El Gobierno de Abelardo de la Espriella puso el acelerador sobre el Centro Penitenciario Renacer, en Sabanas de San Ángel, Magdalena, con la intención de convertirlo en la primera megacárcel que entre en operación durante su administración.
La orden presidencial es terminar la infraestructura en el menor tiempo posible y avanzar hacia su puesta en funcionamiento antes de que termine 2026. La directora de la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (USPEC), Isadora Fernández, recibió la misión de destrabar los asuntos pendientes del proyecto.
Renacer tiene una capacidad proyectada de 1.974 personas privadas de la libertad, está construida sobre un terreno de unas 22 hectáreas y comprende cerca de 60.000 metros cuadrados de infraestructura. El complejo contempla pabellones de reclusión, áreas administrativas, sanidad, visitas y espacios para la guardia.
La Gobernación del Magdalena reportó que la obra presenta un avance físico cercano al 86 %, mientras la ejecución financiera se ubica alrededor del 75 %. Otros reportes publicados esta semana sitúan el avance físico en 88 %, una diferencia que puede obedecer al corte utilizado para medir la ejecución.
La administración departamental informó, además, que la entrada en funcionamiento podría comenzar progresivamente desde diciembre, incluso mientras continúan algunos trabajos. Para completar la infraestructura, las adecuaciones y la puesta en operación se requerirían cerca de 100.000 millones de pesos, según la gobernadora Margarita Guerra.
El anuncio, sin embargo, tiene una particularidad: Renacer no es una obra concebida ni contratada por el actual Gobierno. El proyecto fue adjudicado en diciembre de 2019, durante la administración de Iván Duque, y la construcción comenzó en 2020.
El contrato de obra fue adjudicado por la USPEC al Consorcio Fundación 2020 por un valor inicial de aproximadamente 183.630 millones de pesos. El cronograma original contemplaba que el establecimiento fuera entregado en septiembre de 2022.
Ese plazo no se cumplió. La obra atravesó suspensiones, problemas de seguridad, modificaciones y dificultades relacionadas con distintos componentes de su ejecución, hasta convertirse en uno de los proyectos penitenciarios que permanecieron durante años sin entrar en servicio.
Uno de los episodios que afectó la construcción ocurrió en febrero de 2022, cuando trabajadores fueron amenazados por un grupo armado que les exigió detener las labores. Las autoridades tuvieron que intervenir para garantizar la seguridad en el lugar.
Posteriormente, la obra fue suspendida y la Contraloría General llamó la atención sobre los riesgos asociados con la prolongación de esa pausa. Para junio de 2023, el organismo de control registraba contratos por 291.497 millones de pesos, incluidos 275.401 millones correspondientes a la obra y 16.096 millones a la interventoría.
La Contraloría también cuestionó aspectos relacionados con la planeación del proyecto. Entre las dificultades identificadas estuvieron asuntos asociados con estudios y diseños necesarios para componentes como los servicios eléctricos y de comunicaciones.
El costo tampoco permaneció en el nivel establecido cuando se adjudicó el contrato. Documentos de la USPEC remitidos a la Corte Constitucional en 2025 señalaron que el valor de la obra había aumentado 57,6 % mediante tres adiciones contractuales sucesivas.
De acuerdo con esos documentos, además, se planteó la necesidad de disponer de recursos adicionales para completar la dotación e integrar el establecimiento al sistema penitenciario. El problema no se limitaba, por tanto, a terminar paredes, pabellones y celdas: también estaba pendiente garantizar las condiciones para que la cárcel pudiera operar.
Es precisamente en esa etapa final donde aparece ahora el Gobierno de De la Espriella. La administración no inició Renacer, pero sí busca asumir el cierre de una obra que lleva varios años en construcción y convertir su entrada en funcionamiento en uno de los primeros resultados visibles de su política penitenciaria.
El Gobierno presenta el establecimiento como una infraestructura de alta seguridad, con sistemas destinados a restringir las comunicaciones no autorizadas desde el interior. Las celdas tendrán baño y espacios individuales, mientras los bloques contarán con mecanismos de seguridad reforzados.
La estrategia también contempla que Renacer no sea utilizada exclusivamente para internos provenientes del Magdalena. Según la Gobernación, podría recibir personas privadas de la libertad procedentes de otros departamentos, mientras algunos internos considerados de alta peligrosidad del Magdalena serían trasladados a cárceles de otras regiones.
La ubicación rural del establecimiento introduce, además, otro asunto pendiente: el acceso. La Gobernación ha planteado la necesidad de mejorar la vía para garantizar el traslado de personas privadas de la libertad, funcionarios y vehículos vinculados con la operación del complejo.
También se ha advertido sobre la necesidad de reforzar la seguridad en el entorno y de controlar el crecimiento de viviendas alrededor del establecimiento. El objetivo es evitar que el desarrollo urbano termine acercándose a una infraestructura penitenciaria que fue concebida en una zona rural.
El Gobierno busca, así, que Renacer sea más que la terminación de una obra atrasada. La cárcel aparece como el primer componente tangible de una política que contempla ampliar la infraestructura penitenciaria y construir nuevas megacárceles durante el actual periodo presidencial. Caracol Radio reportó que la administración proyecta entre siete y diez establecimientos de este tipo.
La denominación de “megacárcel”, sin embargo, también ha generado discusión. Renacer tendrá 1.974 cupos, una cifra que la administración utiliza para presentarla como una megacárcel, aunque la categoría no corresponde necesariamente a una definición técnica universal sobre el tamaño de estos establecimientos.
La disputa por el crédito político también comenzó a aparecer. El expresidente Gustavo Petro sostuvo que durante su gobierno la obra llegó a aproximadamente 84 % de ejecución. El actual Gobierno, por su parte, destaca que fue su administración la que ordenó acelerar la fase final y garantizar las condiciones para ponerla en funcionamiento.
Los datos contractuales muestran, no obstante, que la historia de Renacer es anterior a ambos gobiernos. El proyecto fue adjudicado durante la administración Duque, avanzó durante el gobierno Petro y ahora llega a su etapa final bajo la administración de De la Espriella. La discusión política gira entonces alrededor de quién ejecutó cada fase y quién asumirá el costo de completar la obra.
El contraste resulta especialmente relevante porque el Gobierno actual busca presentar la infraestructura como parte de una nueva política penitenciaria, mientras los antecedentes muestran una obra que acumuló años de retraso, suspensiones, modificaciones contractuales y mayores costos frente a su presupuesto inicial.
El reto inmediato será comprobar si la promesa de acelerar Renacer se traduce efectivamente en una apertura durante 2026. La Gobernación habla de una operación progresiva desde diciembre, mientras el Gobierno nacional mantiene como objetivo terminar el proyecto antes del cierre del año.
Renacer llega, de esta manera, a su última etapa con una doble condición: es una obra heredada que los gobiernos anteriores no lograron poner en servicio dentro del plazo previsto y, al mismo tiempo, una infraestructura que el Gobierno de De la Espriella busca convertir en símbolo de su política de seguridad penitenciaria.
La verdadera medida del anuncio, más allá de la inauguración, estará en que los recursos pendientes, la dotación, las vías de acceso, la seguridad y la operación penitenciaria estén efectivamente resueltos. Solo entonces una obra contratada en 2019 y prevista inicialmente para ser entregada en 2022 podrá pasar de proyecto atrasado a establecimiento penitenciario en funcionamiento.
