La discusión sobre los llamados impuestos saludables volvió al centro del debate político colombiano. Los representantes Daniel Briceño, del Centro Democrático, y Carol Borda, de Salvación Nacional, presentaron un proyecto de ley para eliminar los gravámenes aplicados a determinadas bebidas azucaradas y productos comestibles ultraprocesados. Su argumento principal es que la medida no habría cumplido el objetivo sanitario que justificó su creación y, en cambio, habría encarecido productos y afectado a consumidores y comerciantes.
Los dos congresistas sostienen que el impuesto tiene consecuencias económicas que no pueden ser ignoradas. Su cuestionamiento se concentra especialmente en el impacto sobre las tiendas de barrio y las panaderías, sectores que dependen de la venta de productos de alta rotación. Desde esa perspectiva, eliminar el gravamen permitiría reducir presiones sobre los precios y recuperar parte de las ventas que, según sus argumentos, se han perdido desde su implementación.
El planteamiento recibió rápidamente el respaldo de Fenalco, que sostiene que los impuestos están afectando a los pequeños comerciantes. El gremio asegura que las ventas de los tenderos han caído 25,4 % y que sus márgenes se han reducido 47,27 %. Sin embargo, esas cifras corresponden a estimaciones y mediciones defendidas por el propio gremio, por lo que el debate requiere determinar cuánto de esas variaciones puede atribuirse exclusivamente a los impuestos saludables.
Fenalco ya había advertido, incluso antes de la entrada en vigor del esquema completo, que el gravamen podía afectar los ingresos de las tiendas. Una estimación de Fenaltiendas calculaba una reducción mínima del 8 % en los ingresos de una tienda durante el primer año y advertía que, en un horizonte de tres años, el impacto podía poner en riesgo a una cuarta parte de las tiendas y panaderías.
El gremio también argumenta que el impuesto termina trasladándose al consumidor. Bajo esta lógica, el fabricante o importador asume formalmente el gravamen, pero una parte de ese costo puede llegar al precio final, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares y afectando especialmente a quienes compran en pequeñas cantidades en las tiendas de barrio.
La posición contraria está encabezada en el ámbito científico por la Asociación de Epidemiología de Colombia (ASOCEPIC). Los epidemiólogos consideran prematuro concluir que los impuestos saludables fracasaron, especialmente porque Colombia todavía no cuenta con evidencia suficiente de largo plazo para determinar su impacto directo sobre enfermedades como obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares.
ASOCEPIC reconoce esa limitación, pero plantea que la ausencia de resultados sanitarios de largo plazo no significa que la política no esté produciendo efectos. Su argumento se basa en una cadena de resultados: un impuesto puede aumentar el precio de determinados productos, modificar las decisiones de compra, reducir su consumo y estimular a las empresas a reformular sus productos.
Por eso, los epidemiólogos consideran que eliminar los gravámenes ahora podría ser prematuro. Su propuesta es realizar evaluaciones independientes que permitan medir qué ha ocurrido con el consumo, los precios, la reformulación de productos y el comportamiento de los hogares, además de estudiar específicamente el impacto sobre los pequeños comerciantes.
La experiencia internacional constituye uno de los principales argumentos de quienes defienden la permanencia de estos impuestos. Chile, por ejemplo, modificó en 2014 su impuesto a las bebidas analcohólicas y elevó del 13 % al 18 % la tasa para las bebidas con mayor contenido de azúcar, mientras redujo al 10 % la correspondiente a las bebidas con menor contenido.
Los estudios realizados posteriormente en Chile encontraron efectos sobre los precios. Una investigación que analizó miles de establecimientos estimó que el precio de las bebidas carbonatadas aumentó alrededor de 5,6 % después de la modificación tributaria. El resultado demuestra que el impuesto puede trasladarse parcialmente al consumidor, uno de los argumentos centrales utilizados por quienes cuestionan el gravamen.
