La muerte de Adriana Manotas Rodríguez, de 52 años, ocurrida el pasado 10 de julio tras someterse a un procedimiento estético en un establecimiento que presuntamente operaba de manera clandestina en Bogotá, volvió a poner en el centro del debate la efectividad de los controles sobre este tipo de servicios y la necesidad de reforzar las medidas para prevenir nuevas tragedias. Las autoridades adelantan investigaciones para establecer las circunstancias del caso y determinar las responsabilidades penales, administrativas y sanitarias correspondientes.
De acuerdo con la información preliminar entregada por la Secretaría Distrital de Salud, el establecimiento donde fue atendida Manotas no estaba habilitado como una Institución Prestadora de Servicios de Salud (IPS), sino que figuraba registrado como una peluquería. Tras presentar complicaciones durante el procedimiento, la mujer fue trasladada a un centro asistencial, donde falleció pese a los esfuerzos del personal médico.
El caso ocurrió pese a que Colombia cuenta con una regulación que establece que los procedimientos médico-estéticos invasivos únicamente pueden practicarse en IPS debidamente habilitadas, con infraestructura adecuada, protocolos de bioseguridad y profesionales inscritos en el Registro Único Nacional del Talento Humano en Salud (RETHUS). Además, las instituciones deben estar registradas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS), herramienta que permite verificar si un establecimiento está autorizado para prestar estos servicios.
En Bogotá, las autoridades distritales habían intensificado durante los últimos meses las labores de inspección, vigilancia y control sobre clínicas estéticas y establecimientos de belleza. Según la Secretaría Distrital de Salud, hasta comienzos de julio de 2026 se habían realizado 1.296 visitas de inspección sanitaria, 590 operativos focalizados y se habían impuesto 155 medidas sanitarias de seguridad por incumplimientos a la normatividad vigente.
Como parte de esa estrategia, el Distrito también desarrolló más de un centenar de visitas motivadas por denuncias ciudadanas e impuso decenas de medidas adicionales contra establecimientos que realizaban procedimientos médicos sin contar con la habilitación correspondiente. Las autoridades habían advertido que muchos de estos lugares funcionaban en viviendas, peluquerías o centros de belleza, donde se practicaban intervenciones para las cuales no estaban autorizados.
La Secretaría Distrital de Salud también adelantó campañas de prevención dirigidas a los usuarios, insistiendo en la importancia de verificar previamente la habilitación de la IPS en el REPS y la inscripción del profesional en el RETHUS antes de someterse a cualquier procedimiento estético. Las autoridades recordaron que la publicidad en redes sociales o los precios bajos no constituyen garantía de seguridad ni de legalidad.
Paralelamente, el Distrito trabajó junto con sociedades científicas para fortalecer los criterios técnicos de inspección y consolidar estrategias de prevención. En ese contexto, se informó que entre 2020 y mayo de 2026 se habían recibido más de mil quejas relacionadas con servicios estéticos, muchas de ellas asociadas a establecimientos no registrados o al ejercicio ilegal de actividades médicas.
El fallecimiento de Adriana Manotas también reactivó las discusiones sobre nuevas herramientas para facilitar la verificación de los centros autorizados. Entre las iniciativas analizadas se encuentra la creación de un sello distrital con código QR que permita a los usuarios comprobar, de manera inmediata, si un establecimiento cuenta con la habilitación exigida por la autoridad sanitaria para realizar procedimientos médico-estéticos.
Tras conocerse el caso, el alcalde Carlos Fernando Galán anunció el fortalecimiento de los operativos contra centros clandestinos y reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier establecimiento que ofrezca procedimientos invasivos sin autorización. La Secretaría Distrital de Salud habilitó además canales permanentes para recibir denuncias y reforzar la vigilancia sobre este tipo de actividades.
Mientras la Fiscalía General de la Nación, Medicina Legal y la Policía Metropolitana avanzan en la investigación para esclarecer las causas exactas de la muerte de Adriana Manotas y establecer posibles responsabilidades, el caso vuelve a evidenciar los riesgos que representan los procedimientos estéticos practicados en establecimientos ilegales. Las autoridades reiteraron que la prevención depende tanto del fortalecimiento de los controles institucionales como de la verificación que realicen los ciudadanos antes de acudir a cualquier centro de atención estética.
