El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dejó en firme una sanción de aproximadamente $571 millones contra De la Espriella Lawyers, la firma de abogados fundada por el presidente Abelardo de la Espriella, en un proceso originado por el tratamiento tributario de un millonario contrato con la extinta Saludvida EPS.
La decisión, adoptada el 22 de septiembre de 2026, resolvió la controversia que la firma mantenía con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) por el pago del IVA correspondiente a servicios jurídicos prestados a la EPS en 2018.
El caso adquiere una dimensión política porque el contrato había sido señalado meses atrás por el entonces candidato presidencial Iván Cepeda, quien anunció una denuncia contra De la Espriella por presuntas irregularidades relacionadas con recursos del sistema de salud. Sin embargo, esas acusaciones no hacen parte de la determinación tributaria del Tribunal.
El contrato fue suscrito en noviembre de 2018, cuando De la Espriella todavía hacía parte de su firma. El acuerdo contemplaba inicialmente $3.000 millones en honorarios y una prima de éxito de $15.000 millones, para un valor potencial de $18.000 millones.
El objeto del negocio era la prestación de servicios de asesoría y representación jurídica para Saludvida y sus representantes. La discusión que terminó ante la jurisdicción administrativa consistió en determinar si esos servicios debían pagar IVA.
La posición de la firma era que los servicios estaban relacionados con la prestación del servicio de salud y que, por esa razón, podían quedar excluidos del impuesto. El bufete también sostuvo que los pagos estaban relacionados con recursos provenientes de la Unidad de Pago por Capitación, conocida como UPC.
La DIAN adoptó una interpretación diferente. Para la autoridad tributaria, lo contratado eran servicios jurídicos, por lo que estaban sometidos al impuesto y debían ser incluidos de esa manera en las obligaciones tributarias de la firma.
La controversia llegó a la DIAN después de que la Superintendencia Nacional de Salud informara sobre una auditoría realizada a Saludvida y solicitara examinar posibles asuntos tributarios relacionados con el contrato. La entidad tributaria terminó imponiendo la sanción en 2021.
De la Espriella Lawyers recurrió la decisión administrativa y posteriormente llevó el caso ante la jurisdicción contencioso-administrativa. Un juzgado administrativo de Bogotá mantuvo la sanción y la firma apeló esa decisión.
Ahora, en segunda instancia, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca confirmó la decisión. Los magistrados consideraron que el objeto contractual correspondía a la defensa jurídica de la EPS y sus representantes, y no a la prestación directa de servicios de salud.
Ese razonamiento fue determinante para concluir que los servicios prestados por el bufete estaban gravados con IVA. La controversia, por tanto, no se resolvió sobre la base de una discusión acerca de si la firma había prestado servicios médicos, sino sobre la naturaleza jurídica de las actividades contratadas.
El fallo deja así una obligación económica para la firma fundada por el actual presidente. No obstante, la sanción es contra De la Espriella Lawyers y no constituye una condena personal contra Abelardo de la Espriella. Tampoco corresponde a una condena penal por corrupción.
La propia firma reaccionó al fallo y anunció que lo acatará. En un comunicado sostuvo que respeta la independencia de la justicia y defendió que actuó de buena fe dentro de una controversia sobre la interpretación de las normas tributarias.
El bufete también rechazó que la decisión judicial sea utilizada para presentar el caso como una actuación fraudulenta. Su argumento es que la discusión surgió de una diferencia sobre la aplicación de las normas tributarias y no de una conducta deliberadamente encaminada a evadir impuestos.
La firma pidió además que el fallo no sea utilizado políticamente contra el presidente. De la Espriella se desvinculó del bufete en 2025, cuando inició su carrera hacia la Presidencia, varios años después de la celebración del contrato que originó la controversia.
Pero el contrato volvió al centro de la discusión pública en junio de 2026, durante la campaña presidencial. Iván Cepeda anunció entonces una denuncia penal relacionada con el acuerdo de $18.000 millones entre Saludvida y De la Espriella Lawyers.
Cepeda sostuvo que existían interrogantes sobre el origen de los recursos utilizados para pagar los servicios jurídicos y afirmó que podían estar comprometidos recursos públicos o parafiscales destinados al sistema de salud. Esos señalamientos fueron presentados por el entonces candidato como parte de una denuncia por presuntas irregularidades.
El dirigente también relacionó el caso con otras operaciones empresariales alrededor de Saludvida y mencionó a Joaquín Gutiérrez, quien posteriormente llegó a la presidencia de Ecopetrol y había tenido vínculos con el equipo de campaña de De la Espriella. Estas afirmaciones corresponden a los señalamientos formulados por Cepeda y no a conclusiones contenidas en el fallo tributario.
De la Espriella respondió entonces que su firma había defendido jurídicamente a Saludvida, pero negó haber manejado recursos de la salud. El actual presidente rechazó las acusaciones de su rival y sostuvo que el papel del bufete había sido exclusivamente jurídico.
La diferencia entre ambos asuntos resulta clave. El Tribunal sí estableció una responsabilidad tributaria de la firma por el tratamiento del IVA; no estableció que el contrato constituyera un acto de corrupción ni determinó que Abelardo de la Espriella hubiera participado en un desfalco de recursos de la salud.
La denuncia política, por su parte, plantea preguntas de otra naturaleza que deberán ser resueltas, si corresponde, por las autoridades competentes. Según reportes sobre el caso, la denuncia presentada por Cepeda fue remitida a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes debido a que uno de los señalados es ahora el presidente de la República.
La coincidencia entre ambos episodios, sin embargo, vuelve a poner el contrato de Saludvida bajo el foco público. El negocio se firmó en 2018, cuando De la Espriella estaba vinculado a su firma; la DIAN sancionó al bufete en 2021; el litigio pasó por los jueces administrativos y ahora el Tribunal confirmó la sanción.
La controversia también expone una particularidad del caso: la discusión tributaria comenzó mucho antes de que De la Espriella llegara a la Presidencia. Por eso, cualquier atribución de responsabilidad personal por la sanción debe distinguir entre la actuación de la sociedad comercial, la participación que tenía el abogado en ella en 2018 y su posterior desvinculación.
El episodio adquiere relevancia política adicional porque ocurre mientras el Gobierno de De la Espriella enfrenta debates sobre su relación con el sector privado y sobre los antecedentes empresariales de algunos de sus funcionarios y aliados. En este caso concreto, no obstante, el dato judicial comprobado es más preciso: una firma fundada por el presidente deberá pagar una sanción tributaria de $571 millones.
Así, el fallo del Tribunal no cierra las preguntas políticas planteadas alrededor del contrato de Saludvida, pero tampoco permite convertir automáticamente una controversia tributaria en una condena por corrupción. Lo que sí deja en firme es que la firma consideró que esos servicios jurídicos no debían pagar IVA y que la justicia administrativa terminó rechazando esa interpretación.
La historia de los $18.000 millones queda, por ahora, dividida en dos expedientes distintos: uno tributario, que acaba de concluir con la confirmación de una sanción de $571 millones contra De la Espriella Lawyers, y otro de naturaleza penal y política, originado en las denuncias de Iván Cepeda y cuya responsabilidad deberá establecerse, si procede, en las instancias correspondientes.
