El Gobierno del presidente Gustavo Petro presentó una nueva propuesta para delimitar de manera progresiva 29.199 hectáreas del Complejo de Páramos Jurisdicciones – Santurbán – Berlín, una iniciativa que busca fortalecer la protección de uno de los ecosistemas más estratégicos del país y cumplir las órdenes impartidas por la Corte Constitucional sobre la delimitación de los páramos.
La propuesta fue puesta a consulta pública por el Ministerio de Ambiente y comprende inicialmente 19 municipios de Santander y Norte de Santander en los que ya culminó el proceso de concertación exigido por la Corte. Además, incorpora nueve municipios adicionales como beneficiarios del recurso hídrico, con el propósito de fortalecer la gestión integral de las cuencas que dependen del complejo de Santurbán.
El proyecto plantea una delimitación progresiva, es decir, avanzar por etapas en la definición del área protegida mientras continúan los procesos de concertación pendientes. Con ello, el Gobierno busca evitar los problemas jurídicos que llevaron a la anulación de delimitaciones anteriores por falta de participación efectiva de las comunidades involucradas.
Santurbán ha sido durante más de una década uno de los principales escenarios del conflicto entre la protección ambiental y la actividad minera. El complejo abastece de agua a cientos de miles de habitantes, especialmente en Bucaramanga y su área metropolitana, al tiempo que alberga importantes reservas de oro que han despertado el interés de empresas nacionales e internacionales.
Con la nueva delimitación, el Ministerio de Ambiente pretende consolidar restricciones sobre actividades de mediana y gran minería dentro del área protegida, reforzando el principio de preservación de los ecosistemas de páramo, considerados estratégicos por la Constitución y la legislación ambiental colombiana.
La iniciativa ha sido bien recibida por organizaciones ambientalistas, que consideran que representa un nuevo paso para proteger las fuentes hídricas y cumplir los fallos de la Corte Constitucional. Sin embargo, sectores empresariales y algunos dirigentes regionales han manifestado preocupación por el impacto que la medida podría tener sobre proyectos mineros y sobre la economía de varios municipios de la región.
La propuesta adquiere una dimensión política adicional porque fue presentada pocas semanas antes del cambio de gobierno. Su eventual adopción definitiva podría convertirse en uno de los primeros asuntos ambientales que deberá revisar la administración entrante encabezada por Abelardo de la Espriella.
Ese escenario contrasta con las posiciones expresadas durante la campaña presidencial por el gobierno electo. De la Espriella defendió reiteradamente una política orientada a ampliar la explotación de los recursos naturales, incluyendo el fortalecimiento de la minería y del sector de hidrocarburos como motores del crecimiento económico.
Dentro de ese planteamiento también manifestó su respaldo al desarrollo de proyectos de fracking, una postura opuesta a la política impulsada por el Gobierno Petro, que promovió la transición energética y limitó la expansión de nuevas actividades extractivas por sus posibles impactos ambientales.
El contraste refleja dos modelos distintos de desarrollo. Mientras la administración saliente privilegia la conservación de ecosistemas estratégicos y plantea restricciones adicionales a la explotación minera en zonas sensibles como Santurbán, el gobierno electo ha sostenido que Colombia debe aprovechar con mayor intensidad sus recursos naturales para fortalecer las finanzas públicas, aumentar la inversión y reducir la dependencia de importaciones energéticas.
La decisión que finalmente adopte el nuevo gobierno sobre la delimitación del páramo será observada con atención por comunidades, organizaciones ambientales y empresas del sector minero. Cualquier modificación podría dar lugar a nuevos debates jurídicos, pues la delimitación de Santurbán está directamente vinculada con el cumplimiento de las sentencias de la Corte Constitucional y con el derecho colectivo al acceso al agua.
Más allá de la discusión técnica sobre las 29.199 hectáreas propuestas, el caso de Santurbán vuelve a simbolizar uno de los debates estructurales del país: cómo equilibrar la protección de ecosistemas estratégicos con la explotación de recursos minerales. La resolución que finalmente se adopte no solo definirá el futuro de uno de los páramos más importantes de Colombia, sino que también marcará el rumbo de la política ambiental y minera durante el inicio del nuevo gobierno.
