La propuesta de reglamentar el trabajo por horas se convirtió en una de las primeras controversias del gobierno electo de Abelardo de la Espriella, no solo por el alcance de una eventual reforma laboral, sino porque terminó generando un choque público entre uno de los integrantes de su equipo de empalme y la futura administración.
La polémica comenzó cuando el abogado laboralista Charles Chapman, quien hacía parte del equipo de transición en asuntos laborales, concedió una entrevista en la que explicó que, desde su perspectiva jurídica, la reforma laboral aprobada en 2025 había dejado abierta la posibilidad de reglamentar la contratación y la cotización por horas mediante un decreto del Ejecutivo.
Las declaraciones fueron interpretadas por distintos sectores como un anticipo de la política laboral que adoptaría el nuevo gobierno. La posibilidad de introducir un esquema de trabajo por horas despertó preocupación entre organizaciones sindicales y expertos en derecho laboral, quienes advirtieron sobre el riesgo de una mayor precarización del empleo, una reducción de los ingresos de los trabajadores y un incremento de la inestabilidad contractual.
Sin embargo, pocas horas después el gobierno electo emitió un comunicado en el que tomó distancia de las afirmaciones de Chapman. La administración de De la Espriella aseguró que no existía una decisión oficial para reglamentar el trabajo por horas, afirmó que las declaraciones del abogado no representaban la posición del presidente electo y confirmó que Chapman había sido apartado del equipo de empalme.
La respuesta sorprendió porque Chapman no era un asesor ocasional. Se trata de uno de los abogados laboralistas más reconocidos del país, con experiencia como magistrado auxiliar de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, asesor de gremios empresariales, integrante de la Misión de Empleo y profesor universitario. Precisamente por ese perfil técnico, sus declaraciones fueron interpretadas por muchos como un adelanto de las políticas que impulsaría el nuevo gobierno.
Tras conocerse su salida, Chapman respondió mediante un comunicado en el que negó haber hablado en nombre del presidente electo. Explicó que sus afirmaciones correspondían exclusivamente a un análisis jurídico sobre el alcance de la legislación vigente y sostuvo que durante la entrevista dejó claro que no estaba anunciando decisiones oficiales del futuro Ejecutivo.
El episodio también puso de relieve el complejo debate jurídico alrededor del trabajo por horas. Mientras algunos expertos consideran que la reforma laboral de 2025 dejó espacios para reglamentar modalidades de cotización proporcional al tiempo efectivamente trabajado, otros sostienen que una transformación de esa naturaleza requeriría una intervención más amplia del Congreso y no podría implementarse únicamente mediante un decreto presidencial.
Más allá de la discusión legal, el tema reabrió un viejo debate sobre el mercado laboral colombiano. Los defensores de un esquema de contratación por horas sostienen que podría facilitar la formalización de trabajadores que hoy permanecen en la informalidad, ofrecer mayor flexibilidad a empresas y empleados y ampliar las posibilidades de vinculación para estudiantes, personas con jornadas parciales y trabajadores independientes.
En contraste, sus críticos advierten que, en un mercado laboral caracterizado por altos niveles de informalidad y una limitada capacidad de inspección estatal, la contratación por horas podría convertirse en un mecanismo para reemplazar empleos de tiempo completo por vínculos más precarios, con menores ingresos, cotizaciones reducidas y una mayor fragmentación de la protección social.
La controversia también tuvo un efecto político. La decisión del gobierno electo de desautorizar públicamente a uno de los integrantes de su propio equipo de transición envió un mensaje de disciplina interna y de control sobre la comunicación oficial. Al mismo tiempo, dejó en evidencia que la definición de la política laboral será una de las áreas más sensibles del inicio de la nueva administración y que cualquier pronunciamiento sobre el tema será cuidadosamente administrado desde la Casa de Nariño.
Aunque el gobierno de Abelardo de la Espriella insiste en que todavía no existe una decisión definitiva sobre el trabajo por horas, el episodio con Charles Chapman mostró que el debate ya está instalado. Lo ocurrido no solo evidenció las tensiones jurídicas y económicas que rodean una eventual flexibilización laboral, sino que dejó la primera diferencia pública entre un reconocido experto convocado para la transición y el equipo político encargado de fijar el rumbo del nuevo gobierno.
