Las declaraciones de Mary Luz Herrán y Andrea Petro sobre el caso de Juliana y Verónica Guerrero evidenciaron una ruptura pública con la defensa que Gustavo Petro hizo de las dos jóvenes, cercanas a su entorno político. Ambas cuestionaron que el presidente saliera a respaldarlas en medio de los señalamientos por presuntas irregularidades y coincidieron en que, si existen responsabilidades, las autoridades deben investigarlas y las implicadas deben responder ante la justicia.
Mary Luz Herrán, exesposa del presidente, publicó el 27 de julio un mensaje en el que aseguró que le resultaba imposible acompañar a Petro en su posición frente al caso. La dirigente recordó que durante años había respaldado al mandatario en la mayoría de sus decisiones, pero sostuvo que en esta ocasión debía prevalecer la razón sobre los vínculos personales y políticos.
La crítica de Herrán estuvo dirigida especialmente a la defensa que Petro hizo de las hermanas Guerrero. La exesposa del mandatario pidió no respaldar “lo indefendible” y advirtió que las luchas colectivas construidas durante décadas no podían verse afectadas por actuaciones que calificó como inmaduras e irresponsables. También sostuvo que, si las jóvenes incurrieron en conductas irregulares, debían asumir las consecuencias y colaborar con las autoridades.
En entrevistas posteriores, Herrán planteó que Petro pudo haber sido engañado o manipulado por personas de su entorno. Según su interpretación, el presidente suele depositar una confianza profunda en quienes considera parte de las nuevas generaciones y puede mantener esa confianza incluso cuando recibe advertencias. Para la exesposa del mandatario, el caso reflejaba el riesgo de mezclar la cercanía personal con decisiones de poder.
Andrea Petro, hija del presidente, también se apartó de la defensa de las hermanas. Su postura se centró en el costo político que las actuaciones atribuidas a Juliana Guerrero podían tener para el proyecto que llevó a Gustavo Petro a la Presidencia. Andrea sostuvo que esos comportamientos habían contribuido a que sectores de la ciudadanía dejaran de respaldar electoralmente al petrismo y reclamó que no hubiera privilegios ni tratamientos especiales.
Las reacciones ocurrieron después de la entrevista en la que Angie Rodríguez, entonces directora del Fondo Adaptación y exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia, expuso presuntas irregularidades y conflictos internos relacionados con Juliana Guerrero. Rodríguez aseguró que dentro de la Casa de Nariño existía una supuesta red de personas que buscaba influir en nombramientos y decisiones administrativas, y señaló que su oposición a ciertas solicitudes terminó convirtiéndola en un obstáculo para ese grupo.
Según las denuncias conocidas públicamente, Juliana Guerrero habría tenido influencia en procesos de contratación y en gestiones ante distintas entidades del Gobierno, pese a no ejercer formalmente un cargo público. Las revelaciones también apuntaron a presuntas solicitudes hechas a empresarios y a un posible uso de su cercanía con altos funcionarios para intervenir en trámites y nombramientos. Estas son acusaciones y señalamientos que deben ser esclarecidos por las autoridades competentes.
El caso también incluyó cuestionamientos sobre la formación académica y los documentos presentados por Juliana Guerrero. Las dudas surgieron cuando su nombre fue relacionado con un posible nombramiento en el Gobierno y se conocieron denuncias sobre la presunta falsedad de títulos o certificaciones. La controversia abrió interrogantes sobre los filtros aplicados para verificar la información académica de personas cercanas al Ejecutivo.
En cuanto a Verónica Guerrero, las denuncias la vincularon con el mismo entramado de presuntas gestiones y solicitudes a empresarios. La controversia giró alrededor de la posible utilización de contactos políticos y de la cercanía de las hermanas con el presidente y otros miembros del Gobierno para obtener influencia en asuntos administrativos y contractuales. Hasta que exista una decisión judicial, estos hechos deben tratarse como señalamientos en investigación y no como responsabilidades demostradas.
El pronunciamiento de Mary Luz Herrán y Andrea Petro amplificó el impacto político del caso porque las críticas provinieron del entorno familiar del presidente. Mientras Petro defendió la necesidad de proteger a los jóvenes y sostuvo que, si hubo recepción de dinero, debía devolverse y colaborarse con la justicia, su exesposa y su hija insistieron en que la cercanía afectiva o política no podía convertirse en una razón para evitar el escrutinio. La controversia dejó al gobierno saliente ante un nuevo debate sobre la responsabilidad de quienes ejercen influencia sin ocupar cargos formales y sobre el costo que estos escándalos pueden tener para el legado del petrismo.
