El Frente de Guerra Nororiental del ELN difundió un nuevo video en el que aparece el mayor de la Policía Fredy Alexis Russi González, uno de los tres integrantes de la Dijín secuestrados el pasado 17 de agosto en Norte de Santander. La guerrilla presenta sus declaraciones como evidencia de una supuesta alianza entre miembros de la institución y el Frente 33 de las disidencias de las Farc.
El material constituye una ampliación de las acusaciones formuladas por el ELN después del secuestro. En septiembre, la organización armada ya había afirmado que los policías realizaban actividades contra su estructura y que existían contactos entre integrantes de la Dijín y miembros del Frente 33.
La nueva grabación añade nombres, cargos, operaciones y lugares concretos. Russi habla del funcionamiento del CITER 5, menciona a varios funcionarios de la Policía, identifica a Andrey Avendaño como integrante del Frente 33 y describe supuestas operaciones de inteligencia contra el ELN.
Sin embargo, existe una circunstancia que atraviesa todo el material: las declaraciones fueron grabadas mientras Russi permanece secuestrado por el ELN. Por ello, sus afirmaciones requieren ser contrastadas independientemente y no pueden presentarse por sí solas como prueba judicial de los hechos que describe.
Russi fue secuestrado junto con la patrullera Érika Tatiana Monroy Hurtado y el patrullero Edinson Yesid Medina Traslaviña. En el mismo hecho también fue retenida Angi Jácome, una civil que viajaba con ellos. Los cuatro fueron interceptados el 17 de agosto en la vía entre Cúcuta y Ocaña, en jurisdicción de Bucarasica.
El vehículo en el que se movilizaban fue encontrado abandonado con daños y grafitis alusivos a las Farc. En las primeras horas del caso hubo dudas sobre la autoría del secuestro, pero posteriormente las autoridades orientaron la investigación hacia el ELN.
El Gobierno confirmó posteriormente que los tres uniformados estaban en poder del ELN. El presidente Abelardo de la Espriella descartó un eventual canje y afirmó que las operaciones para encontrarlos continuarían con las capacidades de la Fuerza Pública.
El 22 de septiembre, familiares de Russi, Monroy y Medina hicieron público un llamado al ELN para que respetara sus vidas y permitiera su liberación. El pronunciamiento fue realizado junto a la defensora del Pueblo, Iris Marín.
Ahora, en el nuevo video, el ELN sostiene que las primeras declaraciones difundidas habían generado reacciones y que el nuevo testimonio tendría como objetivo eliminar las dudas sobre los supuestos vínculos con el Frente 33.
Antes de que aparezca Russi, una voz atribuida al ELN asegura que el país habría podido comprobar los “alcances” de una supuesta alianza entre integrantes de la Fuerza Pública y esa estructura armada. Esa afirmación corresponde a la guerrilla y no a una conclusión independiente.
Posteriormente, Russi aparece frente a la cámara y anuncia que explicará el funcionamiento del CITER 5 y lo que denomina un “complot” con el Frente 33. Según su relato, esa unidad estaba integrada por 22 funcionarios.
El mayor afirma que durante 2025 el CITER 5 estaba bajo la jefatura de un mayor identificado como Chitiva. Según su declaración, este oficial habría delegado al intendente Jesús Molina la administración de una fuente humana relacionada con Andrey Avendaño.
Russi sostiene que Avendaño disponía de dos fuentes, entre ellas alias “El Negro”, quien habría suministrado coordenadas y establecido contacto con Molina. En la misma narración aparece Angi Jácome, a quien identifica como compañera sentimental de Avendaño.
De acuerdo con el testimonio, Avendaño habría encargado a Jácome realizar actividades de inteligencia para obtener información que permitiera ejecutar operaciones contra el ELN. Russi afirma que una de esas actividades habría contribuido a la captura de alias “Drácula” en 2025.
La captura de “Drácula” sí está documentada por las autoridades, aunque esa documentación pública no establece el papel que Russi atribuye a Jácome. En noviembre de 2025, el Ejército informó la captura de Darío Alfonso Sanguino Flórez, señalado como jefe de milicias del Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, durante una operación conjunta con la Fuerza Aeroespacial y la Policía en Sardinata.
Las autoridades habían señalado entonces a “Drácula” como responsable de ataques contra la Fuerza Pública, desplazamientos y acciones con explosivos y drones en el Catatumbo. También dijeron que mantenía comunicación con otros mandos del ELN.
La existencia de esa captura permite contrastar una parte del relato del video, pero no permite establecer que la información hubiera sido obtenida por Jácome ni que hubiese sido suministrada por Avendaño. Para ello serían necesarios los registros de inteligencia y de la operación.
Russi también habla de una operación posterior relacionada con alias “Tajueyuca”. Según su declaración, Avendaño habría utilizado a Jácome para establecer una relación sentimental con esa persona y obtener información que terminó en un operativo en la vereda El Carmen.
El mayor afirma que esa operación concluyó con el abatimiento de “Tajueyuca”. Esta afirmación constituye otra línea de investigación que puede contrastarse con reportes oficiales de operaciones, registros de la Fiscalía y documentos de la Fuerza Pública.
