La decisión de un juez de Bogotá de sancionar con arresto al periodista Alejandro Villanueva, director del medio digital Desigual, abrió una nueva controversia sobre los límites de las órdenes judiciales frente al ejercicio del periodismo investigativo y las garantías de seguridad para quienes publican información de interés público.
El Juzgado 85 de Pequeñas Causas y Competencia Múltiple de Bogotá impuso al comunicador dos días de arresto y una multa equivalente a cuatro salarios mínimos, al considerar que incurrió en desacato de una decisión judicial relacionada con publicaciones que debía retirar y rectificar.
El caso se originó en una acción de tutela presentada por el empresario José Gregorio Arias Rojas, quien cuestionó contenidos publicados por Desigual. En esos trabajos periodísticos, Villanueva lo relacionó con alias El Faraón, señalado en investigaciones periodísticas como presunto narcotraficante.
Las publicaciones también abordaron presuntos vínculos empresariales entre Arias y personas o compañías mencionadas en esas investigaciones. Villanueva sostuvo que sus señalamientos estaban respaldados por documentos judiciales y registros de la Cámara de Comercio, aunque las afirmaciones sobre posibles relaciones criminales deben distinguirse de las responsabilidades establecidas mediante decisiones judiciales.
En el trámite de tutela, el juzgado ordenó retirar contenidos y realizar rectificaciones. La posterior sanción se produjo al considerar que el periodista no había cumplido las órdenes en los términos establecidos. La Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), sin embargo, cuestionó la manera en que se evaluó el trabajo periodístico y el alcance de las medidas adoptadas.
La FLIP cuestiona las órdenes contra el periodista
La FLIP manifestó su preocupación por la decisión y advirtió sobre sus posibles consecuencias para el ejercicio de la libertad de expresión. La organización considera que las órdenes judiciales que afectan publicaciones periodísticas deben examinar cuidadosamente el interés público de la información, los derechos de las personas mencionadas y las garantías constitucionales de la actividad informativa.
Uno de los puntos centrales del cuestionamiento es la exigencia de retirar contenidos y rectificar. Para la Fundación, estas medidas deben analizarse a la luz de las circunstancias concretas de las publicaciones y no pueden desconocer las garantías que protegen el trabajo de los medios de comunicación.
La organización también alertó sobre el posible efecto intimidatorio que una sanción de arresto puede tener en un periodista que desarrolla investigaciones sobre asuntos de interés público. Su preocupación es que las consecuencias judiciales y económicas puedan generar presiones que dificulten la publicación de información sobre personas o redes investigadas.
La posición de la FLIP corresponde a una valoración sobre la actuación judicial y sus efectos potenciales en la libertad de prensa. No equivale, por sí misma, a una decisión de un tribunal que haya declarado ilegal la sanción.
La controversia por los datos personales
Otro de los aspectos más delicados del caso tiene que ver con el manejo de la información personal de Villanueva durante el proceso judicial. De acuerdo con la FLIP, el periodista manifestó que no había sido notificado del fallo de tutela y que, para localizarlo, el juzgado solicitó sus direcciones y datos de contacto a una empresa.
La compañía respondió que la información solicitada era confidencial y pidió que se mantuviera bajo reserva. La Fundación cuestionó que los datos terminaran incorporados al expediente y disponibles para la contraparte del proceso.
La FLIP sostuvo que la divulgación de la ubicación y de los datos de contacto del periodista no era necesaria para controvertir el contenido de sus publicaciones. La organización advirtió que exponer esa información podía aumentar los riesgos para un comunicador que trabaja en asuntos sensibles.
Villanueva afirmó, en un video publicado por Desigual, que después de la entrega de sus datos personales comenzó a recibir amenazas y tuvo que cambiar de domicilio. Esa declaración corresponde al testimonio del periodista y constituye uno de los elementos que motivaron la alerta de la Fundación sobre su seguridad.
La controversia plantea interrogantes sobre la protección de los datos personales dentro de los expedientes judiciales, especialmente cuando las personas involucradas desarrollan actividades periodísticas y advierten riesgos para su integridad. También pone de relieve la necesidad de establecer qué información resulta indispensable para garantizar el debido proceso y cuál debe permanecer bajo reserva.
Las investigaciones sobre alias El Faraón
Las publicaciones que dieron origen a la tutela se relacionan con investigaciones periodísticas sobre alias El Faraón. El periodista Daniel Coronell había señalado que esa identidad correspondería a David Rolando Vivas López, y en sus investigaciones indico que era un presunto narcotraficante con influencia en Norte de Santander y la frontera colombo-venezolana.
Los reportes mencionados en la investigación también abordaban presuntos mecanismos de lavado de activos mediante negocios de juegos de azar, así como posibles actividades vinculadas con narcotráfico y minería ilegal.
El caso adquiere mayor relevancia por el contexto de riesgo para el periodismo en la región. El asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrió el 6 de junio de 2026 en Cúcuta, frente a su familia. Herrera había trabajado en investigaciones sobre presuntas redes criminales y posibles hechos de corrupción.
La Fiscalía había judicializado a tres personas por el asesinato de Herrera. La existencia de esas actuaciones debe diferenciarse de una condena definitiva, y cualquier relación entre ese crimen y las investigaciones periodísticas debe establecerse a partir de información verificada por las autoridades.
Libertad de prensa y garantías judiciales
El caso de Villanueva reúne dos debates que requieren análisis separado: el cumplimiento de las decisiones judiciales y la protección de la libertad de expresión. Las órdenes emitidas en una tutela deben ser atendidas conforme a las reglas aplicables, pero su ejecución también debe respetar los derechos fundamentales y las garantías del debido proceso.
La revisión judicial será determinante para establecer si la sanción por desacato se ajusta a las condiciones legales y si las órdenes iniciales tuvieron en cuenta adecuadamente la naturaleza de las publicaciones. Mientras avanza ese trámite, la FLIP insiste en que se deben adoptar medidas para proteger la seguridad del periodista y evitar que sus datos personales se utilicen de forma que lo expongan a nuevos riesgos.
El caso también vuelve a poner en discusión las condiciones en las que los periodistas pueden investigar asuntos de interés público sin que las controversias judiciales se conviertan en un obstáculo desproporcionado para su trabajo. La libertad de prensa no excluye las responsabilidades legales de los medios, pero exige que las restricciones a la publicación de información se evalúen con garantías constitucionales.
Por ahora, la sanción impuesta a Alejandro Villanueva, las amenazas que él afirma haber recibido y las objeciones formuladas por la FLIP mantienen abierto un debate sobre la actuación de la justicia y la protección de quienes realizan periodismo investigativo. La revisión por parte de un juez superior y las respuestas institucionales sobre el manejo de los datos personales serán elementos clave para conocer la evolución del caso.
