Más de 300 militares estadounidenses llegarán a Colombia el martes 27 de octubre para participar en el ejercicio multinacional Vanguardia del Sur 2026, que se desarrollará en el Fuerte Militar de Tolemaida, en Nilo, Cundinamarca, hasta el 11 de noviembre. El anuncio, divulgado por Caracol Radio con base en información del Ministerio de Defensa, presenta la actividad como una jornada de entrenamiento y cooperación entre los ejércitos de ambos países. Sin embargo, la presencia del contingente también plantea interrogantes sobre las autorizaciones institucionales, el alcance de las operaciones previstas y las garantías de derechos humanos.
Según la información oficial, el ejercicio busca fortalecer la interoperabilidad, la coordinación y las capacidades operacionales de las fuerzas militares colombianas y estadounidenses. Las actividades estarán orientadas a combatir el narcotráfico y la minería ilegal, responder a amenazas relacionadas con sistemas aéreos no tripulados y mejorar los procedimientos de evacuación médica en escenarios militares. El Gobierno no ha presentado la actividad como una operación real contra organizaciones criminales, una distinción relevante para establecer el marco jurídico aplicable.
En las jornadas participarán el Batallón Contra el Narcotráfico N.º 1 del Ejército Nacional de Colombia y soldados de infantería ligera de un batallón de montaña del Ejército estadounidense. De acuerdo con la información divulgada, esta será la cuarta edición de Vanguardia del Sur realizada en territorio colombiano. El entrenamiento permitirá intercambiar tácticas, técnicas y procedimientos, así como evaluar la coordinación entre las unidades de los dos países.
La primera actividad anunciada para el viernes 30 de octubre será un simulacro de evacuación aeromédica. El ejercicio representará la atención y el traslado de una persona herida en un área minada, desde Tolemaida hasta la Escuela de Caballería, en Bogotá. La maniobra incluirá el uso de aeronaves y equipos médicos especializados para evaluar los procedimientos de atención y transporte de heridos. Las actividades posteriores se extenderán hasta el 11 de noviembre.
Las autorizaciones para la presencia de tropas extranjeras
La llegada del contingente plantea una cuestión constitucional: ¿qué autorizaciones se requieren para el ingreso, tránsito o permanencia de militares extranjeros en Colombia? La respuesta depende de la naturaleza de la actividad, las funciones asignadas al personal y las condiciones concretas de su presencia en el país.
El artículo 173, numeral 4, de la Constitución Política atribuye al Senado de la República la facultad de permitir el tránsito de tropas extranjeras por el territorio nacional. Por su parte, el artículo 237, numeral 3, contempla la intervención del Consejo de Estado en los casos constitucionalmente previstos relacionados con el tránsito o la estación de tropas extranjeras y el tránsito de buques o aeronaves de guerra. Estas disposiciones constituyen parte del marco jurídico que debe examinarse cuando se anuncia la llegada de efectivos militares de otro Estado.
No obstante, la presencia temporal de militares extranjeros para actividades de capacitación, asistencia técnica o intercambio de experiencias no necesariamente tiene la misma calificación jurídica que el tránsito de tropas o la participación en operaciones militares. En septiembre de 2026, Cambio Colombia informó sobre una distinción planteada en el debate jurídico respecto de las actividades de entrenamiento y cooperación. Por eso, el nombre del ejercicio no basta para determinar si se requieren autorizaciones específicas: es necesario conocer qué harán efectivamente los militares durante su permanencia.
El debate no es nuevo. En septiembre de 2026, el Consejo de Estado informó que no había recibido solicitudes del Gobierno para emitir concepto sobre el ingreso, tránsito, permanencia o participación de tropas extranjeras, ni sobre eventuales operaciones militares conjuntas con Estados Unidos, durante el periodo consultado. La respuesta se produjo tras una solicitud de información de la organización Temblores y en medio de cuestionamientos sobre el alcance de la cooperación bilateral.
Ese antecedente, sin embargo, no demuestra por sí solo que el ejercicio Vanguardia del Sur carezca de las autorizaciones necesarias. La información divulgada sobre la llegada de los más de 300 militares no permite establecer si se realizaron nuevos trámites, si se aplicó un régimen específico para el entrenamiento o cuáles son las condiciones administrativas y operacionales acordadas entre ambos gobiernos.
Ante ese escenario, resulta relevante que el Ministerio de Defensa precise si solicitó autorización al Senado, si consultó al Consejo de Estado cuando correspondía y cuál es el fundamento jurídico para el ingreso y la permanencia del contingente. También es necesario conocer si los militares portarán armas, qué reglas de actuación tendrán, qué autoridad ejercerá el mando y si su participación estará limitada a ejercicios de entrenamiento o contempla otras actividades operacionales.
