La palabra “Resistencia” volvió a aparecer frente al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) el 30 de agosto. Esta vez no estaba en una pared de la entidad, sino en un mural realizado en el espacio público por Resistencia Chiquita y otras colectivas que decidieron responder, con arte y protesta, a una controversia que comenzó dentro del organismo encargado de proteger los derechos de la infancia.
La movilización ocurrió después de que la nueva directora del ICBF, María Carolina Restrepo Cañavera, ordenara retirar un mural de la sede institucional que contenía, entre otros mensajes, la frase “Aquí estuvo Resistencia Chiquita”. La funcionaria cuestionó el uso de la palabra “resistencia” y planteó que podía existir una instrumentalización política de niños y niñas.
El episodio podría haberse quedado en una discusión sobre el uso de un espacio institucional. Sin embargo, adquirió una dimensión mayor porque Resistencia Chiquita no es una consigna política improvisada ni un colectivo creado a raíz de la llegada de Restrepo. Es una colectiva de niñas que surgió en Bogotá después del feminicidio de Yuliana Samboní y que ha utilizado el arte para hablar de las violencias que afectan a niñas y adolescentes.
El origen de la colectiva es precisamente uno de los elementos que sus integrantes consideran que la nueva dirección del ICBF desconoció. Antonia Gómez, una de sus fundadoras, ha explicado que el asesinato de Yuliana, ocurrido en 2016, generó preguntas entre otras niñas sobre las violencias que podían sufrir y sobre la necesidad de contar con espacios donde pudieran hablar y ser escuchadas.
Desde entonces, Resistencia Chiquita ha construido una identidad alrededor de la participación infantil, la expresión artística y la defensa de los derechos de las niñas. La propia entidad que ahora cuestiona el significado político de su nombre había tenido anteriormente relación con la colectiva y había reconocido su trabajo en actividades relacionadas con la prevención de las violencias contra niñas y adolescentes.
Por eso, el conflicto tiene una particularidad: una institución estatal que antes había abierto espacios a la expresión de estas niñas ahora cuestiona el contenido político de una de sus expresiones. La disputa no es solamente sobre un mural, sino sobre quién define qué puede ser considerado participación infantil legítima y qué pasa a ser, en cambio, activismo impuesto por adultos.
Restrepo sostiene que el Estado debe impedir que los menores sean utilizados para transmitir mensajes políticos o ideológicos que no les pertenecen. Su argumento se presentó como una defensa de los niños y niñas frente a la instrumentalización adulta. La directora cuestionó particularmente qué podía significar para un menor una palabra como “resistencia” y si detrás de ella había mensajes introducidos por adultos.
Pero esa interpretación fue rechazada por la colectiva. Resistencia Chiquita negó estar vinculada a una corriente partidista y sostuvo que su propósito es defender el derecho de las niñas a vivir sin violencia y a ser escuchadas. La agrupación incluso pidió a la directora investigar quiénes son y cuál ha sido su trayectoria antes de atribuirles una finalidad política.
La controversia adquirió mayor profundidad cuando el debate sobre “Resistencia” coincidió con otra decisión de la nueva dirección del ICBF: promover el uso del término “niñez” en lugar de referencias específicas a “niñas” en la comunicación institucional. Restrepo ha defendido que “niñez” comprende tanto a niños como a niñas y que se trata de una forma de utilizar un lenguaje general e incluyente.
Para organizaciones feministas y defensoras de derechos de infancia, el problema es precisamente el contrario. Su argumento es que utilizar una categoría general puede terminar ocultando que las niñas enfrentan violencias específicas por razón de género y que, por tanto, nombrarlas explícitamente no constituye una cuestión estética o gramatical, sino una forma de reconocerlas como sujetos particulares de derechos.
Es en este punto donde la controversia deja de ser exclusivamente institucional y empieza a encajar en una discusión política mayor. Diversos medios y sectores críticos han presentado las decisiones del ICBF como parte de la denominada “batalla cultural” del Gobierno de Abelardo de la Espriella, una agenda que también ha alcanzado el campo educativo, la educación sexual y las discusiones sobre género.
Restrepo y la ministra de Educación, Viviane Morales, se ubican dentro de ese giro conservador. El reportaje señala que ambas funcionarias han cuestionado prácticas que consideran formas de “ideologización” de niños y adolescentes y que el Gobierno ha planteado la necesidad de recuperar principios y valores que, desde su perspectiva, habrían sido desplazados por determinadas agendas culturales.
