La Fiscalía General de la Nación citó al gerente de RTVC, Hollman Morris, a una audiencia de formulación de imputación por el presunto delito de acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva. La diligencia fue programada para el próximo 17 de noviembre, en un proceso relacionado con una denuncia presentada por la periodista y columnista María Antonia García de la Torre.
La decisión representa un nuevo avance en un expediente que había sido archivado y que posteriormente fue reabierto por el ente investigador. La imputación supone que la Fiscalía comunicará formalmente los hechos que atribuye al periodista y la calificación jurídica de la conducta investigada, pero no constituye una declaración de culpabilidad.
La denuncia se remonta a hechos que, según el relato de García de la Torre, ocurrieron en diciembre de 2011 en Madrid, España. La periodista sostuvo que se reunió con Morris porque tenía interés en un documental realizado por él. De acuerdo con su versión, durante el encuentro se habría producido una agresión sexual.
García de la Torre afirmó que Morris la habría sujetado por la fuerza, tocado y besado sin su consentimiento. Estas afirmaciones corresponden al relato de la denunciante y deberán ser valoradas dentro del procedimiento judicial, junto con los elementos materiales probatorios que puedan resultar pertinentes.
El caso llegó a la Fiscalía en 2019, cuando la periodista presentó la denuncia. Sin embargo, la investigación fue archivada posteriormente, una decisión que marcó el desarrollo inicial del expediente y que fue cuestionada por la denunciante.
En abril de 2026, la Fiscalía reactivó la investigación después de revisar la solicitud presentada por García de la Torre. Según los reportes periodísticos sobre el caso, la revisión incluyó cuestionamientos relacionados con la manera en que se había tramitado inicialmente el expediente y con la aplicación del enfoque de género.
La reapertura permitió que el ente investigador retomara las actuaciones y evaluara la posibilidad de avanzar hacia una imputación formal. La decisión no significa que los hechos denunciados hayan sido probados judicialmente, sino que la Fiscalía considera procedente continuar el proceso en esta etapa.
Morris ha negado que se produjera una agresión y ha sostenido que el encuentro fue consentido. Su versión constituye la posición del investigado frente a las acusaciones y deberá distinguirse de la denuncia y de las conclusiones que puedan establecer las autoridades competentes.
La audiencia del 17 de noviembre será una instancia clave para conocer con precisión los hechos jurídicamente relevantes que la Fiscalía atribuye a Morris y la calificación penal que sustentará ante el juez. La diligencia también permitirá establecer el curso procesal inmediato del expediente.
En el sistema penal colombiano, la formulación de imputación no equivale a una acusación formal para juicio ni a una sentencia condenatoria. Se trata de una etapa en la que la Fiscalía comunica a una persona su condición de investigada formalmente por determinados hechos, mientras se mantiene vigente la presunción de inocencia.
Tampoco implica, por sí sola, que se imponga una medida de aseguramiento. Cualquier decisión de esa naturaleza requiere un trámite específico y el cumplimiento de los requisitos previstos en la ley.
El caso tiene relevancia pública por la trayectoria de Morris en el periodismo y su responsabilidad al frente de RTVC, el sistema de medios públicos de Colombia. Antes de ocupar ese cargo, también fue concejal de Bogotá y participó en distintos debates políticos nacionales.
La investigación reabre, además, la discusión sobre la respuesta institucional a las denuncias de violencia sexual y sobre los criterios que deben orientar el análisis de estos casos. La revisión de una decisión de archivo y la continuación de las diligencias deben desarrollarse con garantías para las partes y con una valoración rigurosa de las pruebas.
La fecha de la audiencia constituye, por ahora, el principal dato procesal confirmado en esta nueva etapa. El resultado dependerá de las actuaciones judiciales y de los elementos que se presenten durante el desarrollo del procedimiento.
Mientras llega la diligencia, la denuncia de García de la Torre y la respuesta de Morris deben mantenerse claramente diferenciadas de cualquier conclusión sobre responsabilidad penal. La determinación de los hechos corresponde a las autoridades judiciales competentes, con respeto por los derechos de la denunciante y por la presunción de inocencia del investigado.
