre de 2025, después de que Ecuador no entregara dentro del plazo establecido las garantías requeridas por las autoridades españolas sobre su integridad en prisión en caso de extradición.
Estos episodios muestran que las operaciones contra los cabecillas no dependen únicamente de la capacidad de las autoridades para localizarlos y detenerlos. También requieren coordinación judicial y cooperación internacional para asegurar que los procedimientos tengan continuidad.
El problema de los vacíos de poder
El análisis de InSight Crime plantea que la captura o muerte de los líderes puede generar consecuencias distintas a las esperadas por las autoridades. En lugar de desmantelar una estructura, la salida de un jefe puede abrir una disputa por el control de la organización y de sus negocios ilegales.
La fragmentación de Los Choneros es uno de los ejemplos de este fenómeno. La pérdida de cohesión de la estructura y la disputa por el liderazgo contribuyeron a modificar el equilibrio entre las bandas que operan en Ecuador.
Los vacíos de poder también han alimentado enfrentamientos entre grupos como Los Chone Killers, Los Lobos y Los Tiguerones. Las organizaciones buscan ocupar los espacios que dejan sus rivales y conservar el control de territorios y actividades económicas ilegales.
En ese contexto, la captura de un cabecilla no necesariamente reduce la capacidad operativa de una banda. Las estructuras pueden reemplazar a sus dirigentes, dividirse en facciones o establecer nuevas alianzas para continuar sus actividades.
La violencia, por tanto, no depende exclusivamente de la permanencia de determinados jefes criminales. También está relacionada con las redes de colaboradores, las fuentes de financiación, el acceso a armas y las disputas por las rutas del narcotráfico.
Las cárceles, otro frente sin resolver
La crisis penitenciaria constituye otro de los principales desafíos para el Gobierno ecuatoriano. Durante años, las cárceles se convirtieron en escenarios de enfrentamientos entre organizaciones criminales, con episodios de masacres y asesinatos que evidenciaron la pérdida de control estatal sobre los centros de reclusión.
En enero de 2024, Noboa ordenó que las Fuerzas Armadas asumieran la seguridad interna de las prisiones. La medida buscaba recuperar el control de los establecimientos y limitar la capacidad de los grupos criminales para coordinar sus actividades desde el interior.
Posteriormente, en noviembre de 2025, el Gobierno trasladó a cientos de internos a El Encuentro, una cárcel de máxima seguridad construida como parte de su estrategia para aislar a los integrantes de las organizaciones delictivas.
Sin embargo, estas decisiones no consiguieron resolver la violencia penitenciaria. Según el balance citado por InSight Crime, durante 2025 se registraron más muertes violentas confirmadas en las cárceles que en los dos años anteriores sumados.
El dato evidencia que la presencia militar y la construcción de nuevos establecimientos no bastan para garantizar el control de las prisiones. La situación también exige enfrentar la corrupción, impedir que las bandas mantengan sus redes de influencia y fortalecer la administración del sistema penitenciario.
Un cambio en el enfoque de seguridad
En julio de 2026, Noboa adoptó un nuevo plan de seguridad que incorporó componentes sociales y económicos a la estrategia contra el crimen organizado. Entre sus objetivos aparecen la reducción del desempleo y de la deserción escolar, además del fortalecimiento de la cooperación internacional.
El cambio supone reconocer que la violencia no puede abordarse exclusivamente mediante operaciones policiales y militares. Las condiciones sociales que favorecen el reclutamiento de jóvenes y la expansión de las economías ilegales también forman parte del problema.
No obstante, InSight Crime advierte que el acercamiento de Noboa a Donald Trump y su respaldo a iniciativas regionales como el Escudo de las Américas indican que el componente militar continuará teniendo un peso importante en la política ecuatoriana.
El desafío para el Gobierno consiste en convertir los resultados de las operaciones en cambios duraderos. La detención de líderes, el despliegue de tropas y la recuperación temporal de determinados espacios necesitan complementarse con investigaciones contra las redes financieras, controles institucionales y políticas que reduzcan las condiciones que permiten la expansión de las bandas.
La experiencia ecuatoriana muestra que la presión militar puede alterar el funcionamiento de las organizaciones criminales, pero también puede provocar nuevas disputas cuando no está acompañada de una estrategia integral. La fragmentación de las estructuras, en lugar de poner fin a sus actividades, puede multiplicar los actores que compiten por el control de los negocios ilegales.
Así, la principal dificultad de Noboa no está únicamente en capturar a los máximos responsables de las bandas, sino en impedir que las organizaciones se reconstruyan, mantengan sus fuentes de financiación y continúen ejerciendo influencia dentro y fuera de las cárceles.
El balance presentado por InSight Crime apunta a una brecha entre las acciones militares del Gobierno y los resultados estructurales que necesita Ecuador para recuperar la seguridad. Mientras persistan la corrupción, las disputas territoriales, el poder económico del narcotráfico y la debilidad del sistema penitenciario, las capturas de cabecillas seguirán siendo resultados puntuales frente a un problema mucho más amplio.
