La lucha internacional contra los delitos ambientales dio un paso importante en Viena, Austria, donde la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional (UNTOC) aprobó la creación de un comité ad hoc encargado de elaborar un protocolo adicional para enfrentar estas actividades criminales. La decisión se tomó durante la 13.ª Conferencia de las Partes (COP13), celebrada entre el 19 y el 23 de octubre de 2026.
La resolución obtuvo 83 votos a favor y permitió avanzar en la construcción de un instrumento jurídico destinado a fortalecer la cooperación entre los países para prevenir, investigar y perseguir los delitos ambientales. La aprobación se produjo sin alcanzar el consenso habitual en este tipo de decisiones, en medio de diferencias entre las delegaciones participantes sobre el alcance de la iniciativa.
Brasil y Perú lideraron la propuesta, que contó con el respaldo de Colombia y de otros países interesados en fortalecer las herramientas internacionales contra las economías criminales que afectan los ecosistemas. En contraste, Estados Unidos, Arabia Saudita y Japón votaron en contra de la resolución.
El protocolo que se busca elaborar contempla conductas como el tráfico ilícito de fauna y flora silvestres, incluida la madera; el comercio ilegal de desechos; la minería ilícita, y el tráfico de minerales y metales preciosos. La intención es avanzar hacia mecanismos que permitan mejorar la capacidad de los Estados para enfrentar estas actividades, especialmente cuando las redes involucradas operan a través de las fronteras.
La resolución establece que el comité deberá desarrollar cuatro sesiones de trabajo para preparar un borrador del protocolo, que será presentado en la COP14, prevista dentro de dos años. El documento deberá respetar la soberanía de los Estados y evitar interferencias con los acuerdos ambientales multilaterales existentes, además de ajustarse al ámbito de aplicación de la Convención.
Colombia respaldó la iniciativa después de trabajar durante tres años para promover su aprobación. De acuerdo con La Silla Vacía, el país participó en reuniones previas en París y Viena, en las que se discutieron los alcances de la propuesta y la necesidad de contar con herramientas jurídicas que permitan responder de manera coordinada a los delitos ambientales.
Entre los participantes colombianos mencionados en el proceso están Mauricio Cabrera, exviceministro de Ambiente, y Andrés Velasco, coordinador del Consejo Nacional de Lucha contra la Deforestación y otros Crímenes Ambientales (Conaldef). Cabrera destacó el trabajo diplomático de Brasil para conseguir los apoyos necesarios y señaló que la decisión constituye un mensaje a favor del multilateralismo y de la cooperación internacional.
La iniciativa también tiene implicaciones para la Amazonía, donde actividades como la minería ilegal y el tráfico de recursos naturales involucran redes que pueden operar en varios países. En este contexto, el protocolo podría contribuir a fortalecer la coordinación regional y complementar los esfuerzos de seguridad promovidos por los ocho países amazónicos a través de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
Otro de los asuntos relacionados con esta discusión es la trazabilidad de los minerales, una herramienta que permite identificar el origen de los productos y verificar la legalidad de su comercialización. Según Cabrera, el desarrollo de mecanismos de trazabilidad y el fortalecimiento de las normas penales podrían complementarse para actuar tanto contra las estructuras criminales como frente a las cadenas comerciales que facilitan la circulación de minerales de procedencia ilícita.
La discusión contó además con la participación de líderes indígenas acompañados por Amazon Watch, quienes expusieron los impactos de los delitos ambientales sobre sus territorios. Investigaciones de Amazon Underworld y La Silla Vacía sobre el mercado de minerales en la Amazonía también sirvieron como insumos para el debate.
Aunque la aprobación de la resolución representa un avance en la negociación internacional, el protocolo todavía debe ser elaborado y discutido por el comité ad hoc. Su alcance definitivo dependerá del contenido que se acuerde durante las próximas sesiones y de los pasos posteriores para su adopción.