La Fiscalía precisó que los hechos investigados habrían ocurrido en diciembre de 2011, durante un encuentro en Madrid, España. La calificación jurídica provisional corresponde a acto sexual violento en circunstancia de agravación punitiva.
La denunciante, María Antonia García de la Torre, dio a conocer públicamente su relato en 2019, cuando publicó una columna en la que describió el episodio que, según afirmó, ocurrió durante una reunión relacionada con una entrevista para el diario español El Mundo.
De acuerdo con la versión de García de la Torre, ella se reunió con Morris porque estaba interesada en un documental que él había realizado. Durante el encuentro, según su denuncia, el periodista la habría sujetado por la fuerza, tocado y besado sin su consentimiento.
La periodista presentó la denuncia penal en 2019. El expediente fue archivado posteriormente, en 2022, cuando la Fiscalía consideró que la conducta debía examinarse bajo una calificación jurídica diferente, relacionada con injuria por vías de hecho.
La decisión de archivo fue cuestionada por la denunciante, quien solicitó que el caso volviera a ser examinado. La petición condujo a una revisión de las actuaciones y, finalmente, a la reactivación de la investigación en abril de 2026.
La reapertura quedó a cargo de la fiscal Marcela Abadía, delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Según los reportes periodísticos, en la revisión se consideraron aspectos relacionados con la calificación de los hechos y la aplicación del enfoque de género.
La Fiscalía determinó que había razones para avanzar hacia una audiencia de formulación de imputación. La diligencia fue programada para el 17 de noviembre, fecha en la que se espera conocer formalmente la atribución jurídica que presentará el ente investigador.
El caso ha generado atención por la trayectoria pública de Morris, quien fue concejal de Bogotá, candidato a la Alcaldía de la capital y gerente del sistema de medios públicos RTVC. Su paso por esos cargos ha situado la investigación en el centro del debate político y periodístico.
García de la Torre manifestó que la decisión de avanzar hacia la imputación representa un paso importante en el proceso judicial que inició con su denuncia. También expresó su confianza en las instituciones y pidió respeto por su privacidad mientras continúan las actuaciones.
Por su parte, Morris ha negado que se produjera una agresión y ha sostenido que el encuentro fue consentido. Esa versión deberá distinguirse de las afirmaciones de la denunciante y de los elementos que las autoridades examinen durante el procedimiento.
La audiencia prevista para noviembre permitirá establecer los términos de la imputación. En esa diligencia, la Fiscalía comunicará los hechos jurídicamente relevantes que atribuye al investigado y la calificación penal provisional que considera aplicable.
La formulación de imputación es una etapa del proceso penal colombiano y no equivale a una sentencia condenatoria. Tampoco significa que la responsabilidad del investigado haya quedado demostrada, pues esa determinación corresponde a las autoridades judiciales mediante el procedimiento previsto en la ley.
El avance del expediente vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de cómo deben tramitarse las denuncias de violencia sexual y qué criterios deben tenerse en cuenta cuando una investigación ha sido archivada y posteriormente reabierta. El caso también plantea preguntas sobre la valoración de los testimonios y las garantías procesales para las partes.
La decisión de la Fiscalía no resuelve por sí misma esas cuestiones ni determina el desenlace del proceso. Su alcance inmediato es permitir que la investigación avance a una nueva etapa, en la que se conocerán formalmente los cargos que se pretende atribuir a Morris.
El desarrollo posterior dependerá de las actuaciones judiciales y de las decisiones que adopten las autoridades competentes. Mientras tanto, la denuncia, la respuesta del investigado y las determinaciones procesales deben mantenerse diferenciadas para evitar presentar como probados hechos que todavía son materia de investigación.
La audiencia del 17 de noviembre será, por tanto, un nuevo momento para conocer el alcance de la actuación penal. Hasta entonces, el caso continúa abierto y la responsabilidad de Morris no ha sido establecida mediante una sentencia judicial.