La expresión “guerra cultural”, sin embargo, debe manejarse con cuidado periodístico. No constituye una categoría neutral ni una política oficial denominada de esa manera. Es una interpretación utilizada por críticos del Gobierno para describir un conjunto de decisiones sobre educación, género, lenguaje y cultura. Lo que sí puede verificarse son las medidas y declaraciones de funcionarios que alimentan esa lectura política.
La protesta del 30 de agosto convirtió precisamente esa disputa conceptual en una intervención física. Resistencia Chiquita y otras colectivas se reunieron en una calle cercana al ICBF y realizaron dos murales, además de intervenir el suelo con tizas para dejar mensajes sobre los derechos de las mujeres y las niñas, la violencia basada en género y la defensa de la participación infantil.
Pero uno de los actos más simbólicos fue la aparición de una palabra sobre la malla del parqueadero del ICBF: “NIÑAS”. El mensaje fue deliberado. Las participantes buscaban responder a la orientación institucional de utilizar “niñez” y reivindicar que las niñas deben ser nombradas expresamente cuando el Estado aborda las violencias y desigualdades que las afectan.
La discusión tiene además una dimensión jurídica que trasciende las preferencias de una administración. Expertas citadas en el debate han advertido que el ordenamiento colombiano reconoce derechos específicos de niños y niñas y que las políticas públicas deben considerar las condiciones particulares de quienes son objeto de protección. Por eso, el debate sobre si debe decirse “niñez” o “niñas” no puede reducirse completamente a una discusión de estilo.
La contradicción que denuncian las colectivas es entonces evidente desde su perspectiva: mientras la nueva dirección del ICBF afirma que busca evitar la ideologización de los menores, ellas consideran que eliminar palabras como “niñas” o cuestionar expresiones como “resistencia” también implica tomar una posición política sobre cómo se entiende la infancia y qué problemas pueden ser nombrados dentro de una institución estatal.
El debate sobre la participación infantil resulta todavía más complejo. La protección de niños y niñas frente a la manipulación adulta es una obligación legítima del Estado. Pero protegerlos no significa necesariamente asumir que carecen de capacidad para expresar opiniones sobre asuntos que afectan sus propias vidas. Esa tensión está en el centro de las críticas que ha recibido Restrepo.
El caso de Resistencia Chiquita hace particularmente difícil sostener que la palabra “resistencia” apareció únicamente como una imposición externa. Su nombre existe desde antes de la actual administración del ICBF y está ligado a una historia concreta de organización infantil surgida a partir del asesinato de una niña. La colectiva ha construido durante años una identidad alrededor de la defensa de las niñas y la denuncia de las violencias que las afectan.
El episodio también evidencia cómo una disputa aparentemente menor puede convertirse en un símbolo de una transformación política más amplia. Un mural retirado terminó generando otro mural; una palabra cuestionada volvió a aparecer en la calle; y la decisión de utilizar “niñez” produjo una respuesta en la que “NIÑAS” fue convertida en una declaración política y cultural.
La escena del 30 de agosto resume, de alguna manera, el conflicto que atraviesa actualmente al ICBF: de un lado, una administración que afirma querer proteger a la infancia de la instrumentalización ideológica; del otro, colectivas que sostienen que las niñas tienen derecho a nombrarse, organizarse, expresarse y denunciar las violencias que las afectan sin que esa participación sea automáticamente interpretada como una agenda política de adultos.
La disputa está lejos de ser únicamente sobre una pared. Lo que está en juego es quién define el lenguaje con el que el Estado habla de la infancia, qué lugar tienen las niñas dentro de ese lenguaje, cuáles expresiones son consideradas políticas y cuáles son aceptadas como participación, y hasta dónde puede llegar un Gobierno en su intento de desmontar aquello que considera ideologización.
Por eso, frente al ICBF, las dos palabras que quedaron plasmadas el 30 de agosto tienen una carga que excede el grafiti: “RESISTENCIA” reivindica la identidad de una colectiva nacida después del feminicidio de una niña; “NIÑAS” reclama que ellas no sean absorbidas por una categoría que, aunque formalmente las incluye, para sus defensoras puede terminar ocultando las violencias específicas que enfrentan.
La controversia, finalmente, plantea una pregunta que el Gobierno tendrá que responder más allá de esta protesta: si el Estado dice proteger a las niñas, ¿puede hacerlo al mismo tiempo que limita las palabras con las que ellas se nombran y cuestiona las formas mediante las cuales deciden organizarse y hacerse escuchar?