Pero la experiencia chilena también ofrece un elemento que respalda a los epidemiólogos. Investigaciones sobre los hogares encontraron reducciones en las compras de bebidas con alto contenido de azúcar y cambios hacia productos con menor contenido. Es decir, el aumento del precio no solo produjo una discusión sobre el bolsillo: también modificó parcialmente el comportamiento de los consumidores.
Esto introduce una diferencia fundamental en la discusión colombiana. Que un impuesto reduzca las compras de un producto puede ser interpretado como una afectación económica por la industria y el comercio, pero como uno de sus objetivos desde la perspectiva de salud pública. El resultado puede representar simultáneamente una menor facturación para determinadas categorías y un cambio favorable en los hábitos de consumo.
La experiencia chilena, sin embargo, tampoco permite afirmar que cualquier impuesto saludable sea automáticamente exitoso. El diseño del gravamen, las tasas, los productos incluidos, las alternativas disponibles y el comportamiento de la industria son factores determinantes. Por eso, Chile puede servir como referencia, pero no como una prueba definitiva de lo que ocurrirá en Colombia.
En el centro del debate aparece además una pregunta que suele quedar en segundo plano: ¿quién paga el costo de las enfermedades asociadas al exceso de peso y al consumo de productos no saludables? No se trata solamente del paciente. Los costos se distribuyen entre el sistema sanitario, las familias, los empleadores y las finanzas públicas.
En Colombia, una estimación divulgada en 2024 calculó que el costo de la obesidad para el sistema de salud alcanzó aproximadamente 10,2 billones de pesos en 2023, mientras que el costo aumentaría anualmente en alrededor de 2,47 billones. La misma estimación señaló que cerca del 11,4 % del gasto en salud estaría asociado a la obesidad.
La dimensión del problema también alcanza a los menores de edad. Un estudio divulgado por UNICEF estimó que el sobrepeso y la obesidad infantil generan alrededor de 2,4 billones de pesos anuales en costos para el sistema de salud, las familias y la sociedad colombiana. La organización también ha advertido sobre la influencia de la exposición a publicidad de productos ultraprocesados y bebidas azucaradas.
Eso no significa que todos esos costos puedan atribuirse exclusivamente a los productos gravados. La obesidad y las enfermedades no transmisibles tienen múltiples causas, entre ellas factores genéticos, actividad física, condiciones socioeconómicas, hábitos alimentarios y entorno. Por esa razón, tampoco sería correcto afirmar que eliminar el impuesto necesariamente aumentaría en una cantidad determinada el gasto sanitario.
La Organización Mundial de la Salud, sin embargo, considera que los impuestos sobre productos como las bebidas azucaradas pueden formar parte de las políticas destinadas a enfrentar enfermedades no transmisibles. En enero de 2026, la organización advirtió que impuestos demasiado bajos sobre estos productos pueden mantenerlos excesivamente asequibles y recomendó fortalecer las políticas fiscales y de salud.
Así, las posiciones enfrentadas parten de problemas reales, pero miden resultados distintos. Briceño, Borda y Fenalco ponen el foco en el precio, las ventas, los márgenes y el poder adquisitivo; ASOCEPIC lo pone en el consumo, la prevención y los costos futuros de las enfermedades. La discusión, por tanto, no puede resolverse únicamente preguntando cuánto recauda el impuesto o cuánto encarece un producto.
El desafío para el Congreso será determinar cuál es el balance entre ambos costos y, sobre todo, exigir evidencia colombiana que permita medirlos. Antes de eliminar los impuestos saludables, sería necesario saber cuánto han cambiado realmente los precios y el consumo, cuánto han afectado a los tenderos, cuánto ha recaudado el Estado y qué efectos sanitarios pueden atribuirse a la medida. La disputa no es simplemente entre impuestos y comercio: es una discusión sobre quién asume hoy el costo de los productos no saludables y quién podría terminar pagando mañana la factura de las enfermedades asociadas a su consumo.
