La familia se ha convertido en uno de los principales campos de batalla política del Gobierno de Abelardo de la Espriella. En sus primeras semanas, la administración ha colocado la defensa de los valores conservadores y de la denominada familia tradicional en el centro de su agenda.
Pero existe una dificultad que aparece cuando esa discusión política se contrasta con las estadísticas oficiales: Colombia no es un país compuesto mayoritariamente por un único modelo familiar claramente definido. La realidad que registra el DANE es bastante más compleja y contiene múltiples formas de organización de los hogares.
El dato que suele aparecer en esta discusión es contundente a primera vista: en 2025, el 51,3 % de los hogares colombianos fueron clasificados como biparentales. Sin embargo, esa cifra no significa que el 51,3 % de las familias esté compuesto por un padre, una madre y sus hijos. La categoría incluye hogares conformados por una pareja, con o sin hijos.
La diferencia parece técnica, pero tiene profundas implicaciones políticas. Convertir “hogar biparental” en sinónimo de “familia tradicional” significa agregarle a una categoría estadística una definición que el DANE no utiliza. El instituto produce estadísticas sobre la composición de los hogares; no determina cuál de esas estructuras debe ser considerada la familia legítima, deseable o tradicional.
La propia evolución de los datos cuestiona la idea de una sociedad estática organizada alrededor de un único modelo. Los hogares biparentales representaban el 56,7 % en 2019, pasaron al 51,6 % en 2024 y llegaron al 51,3 % en 2025. Es decir, incluso la categoría más cercana al concepto defendido por sectores conservadores ha perdido peso relativo.
La otra mitad de los hogares colombianos, además, no desaparece cuando se habla de “familia tradicional”. Los hogares monoparentales representan el 24,3 %, mientras que los unipersonales se acercan a una quinta parte. Son personas y familias que forman parte de la realidad social del país, aunque no encajen en el modelo político que algunos sectores pretenden presentar como norma.
La categoría monoparental merece especial atención. Se trata de hogares conformados por un padre o una madre con sus hijos. No son hogares sin familia ni estructuras excepcionales: constituyen casi uno de cada cuatro hogares colombianos. Cualquier política pública sobre infancia que parta de una familia idealizada debe enfrentarse necesariamente con esa realidad.
También están las familias extensas y ampliadas, en las que conviven distintas generaciones y parientes. Abuelos, tíos, hermanos, nietos y otros familiares pueden participar de la crianza y del sostenimiento económico. En Colombia, reducir la familia a una pareja heterosexual y sus hijos puede dejar por fuera precisamente las redes familiares que sostienen a millones de hogares.
La palabra “tradicional”, además, es problemática porque no describe una realidad única. El modelo de padre proveedor y madre cuidadora no ha sido universal ni siquiera dentro de la historia colombiana. Las estructuras familiares han cambiado de acuerdo con la región, la clase social, las condiciones económicas y las transformaciones culturales.
Por eso, la disputa que se está produciendo no es solamente una discusión sobre vocabulario. Es también una disputa acerca de qué realidad social reconoce el Estado cuando habla de infancia, familia, crianza y derechos. La controversia adquirió especial visibilidad después de que en el gobierno se cuestionaran expresiones como “niños y niñas” y “resistencia”, al considerarlas parte de una supuesta ideologización de los menores.
El lenguaje se convierte así en un territorio político. Sustituir determinadas palabras puede presentarse como una decisión administrativa o de neutralidad institucional, pero cuando esa modificación ocurre dentro de una agenda política que explícitamente reivindica valores conservadores, resulta inevitable preguntarse qué concepción de sociedad está detrás de esas decisiones.
La discusión sobre la palabra “niñas” es particularmente significativa. No se trata solamente de una cuestión gramatical: nombrar a las niñas permite reconocer que la infancia no es homogénea y que existen violencias y vulnerabilidades diferenciadas por sexo. La violencia sexual, el embarazo infantil, la explotación y otras formas de violencia basada en género hacen que la identificación específica de niñas tenga consecuencias en la formulación de políticas públicas.
