El presidente Abelardo de la Espriella convirtió este martes una de sus principales promesas de campaña en una decisión de Gobierno: mediante el Decreto 1368 de 2026 levantó la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia.
La decisión significa que quienes cuentan con permisos de porte vigentes y cumplen las condiciones establecidas por la ley podrán volver a portar sus armas, después de varios años de restricciones generales. La medida no convierte el porte en un derecho automático para cualquier ciudadano.
El Gobierno sostiene que se trata de recuperar una herramienta de defensa personal para los ciudadanos que cumplen los requisitos legales y que la medida responde a una realidad: los delincuentes ya tienen acceso a armas ilegales.
Esa fue también una de las ideas centrales de la campaña presidencial de De la Espriella. Su propuesta partía de la premisa de que un ciudadano legalmente armado podría tener mayores posibilidades de defenderse frente a un delincuente que actúa por fuera de la ley.
El decreto convierte ahora esa promesa electoral en una política pública cuyo resultado tendrá que medirse con hechos y estadísticas, no solamente con argumentos políticos.
El Gobierno calcula que alrededor de 700.000 personas podrían volver a portar armas bajo el nuevo escenario, siempre que sus permisos estén vigentes y cumplan las condiciones legales.
Pero el debate no consiste únicamente en cuántas personas podrán llevar un arma. La pregunta fundamental es qué ocurre cuando una mayor cantidad de armas pasa de permanecer bajo controles específicos a acompañar a sus propietarios en espacios públicos.
La discusión adquiere especial relevancia en un país donde una parte importante de la violencia no ocurre necesariamente durante enfrentamientos planificados entre organizaciones criminales.
También existe violencia que comienza con una discusión, una riña, un conflicto familiar, una disputa entre vecinos o un incidente de tránsito.
En esos casos, el riesgo que plantea un arma no necesariamente depende de que su propietario sea un delincuente. Puede bastar una reacción impulsiva, una manipulación inadecuada o una decisión tomada en segundos.
Una tragedia ocurrida en Cali precisamente este lunes volvió a colocar esa dimensión del problema en el centro de la discusión nacional.
Una niña de cinco años murió después de recibir un disparo dentro de una vivienda del barrio San Marino, en el oriente de Cali. Según la información preliminar entregada por las autoridades, la menor se encontraba con su hermano de siete años y ambos estarían manipulando un arma cuando se produjo el disparo.
El caso está bajo investigación y todavía no existe información suficiente para establecer todas las circunstancias del hecho, incluida la procedencia y situación legal del arma.
Pero el caso sí permite observar uno de los riesgos que acompañan cualquier discusión sobre una mayor circulación de armas: un arma de fuego no solamente puede ser utilizada por su propietario para defenderse de un atacante.
También puede ser manipulada accidentalmente, llegar a manos de un menor, ser utilizada durante una discusión o convertirse en objeto de un robo.
La diferencia entre esas situaciones y un ataque criminal deliberado es fundamental para evaluar la política pública. No todos los riesgos asociados con las armas pueden medirse únicamente contando homicidios cometidos por delincuentes.
También deben observarse accidentes, lesiones, suicidios, violencia intrafamiliar, amenazas, hurtos de armas y casos en los que un arma legal termine siendo utilizada por una persona diferente a su propietario.
Allí aparece una de las mayores dificultades para evaluar la apuesta del Gobierno: demostrar que el beneficio de que un ciudadano pueda defenderse supera los riesgos adicionales que puede generar una mayor disponibilidad de armas.
La respuesta no puede obtenerse únicamente comparando el número de armas legales con el número de delitos cometidos con armas ilegales.
El propio Gobierno ha insistido en que la inmensa mayoría de los delitos con armas de fuego involucran armas ilegales. Ese argumento puede ser relevante, pero no responde por sí mismo qué ocurre cuando aumenta el número de armas disponibles legalmente entre la población.
