El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó ante el Congreso el proyecto de Ley de Acogimiento, una iniciativa que busca establecer un marco jurídico para que integrantes de organizaciones armadas ilegales abandonen las armas, entreguen información a las autoridades y se sometan a la justicia ordinaria.
La propuesta fue presentada el 13 de octubre de 2026 por los ministros del Interior, Rodrigo Lara Restrepo, y de Justicia, Iván Cancino. El proyecto, identificado como 433 de 2026, fue radicado con mensaje de urgencia, mecanismo que busca acelerar su discusión legislativa. (CW+ Noticias, 13 de octubre de 2026).
La iniciativa, conocida inicialmente como proyecto de ley de sometimiento, pretende modificar y ampliar disposiciones de la Ley 418 de 1997, que establece instrumentos para mantener el orden público y ha servido de marco jurídico para diferentes procesos de paz y acercamientos con organizaciones armadas.
El cambio de denominación no altera por sí solo el alcance jurídico de la propuesta. El Gobierno utiliza el término acogimiento para describir una ruta de tránsito a la legalidad que, según sus planteamientos, no incluirá negociaciones políticas ni el reconocimiento de estatus político a las estructuras criminales.
El ministro de Justicia, Iván Cancino, sostuvo que los interlocutores de las organizaciones deberán ser abogados, pues el procedimiento se desarrollaría dentro de las reglas jurídicas establecidas por el Estado. Según el funcionario, los grupos no participarán en la elaboración de la ley ni tendrán una mesa de negociación política con el Ejecutivo.
Uno de los componentes centrales del articulado es la posibilidad de reducir hasta en un 50 % las penas acumuladas de los integrantes que cumplan las condiciones previstas. Para quienes hayan ejercido funciones de liderazgo dentro de las organizaciones, la reducción propuesta sería de hasta el 30 %, de acuerdo con los detalles divulgados tras la radicación.
Los beneficios no serían automáticos. La propuesta los condiciona a aportes verificables a la verdad, la reparación de las víctimas y el desmantelamiento efectivo de las estructuras criminales. La aplicación de las reducciones dependería de las autoridades judiciales y del cumplimiento de los requisitos establecidos en la eventual ley.
Para los cabecillas, el tratamiento diferenciado supone una reducción menor que la prevista para otros integrantes. El proyecto también establece límites a las penas finales y condiciones particulares para acceder a beneficios penitenciarios, aspectos que deberán revisarse en el texto completo y durante el trámite legislativo.
La iniciativa contempla, además, la posibilidad de cumplir medidas de aseguramiento en centros de arraigo transitorios y penas privativas de la libertad en colonias agrícolas o cárceles productivas. Estas modalidades se plantean como alternativas dentro del sistema penitenciario, pero su aplicación dependería de las condiciones legales y de las decisiones de las autoridades competentes.
El proyecto prevé que la libertad condicional pueda solicitarse, como regla general, después de cumplir cuatro quintas partes de la pena efectiva, siempre que existan informes favorables sobre el comportamiento de la persona y el cumplimiento de sus compromisos. La propuesta también contempla condiciones especiales para quienes contribuyan de manera efectiva a la búsqueda de desaparecidos y al esclarecimiento de hechos criminales.
La entrega de armas aparece como una de las obligaciones fundamentales para acceder al mecanismo. El Gobierno busca que el tránsito a la legalidad no se limite a la declaración individual de voluntad, sino que implique el desmantelamiento de las estructuras y la terminación de sus actividades ilegales.
Entre los compromisos previstos se encuentran la liberación de personas secuestradas, la entrega de menores reclutados y la colaboración para establecer el paradero de personas desaparecidas. Estas obligaciones buscan responder a delitos que han afectado a las comunidades en territorios bajo influencia de organizaciones armadas.
El texto también plantea que los participantes entreguen información sobre los bienes obtenidos mediante actividades ilícitas y contribuyan a identificar los recursos que sostienen las economías criminales. La entrega de activos y la colaboración para recuperar patrimonio ilegal forman parte de las condiciones vinculadas a los beneficios.