Uno de los pasajes más relevantes del video ocurre cuando Russi describe una reunión en Villa del Rosario. Según su relato, participaron el intendente Molina, el propio mayor y el intendente Quintero, encargado de realizar la cartografía de unas coordenadas.
Russi afirma que en esa reunión apareció alias “El Negro” y que posteriormente llegó Andrey Avendaño, quien habría suministrado información sobre la ubicación de integrantes del ELN.
El testimonio vincula esa información con un supuesto bombardeo en Filo Cordón, en el que, según Russi, murieron cinco integrantes del ELN. Este es uno de los puntos que mayor importancia tendría para una eventual verificación independiente.
Para comprobarlo habría que determinar cuándo ocurrió el operativo, dónde estaba ubicado exactamente Filo Cordón, qué unidad ejecutó la acción, cuál era el objetivo militar y qué información de inteligencia sustentó la operación.
También sería necesario establecer quiénes murieron, cómo fueron identificados y qué documentos fueron elaborados después del bombardeo. Una operación de ese tipo debería dejar registros militares, judiciales y de inteligencia que permitan reconstruir su origen.
El video posteriormente describe la salida del intendente Molina del CITER 5 para realizar un curso de ascenso. Russi sostiene que, antes de retirarse, Molina habría entregado a la patrullera Erika la administración de la fuente humana identificada como Angi.
Según esa versión, Molina habría proporcionado a Avendaño el contacto de Erika. Russi afirma que el integrante del Frente 33 habría establecido comunicación con la patrullera para entregar información sobre coordenadas y ubicaciones de integrantes del ELN.
El relato continúa con una afirmación todavía más delicada: que Erika y Edison Medina investigaban al Frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN y que, a cambio de información contra esa estructura, se habría producido un intercambio relacionado con operaciones contra el Frente 33.
La dirección exacta de ese supuesto intercambio debe establecerse escuchando el audio original, porque la transcripción disponible contiene posibles errores de reconocimiento de voz. Esa precisión resulta esencial para determinar si Russi está describiendo una operación de inteligencia, una fuente humana, un intercambio autorizado o una eventual colaboración irregular.
La diferencia es sustancial. El contacto de un funcionario de inteligencia con integrantes de una estructura armada no demuestra por sí mismo una alianza criminal: las operaciones de inteligencia pueden implicar fuentes humanas y contactos con actores ilegales bajo mecanismos legales de control. La cuestión sería determinar si esos contactos se salieron de ese marco y terminaron en colaboración ilícita.
El propio contexto regional hace que la denuncia sea especialmente sensible. En el Catatumbo operan y han combatido diferentes estructuras armadas, entre ellas el ELN y disidencias de las antiguas Farc. La Policía, además, ha desarrollado operaciones contra integrantes del Frente 33 y contra otras organizaciones presentes en Norte de Santander.
Por eso, comprobar las afirmaciones del video exige algo más que verificar si los funcionarios mencionados pertenecían a la Dijín. También debe establecerse cuál era su misión, qué operaciones tenían asignadas, qué fuentes humanas administraban y qué información recibieron o entregaron.
La investigación debería comenzar por reconstruir el CITER 5: su composición durante 2025 y 2026, sus jefes, las funciones de Molina, Quintero, Erika Monroy y Edison Medina, y las investigaciones que tenían bajo su responsabilidad.
Después tendría que reconstruirse cada operación mencionada por Russi. “Drácula”, “Tajueyuca” y el supuesto bombardeo de Filo Cordón pueden convertirse en puntos de contraste con expedientes, partes operativos y registros oficiales.
También será necesario conocer la posición de la Policía Nacional, la Fiscalía y, eventualmente, de la Procuraduría sobre las afirmaciones del video. Hasta el momento, las fuentes públicas consultadas documentan el secuestro y las acusaciones del ELN, pero no permiten afirmar que las supuestas alianzas hayan sido establecidas por una autoridad independiente.
El nuevo material, por tanto, eleva la relevancia de la denuncia pero no resuelve su veracidad. Lo que antes era principalmente una acusación del ELN ahora está acompañado por un testimonio atribuido a uno de los policías secuestrados, cuya autenticidad y contenido deben ser sometidos a verificación.
El punto central de la investigación ya no es únicamente qué afirma el ELN, sino qué elementos externos pueden confirmar o desmentir lo que dice Russi. Las coordenadas, operaciones, nombres, fechas y unidades mencionadas ofrecen una ruta concreta para hacerlo.
Mientras esa corroboración no exista, la relación entre la Policía y el Frente 33 debe describirse como una acusación de la organización armada y un supuesto relato de uno de los uniformados en cautiverio, no como un hecho probado.
El caso también plantea una pregunta institucional de fondo: si las declaraciones contienen información verdadera, ¿se trataba de operaciones legítimas de inteligencia o existió un intercambio clandestino con una estructura armada? Y si las afirmaciones son falsas o están manipuladas, ¿qué evidencia puede aportar el Estado para desmontar cada uno de los episodios descritos?
La respuesta a esas preguntas dependerá de documentos y fuentes independientes del ELN. Mientras tanto, el nuevo video pone bajo escrutinio a una unidad específica de la Dijín y abre una serie de interrogantes sobre las operaciones de inteligencia desarrolladas en Norte de Santander, precisamente en una región donde las disputas entre grupos armados han dejado una de las crisis de seguridad más graves del país