También resulta significativo lo ocurrido con la página web de Indumil después del anuncio presidencial. El sitio presentó problemas de funcionamiento en medio del enorme interés generado por el levantamiento de la suspensión.
Esto muestra algo indiscutible: la decisión presidencial produjo un enorme interés público alrededor del acceso y el porte de armas.
La dimensión social del problema puede observarse también en Bogotá, donde las estadísticas de la Línea 123 muestran hasta qué punto los conflictos cotidianos ocupan la atención de las autoridades.
Entre enero de 2022 y mayo de 2026, las riñas fueron el motivo más frecuente de llamada entre las situaciones analizadas, con 1.957.736 reportes. El ruido excesivo registró 1.481.735 y los accidentes de tránsito 1.044.984.
Esas cifras no significan que las personas involucradas en esas riñas estén armadas ni permiten afirmar que el Decreto 1368 provocará más violencia.
Pero sí plantean una pregunta legítima para la política pública: ¿qué puede ocurrir cuando conflictos que hoy terminan en una llamada al 123 involucran, además, a personas que llevan consigo un arma de fuego?
Bogotá recibe actualmente alrededor de 22.000 llamadas diarias a la Línea 123, aunque una parte importante corresponde a comunicaciones que no constituyen emergencias.
La evolución de las llamadas relacionadas con riñas, amenazas y otros conflictos deberá ser uno de los indicadores que las autoridades deberían observar después de la entrada en vigor de la nueva política.
La experiencia de Ecuador ofrece otra advertencia, aunque tampoco permite establecer una relación causal simple entre flexibilización del porte y aumento de homicidios.
Ecuador flexibilizó durante el Gobierno de Guillermo Lasso las reglas relacionadas con la tenencia y porte de armas para defensa personal, en un momento en que el país ya atravesaba un deterioro acelerado de la seguridad.
Posteriormente, Ecuador experimentó una explosión de violencia. En 2023 registró 8.004 muertes violentas, un aumento extraordinario frente a los años anteriores.
Sin embargo, atribuir esa escalada exclusivamente a la flexibilización del porte sería incorrecto. El país enfrentaba simultáneamente una guerra entre organizaciones criminales, expansión del narcotráfico, disputa por territorios y un mercado ilegal de armas cada vez más grande.
Lo que Ecuador sí demuestra es que la existencia de mecanismos legales para acceder a armas no elimina el problema del tráfico ilegal ni garantiza por sí misma una reducción de la violencia.
Estados Unidos presenta otro ejemplo que debe observarse con cautela. Su experiencia no es directamente comparable con Colombia, pero permite observar los efectos de vivir durante décadas con una elevada disponibilidad de armas de fuego.
Según Gun Violence Archive, al 8 de septiembre de 2026 se habían registrado 326 tiroteos masivos en Estados Unidos bajo la definición utilizada por esa organización.
Estos datos tampoco permiten afirmar que la disponibilidad de armas sea la única causa de los tiroteos estadounidenses. Pero muestran que la presencia extendida de armas no constituye, por sí misma, una garantía contra la violencia armada.
Colombia comienza ahora un experimento político que deberá ser evaluado con indicadores concretos. Si el Gobierno considera que el ciudadano armado tendrá mayor capacidad de defensa, deberá demostrarlo sin ocultar los posibles costos de la medida: accidentes, armas robadas, violencia interpersonal y utilización indebida.
El caso de la niña de cinco años en Cali recuerda que el riesgo de las armas no empieza cuando un delincuente dispara contra una víctima. También existe cuando un arma está dentro de una vivienda, cuando llega a manos de un menor o cuando una discusión cotidiana adquiere acceso inmediato a la fuerza letal. El Decreto 1368 cumple una promesa de campaña de Abelardo de la Espriella; ahora el desafío será demostrar que esa promesa no termina trasladando a los ciudadanos una responsabilidad que sigue correspondiendo al Estado: garantizar su seguridad.
