En una sala de la Corte Superior de Plymouth, Massachusetts, un jurado compuesto por nueve mujeres y tres hombres lleva días deliberando sobre el destino de Lindsay Clancy, la exenfermera de partos de 36 años acusada de estrangular a sus tres hijos pequeños en enero de 2023. El caso, que ha dominado los titulares durante meses, no solo reabre preguntas sobre responsabilidad penal, sino que expone una laguna incómoda en la psiquiatría contemporánea: la falta de un diagnóstico formal para la condición que, según su defensa, la llevó a matar a Cora, Dawson y Callan.
Clancy no niega haber estrangulado a sus hijos con bandas elásticas la noche del 24 de enero de 2023, mientras su entonces esposo, Patrick, había salido a comprar comida. Tampoco niega haberse cortado las muñecas y el cuello después, ni haber saltado por la ventana de un segundo piso en un intento de quitarse la vida, un acto que la dejó paralizada de la cintura para abajo. Lo que está en disputa es si, al momento de los hechos, ella era penalmente responsable de sus actos.
La defensa, encabezada por el abogado Kevin Reddington, sostiene que Clancy atravesaba un episodio de psicosis posparto agravado por una medicación mal ajustada: llegó a tomar hasta trece fármacos distintos para tratar el ánimo, la ansiedad y síntomas psicóticos. La fiscalía, en cambio, argumenta que estaba lúcida, que documentó su estado mental en notas de su teléfono y en un diario, y que incluso investigó formas de matar antes de hacerlo, lo que para ellos demuestra premeditación y no un colapso de la realidad.
El desenlace judicial —culpable, homicidio involuntario, o absolución por falta de responsabilidad penal— dependerá en gran medida de cómo interprete el jurado un diagnóstico que, paradójicamente, ni siquiera figura como entidad propia en el manual de referencia de la psiquiatría estadounidense.
La Asociación Americana de Psiquiatría (APA) publica desde 1952 el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, conocido como DSM, la biblia de la profesión en Estados Unidos. En su quinta edición, vigente actualmente, la psicosis posparto no aparece como un trastorno independiente. En su lugar, se utiliza un especificador llamado “con inicio periparto”, que se añade a otros diagnósticos —un trastorno psicótico breve, un episodio depresivo mayor, maníaco o mixto con características psicóticas— cuando los síntomas surgen dentro de las cuatro semanas posteriores al parto.
Esto no siempre fue así. La condición sí tuvo reconocimiento diagnóstico propio en las dos primeras ediciones del manual, publicadas en 1952 y 1968. Fue eliminada en la tercera edición, de 1980, y desde entonces no ha vuelto a ocupar un lugar independiente en el sistema de clasificación, pese a los esfuerzos de varios especialistas por revertir esa decisión.
El intento más documentado llegó en 2020, cuando la psiquiatra Margaret Spinelli presentó una propuesta formal al comité del DSM-5 para que la psicosis posparto fuera reconocida como una entidad diagnóstica única, basada en la desorganización cognitiva particular que acompaña a sus episodios psicóticos. El comité no llegó a un consenso sobre si ese deterioro cognitivo estaba presente en todos los casos, y concluyó que no existía evidencia suficiente para tratarla como un diagnóstico distinto de los ya existentes.
Aun así, el propio comité reconoció que el especificador actual podría resultar insuficiente para capturar la complejidad clínica del cuadro, y sugirió que la condición podría incorporarse a la sección del manual dedicada a “condiciones para estudio adicional”, una especie de sala de espera diagnóstica para trastornos que aún no cumplen todos los criterios de inclusión formal.
El debate no se ha apagado. En octubre de 2025, un panel internacional de expertos en salud mental materna, en colaboración con organizaciones de pacientes, publicó en la revista Biological Psychiatry una recomendación para clasificar la psicosis posparto como una categoría distinta dentro del capítulo de trastornos bipolares, tanto en el DSM como en la Clasificación Internacional de Enfermedades de la Organización Mundial de la Salud.
