El Ministerio de Relaciones Exteriores declaró el 17 de septiembre la urgencia manifiesta para garantizar la continuidad de la expedición de pasaportes y visas colombianas, después de que una decisión judicial suspendiera provisionalmente los instrumentos asociados al nuevo modelo de documentos de viaje.
La Cancillería aseguró que, pese a la situación contractual, el servicio continúa con normalidad tanto en Colombia como en los consulados en el exterior. Las oficinas expedidoras mantienen su atención y las citas previamente asignadas continúan vigentes, sin que los ciudadanos deban realizar trámites adicionales.
La declaratoria se produjo en cumplimiento de lo ordenado por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el Auto Interlocutorio No. 504-09-2026 AP, del 2 de septiembre, dentro de una acción popular relacionada con el nuevo modelo de pasaportes.
En esa decisión, el Tribunal decretó como medida cautelar la suspensión provisional de la ejecución de los instrumentos asociados al nuevo modelo y ordenó adoptar las medidas necesarias para garantizar que el servicio no se interrumpiera. Posteriormente, el Tribunal negó las solicitudes de aclaración presentadas por las entidades involucradas y mantuvo vigente la suspensión.
El proceso judicial cuestiona aspectos relacionados con el esquema implementado para la producción, personalización, custodia y distribución de las nuevas libretas. Entre los asuntos señalados por el Tribunal aparecen la acreditación de soportes fiscales para comprometer vigencias futuras, la planeación contractual, el cumplimiento de los cronogramas y el estado real de la operación.
La controversia se produce alrededor del modelo que comenzó a implementarse este año y que involucró a la Imprenta Nacional de Colombia y a la Casa da Moeda de Portugal. La suspensión provisional afecta los instrumentos contractuales relacionados con ese esquema mientras continúa el proceso judicial.
Ante ese escenario, la Cancillería acudió al artículo 42 de la Ley 80 de 1993 para declarar la urgencia manifiesta. Se trata de un mecanismo excepcional de contratación que permite adoptar medidas inmediatas cuando resulta necesario garantizar la continuidad de un servicio.
Los contratos que se deriven de la declaratoria, según el Ministerio, tendrán carácter estrictamente transitorio y estarán limitados a lo indispensable para mantener la expedición de pasaportes y visas. La entidad no presentó esta figura como una solución permanente al problema contractual.
De manera paralela, la Cancillería comenzó a estructurar una nueva licitación pública para atender de forma permanente la necesidad. El Ministerio aseguró que ese proceso tendrá un cronograma definido, responsables establecidos y seguimiento mensual, bajo criterios de transparencia, planeación y responsabilidad.
La decisión también tendrá control fiscal. El acto administrativo que declaró la urgencia manifiesta, los contratos que se celebren con fundamento en ella y sus respectivos antecedentes deberán ser remitidos a la Contraloría General de la República para el ejercicio de sus competencias.
El episodio deja una tensión institucional entre la decisión judicial y la necesidad administrativa de mantener un servicio esencial para los ciudadanos. El Tribunal suspendió provisionalmente los instrumentos del nuevo modelo, pero también señaló que corresponde a las autoridades responsables definir las alternativas jurídicas, presupuestales y operativas para garantizar la continuidad del servicio.
Por ahora, la Cancillería busca mantener la expedición de pasaportes mientras se resuelve el futuro del modelo cuestionado ante la jurisdicción administrativa. La urgencia manifiesta funcionará como una salida temporal, mientras el Gobierno intenta construir mediante una nueva licitación el mecanismo contractual que deberá garantizar de manera permanente la producción y distribución de los documentos de viaje.