Algo similar ocurre con la expresión “familia”. Si el Estado utiliza una definición política de familia como punto de partida de sus políticas, corre el riesgo de diseñar instituciones para una sociedad imaginada en lugar de responder a la sociedad existente. El desafío del estado consiste precisamente en proteger a niños, niñas y adolescentes independientemente de la estructura familiar en la que vivan.
El problema adquiere una dimensión todavía mayor cuando la defensa de la familia se convierte en parte de una denominada “batalla cultural”. El Gobierno ha trasladado esta disputa a varios escenarios, mientras funcionarios de alto nivel han cuestionado conceptos asociados con agendas de género o con determinadas expresiones consideradas ideológicas.
Ese desplazamiento modifica la naturaleza del debate. Una política pública puede legítimamente discutir cómo fortalecer a las familias, mejorar la crianza o garantizar la protección de los niños. Pero otra cosa es utilizar el poder institucional para definir cuál estructura familiar representa los valores correctos y cuáles son presentadas como expresiones de una agenda ideológica.
La estadística ofrece en este punto un antídoto contra la simplificación. El DANE no encuentra una Colombia organizada alrededor de una sola estructura familiar, sino una sociedad en transformación. Los hogares biparentales continúan siendo la categoría más numerosa, pero conviven con hogares monoparentales, unipersonales y otras configuraciones.
Y hay una pregunta todavía sin resolver: ¿cuántos de ese 51,3 % de hogares biparentales corresponden efectivamente a una pareja de hombre y mujer que vive con sus hijos? La cifra no puede obtenerse simplemente tomando el porcentaje de hogares biparentales. Para responderla rigurosamente es necesario procesar los microdatos de la ECV y distinguir entre parejas con hijos y parejas sin hijos.
Ese detalle es crucial porque evita que una cifra oficial sea utilizada para respaldar una conclusión que el DANE nunca formuló. Decir que “51,3 % de las familias colombianas son tradicionales” sería estadísticamente incorrecto. Lo que el dato permite decir es que el 51,3 % de los hogares fue clasificado como biparental en 2025.
La diferencia entre ambas frases resume buena parte del debate. Una describe una realidad estadística; la otra convierte esa realidad en una categoría política. Y cuando esa categoría política sirve para justificar decisiones sobre educación, infancia y género, la precisión deja de ser un asunto académico para convertirse en un requisito democrático.
El Gobierno tiene derecho a defender una determinada concepción de familia y a promover políticas de fortalecimiento familiar. Lo que resulta cuestionable es presentar esa concepción como si fuera la descripción objetiva de toda la sociedad colombiana. Las estadísticas oficiales muestran algo distinto: una sociedad en la que el modelo biparental sigue siendo importante, pero en la que millones de personas viven en otras formas de hogar.
La llamada “guerra cultural” plantea entonces una pregunta que trasciende al Gobierno de turno: ¿debe el Estado adaptar sus políticas a una idea política de cómo debería ser la familia o debe partir de cómo viven realmente las familias colombianas? La respuesta tiene consecuencias directas para la niñez, porque detrás de cada categoría estadística hay niños y niñas que crecen en hogares distintos.
En última instancia, la discusión no debería consistir en decidir qué familias merecen ser consideradas tradicionales y cuáles no. El desafío de instituciones como el ICBF es mucho más elemental y, al mismo tiempo, más exigente: garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes reciban protección, independientemente de si viven con dos padres, una madre, un padre, abuelos, otros familiares o cualquier otra estructura de cuidado reconocida por la realidad social.
Colombia puede debatir sobre sus valores, sus tradiciones y su idea de familia. Lo que no debería hacer es convertir una categoría política en una estadística. El 51,3 % de hogares biparentales no demuestra que Colombia sea un país de familias tradicionales con padre, madre e hijos. Demuestra, simplemente, que algo más de la mitad de sus hogares son biparentales. La diferencia es precisamente el espacio donde comienza la discusión política sobre qué país quiere construir el Gobierno de De la Espriella.