Según ese panel, la mayoría de las mujeres con psicosis posparto presenta síntomas anímicos severos —manía, episodios mixtos o depresión con rasgos psicóticos—, además de irritabilidad, agitación y deterioro cognitivo. Se trata de una emergencia psiquiátrica que casi siempre requiere hospitalización, y que, sin tratamiento oportuno, conlleva un riesgo elevado de suicidio e infanticidio. Tratada a tiempo, en cambio, la mayoría de las pacientes recupera su funcionamiento previo.
Los defensores de una clasificación propia argumentan que la psicosis posparto es, precisamente por su relación temporal única con el parto y por los mecanismos biológicos que la distinguen, uno de los cuadros más reconocibles de toda la psiquiatría clínica. Sostienen que la falta de una categoría formal dificulta la detección temprana, la capacitación de personal de urgencias —que suele ser el primer punto de contacto para estas pacientes— y hasta la cobertura de tratamientos por parte de los seguros médicos.
Ese vacío diagnóstico ha alimentado un debate paralelo sobre si la clasificación psiquiátrica ha dado tradicionalmente menos atención a condiciones que afectan casi exclusivamente a mujeres. Quienes defienden esta lectura señalan que pocas otras categorías del DSM cuentan con una relación temporal tan clara con un evento biológico específico, y sin embargo ninguna otra ha enfrentado tantas décadas de resistencia para obtener reconocimiento formal.
Otros especialistas matizan esa interpretación. Argumentan que el proceso de revisión del DSM es deliberadamente exigente para cualquier propuesta diagnóstica, sin importar a qué población afecte, y que el comité no rechazó la gravedad del cuadro clínico, sino que aplicó el mismo estándar técnico que exige a otras entidades candidatas: demostrar que se trata de un trastorno genuinamente distinto y no una variante de otro ya existente.
Bajo esta óptica, el problema no sería exclusivamente de sesgo de género, sino también de un desafío más amplio en la atención de salud mental perinatal: muchas mujeres que atraviesan una psicosis posparto no llegan primero a un especialista en salud mental, sino a una sala de emergencias general, donde el personal no siempre está entrenado para reconocer los síntomas a tiempo.
Ambas posturas, sin embargo, coinciden en un punto: independientemente de las razones históricas detrás de la decisión, las consecuencias prácticas de la ambigüedad diagnóstica son tangibles. Y pocos escenarios lo ilustran mejor que una sala de tribunal, donde fiscales y defensores deben convencer a un jurado lego sobre la validez de una condición que la propia psiquiatría estadounidense no termina de definir con claridad.
En el caso de Clancy, esa ambigüedad se ha traducido en semanas de testimonios contrapuestos. Más de setenta testigos desfilaron por la fiscalía, entre ellos familiares, médicos, personal de emergencia e investigadores. La defensa, por su parte, llamó a diez testigos, incluidos expertos psiquiátricos que sostuvieron que Clancy atravesaba una psicosis posparto al momento de los hechos.
El juez William Sullivan instruyó al jurado sobre cinco posibles veredictos para cada uno de los tres cargos que enfrenta Clancy, que van desde el asesinato hasta la absolución por deterioro de su salud mental. Una condena podría implicar cadena perpetua. Una absolución, en cambio, no significaría libertad inmediata: Clancy sería trasladada a un hospital psiquiátrico estatal, donde permanecería bajo revisiones periódicas hasta que las autoridades determinen si puede reintegrarse de forma segura a la comunidad.
Mientras el jurado continúa deliberando, el caso ya dejó una marca más allá de la sala de audiencias. Ha vuelto a poner sobre la mesa pública la pregunta de por qué una condición con una ventana de aparición tan precisa, un perfil clínico tan estudiado y consecuencias potencialmente fatales sigue sin tener un nombre propio en el manual que rige el diagnóstico psiquiátrico en Estados Unidos.
Para las organizaciones dedicadas a la salud mental materna, el desenlace judicial de Clancy es secundario frente a una meta más amplia: que ningún otro caso similar tenga que depender, en un tribunal, de explicar desde cero qué es la psicosis posparto y por qué merece ser tomada tan en serio como cualquier otro diagnóstico reconocido.