Otro componente es la contribución a la reparación de las víctimas. El proyecto propone mecanismos para que los compromisos de quienes se acojan tengan efectos verificables y contempla la participación de las víctimas en decisiones relacionadas con beneficios judiciales y libertad anticipada.
La iniciativa incluye, además, la creación de una unidad especializada en la Fiscalía para investigar y judicializar a integrantes de estas organizaciones. También plantea un programa de reparación administrativa para las víctimas, aunque su alcance presupuestal y operativo deberá precisarse durante el trámite.
El Gobierno propone una estrategia de intervención territorial integral para las zonas afectadas por la violencia. La idea es coordinar acciones de seguridad, justicia, atención social y desarrollo económico, con el propósito de evitar que otras estructuras ocupen los territorios que dejen las organizaciones desmanteladas.
La propuesta también busca afectar las economías criminales mediante la cooperación de quienes ingresen al mecanismo. Entre los compromisos mencionados están la entrega de información sobre redes de corrupción, lavado de activos, testaferrato y enriquecimiento ilícito, así como la colaboración con las autoridades para recuperar bienes de origen ilegal.
Uno de los puntos que diferencia el proyecto de otros esquemas de negociación es que mantiene vigentes las órdenes de captura y las solicitudes de extradición durante el proceso, según la información publicada sobre el articulado. Por tanto, el acogimiento no implicaría una suspensión automática de esas medidas.
La iniciativa también excluye, según lo informado tras su presentación, a quienes ya se encuentren privados de la libertad. Este aspecto deberá contrastarse con la redacción definitiva de los artículos y con las condiciones de ingreso que establezca el Congreso.
El proyecto se plantea como una política de Estado con una vigencia de diez años. El Gobierno argumenta que las reglas deben trascender un periodo presidencial para dar continuidad a los mecanismos de sometimiento y evitar que las organizaciones se reorganicen después de entregar las armas.
La radicación con mensaje de urgencia busca acelerar el debate en las comisiones primeras del Senado y la Cámara de Representantes. La medida permite un trámite legislativo más rápido bajo las reglas constitucionales, pero no elimina la discusión de los artículos ni garantiza la aprobación del texto.
La propuesta también representa un cambio frente a la política de paz total del gobierno de Gustavo Petro. Mientras aquella administración recurrió a mecanismos de negociación y acercamiento con distintos grupos, el Ejecutivo de De la Espriella plantea una ruta centrada en la justicia ordinaria y en la desmovilización, sin reconocer estatus político a las organizaciones criminales.
Sin embargo, la comparación entre ambos enfoques exige diferenciar la naturaleza de los grupos y los marcos jurídicos que pueden aplicarse. Las organizaciones insurgentes, las estructuras sucesoras del paramilitarismo y las redes criminales dedicadas al narcotráfico no necesariamente tienen la misma condición legal ni las mismas posibilidades de acogerse a un mecanismo común.
Uno de los debates principales será determinar si las reducciones de pena y las modalidades penitenciarias propuestas resultan compatibles con los derechos de las víctimas y las obligaciones del Estado frente a delitos graves. La entrega de información y la reparación deberán evaluarse junto con la proporcionalidad de las sanciones y la posibilidad de verificar el desmantelamiento real de las estructuras.
También será necesario establecer qué mecanismos impedirán que los beneficios se conviertan en incentivos para ocultar información, entregar solo una parte de los bienes o reorganizar las actividades criminales después del sometimiento. El proyecto deberá precisar las consecuencias del incumplimiento y las condiciones para revocar los beneficios otorgados.
La Ley de Acogimiento inicia ahora su recorrido en el Congreso, donde sus artículos podrán ser modificados, aprobados o archivados. Hasta que termine el trámite legislativo y la norma sea sancionada, las reducciones de penas, las condiciones penitenciarias y los demás beneficios contemplados seguirán siendo propuestas y no derechos adquiridos por integrantes de organizaciones armadas.