Ecuador, un antecedente que pone el foco en los derechos humanos
La discusión adquiere una dimensión regional por las denuncias de Human Rights Watch (HRW) sobre operaciones de seguridad desarrolladas en Ecuador en el contexto de la cooperación militar con Estados Unidos. En su informe A Dangerous Partnership, publicado en julio de 2026, la organización documentó presuntos abusos contra civiles y cuestionó la falta de transparencia sobre las funciones desempeñadas por las fuerzas estadounidenses en determinadas acciones.
Entre los casos examinados se encuentran hechos ocurridos en la provincia ecuatoriana de Sucumbíos entre el 1 y el 6 de marzo de 2026. Según HRW, cuatro trabajadores agrícolas colombianos fueron detenidos arbitrariamente y torturados por fuerzas ecuatorianas. La organización también encontró indicios de que instalaciones agrícolas sin vínculos demostrados con organizaciones criminales fueron incendiadas y posteriormente atacadas con municiones aéreas.
El informe también abordó ataques contra embarcaciones pesqueras ecuatorianas y la desaparición de otra embarcación junto con buena parte de su tripulación. HRW cuestionó la base probatoria y legal de algunas actuaciones contra pescadores y reclamó investigaciones y explicaciones sobre las circunstancias de los incidentes. En una actualización del 2 de octubre, la organización señaló que 56 tripulantes habían sido liberados después de que jueces declararan ilegales sus detenciones, mientras que otros 14 no habían sido presentados ante un juez.
Las denuncias también pusieron en discusión el papel de Estados Unidos. Según HRW, los gobiernos de Ecuador y Estados Unidos no habían explicado suficientemente qué funciones cumplió el personal estadounidense en aspectos como la planificación, la vigilancia, la selección de objetivos o la ejecución de los ataques examinados. En relación con algunos incidentes marítimos, la organización indicó que no pudo determinar quién había realizado los ataques. El Departamento de Defensa estadounidense y la Guardia Costera negaron su participación en esos hechos, mientras que las autoridades ecuatorianas no confirmaron que los incidentes hubieran ocurrido en los términos denunciados.
Por tanto, no es preciso afirmar que HRW atribuyó directamente todos los abusos a militares estadounidenses. Sus hallazgos se refieren a presuntas violaciones cometidas en el contexto de la cooperación de seguridad, así como a interrogantes pendientes sobre la participación y la responsabilidad de cada Estado. La organización pidió mayor transparencia y mecanismos efectivos para investigar los hechos y garantizar la rendición de cuentas.
Dos escenarios distintos, una pregunta sobre los controles
La comparación entre Colombia y Ecuador exige diferenciar las actividades anunciadas en cada país. En Colombia, Vanguardia del Sur se presenta como un ejercicio de entrenamiento, intercambio de procedimientos y preparación operacional. Los casos documentados por HRW en Ecuador, en cambio, se relacionan con operaciones de seguridad y presuntos abusos sobre el terreno. La información disponible no demuestra que el ejercicio de Tolemaida vaya a reproducir esas operaciones ni que los militares estadounidenses participarán en acciones reales contra organizaciones armadas.
Sin embargo, el antecedente ecuatoriano plantea preguntas pertinentes sobre la transparencia de la cooperación militar, la supervisión de las actuaciones y las garantías para la población civil. Cuando personal de dos países participa en actividades conjuntas, es importante que estén claramente definidos sus respectivos roles, las cadenas de mando, las reglas de actuación y los mecanismos para investigar eventuales vulneraciones de derechos humanos.
En el caso colombiano, esto supone precisar qué actividades se desarrollarán durante las dos semanas del ejercicio, qué facultades tendrán los militares estadounidenses y cuáles serán los límites de su intervención. También requiere establecer qué controles ejercerán las autoridades nacionales y qué información se hará pública sobre los resultados y las eventuales novedades operacionales.
La discusión, por tanto, no se limita a determinar cuántos militares llegarán o cuánto durará el entrenamiento. También comprende el alcance constitucional de su presencia y la responsabilidad institucional de garantizar que la cooperación internacional se desarrolle bajo reglas claras y con mecanismos verificables de control.
Mientras los militares estadounidenses se preparan para llegar a Tolemaida, las preguntas sobre las autorizaciones aplicables y las condiciones de su participación permanecen como asuntos de interés público. La experiencia ecuatoriana no constituye una prueba de que en Colombia se producirán abusos, pero sí aporta antecedentes para examinar con rigor las salvaguardas jurídicas y de derechos humanos que acompañan este tipo de cooperación.
