El cambio de administración en el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes quedó envuelto en una controversia por las actuaciones realizadas en algunos espacios de la entidad tras la salida de los funcionarios del gobierno anterior.
La discusión comenzó con el retiro de figuras artesanales y otros objetos que hacían parte de la ambientación de las oficinas durante la administración anterior. A esto se sumaron versiones sobre funcionarios que habrían esparcido sal en algunos espacios del Ministerio como parte de una supuesta limpieza simbólica.
El episodio adquirió una dimensión mayor porque no se trataba únicamente de cambiar muebles o reorganizar oficinas. Entre los objetos retirados había piezas asociadas a expresiones culturales y saberes tradicionales, lo que provocó cuestionamientos sobre el tratamiento que una entidad encargada precisamente de proteger la diversidad cultural del país estaba dando a esos elementos.
La controversia también alcanzó a Yannai Kadamani, exministra de las Culturas, las Artes y los Saberes y una de las figuras más visibles de la administración saliente. Kadamani ha construido buena parte de su trayectoria alrededor de la gestión cultural, las artes y el trabajo con comunidades y saberes tradicionales.
Desde esa perspectiva, el retiro de objetos artesanales y la utilización de sal fueron interpretados por sectores cercanos a la anterior administración como algo más que una modificación estética de los espacios. El cuestionamiento apunta a que determinadas expresiones de la cultura colombiana habrían sido tratadas como si fueran símbolos de una administración política que debía ser eliminada.
El caso de la sal es particularmente llamativo. La versión que circuló señala que algunas personas llegaron al Ministerio y realizaron una especie de “limpieza” con sal después de la salida del anterior equipo. La propia Kadamani hizo referencia públicamente al episodio en sus redes sociales, al señalar: “Parece leyenda pero llegaron al @mincultura echando sal en los…”.
La frase de la exministra refleja el carácter simbólico que adquirió el episodio. La utilización de sal puede tener múltiples significados culturales, espirituales y populares, por lo que atribuirle una intención específica requiere cautela. Lo que sí resulta polémico es que una práctica de ese tipo haya sido asociada públicamente con el proceso de transición dentro de una institución cultural.
El debate se vuelve todavía más sensible cuando se recuerda que el propio Ministerio tiene entre sus responsabilidades la protección del patrimonio cultural inmaterial, incluidos conocimientos, prácticas, expresiones y tradiciones de comunidades indígenas y otros pueblos. El ordenamiento colombiano reconoce, por ejemplo, instrumentos específicos para salvaguardar este patrimonio.
Un ejemplo particularmente relevante es el Sistema de Conocimiento Ancestral de los pueblos Arhuaco, Kankuamo, Kogui y Wiwa de la Sierra Nevada de Santa Marta, que cuenta con un Plan Especial de Salvaguardia y fue inscrito en 2022 en la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad de la Unesco.
Ese contexto explica por qué las críticas hablan de un posible irrespeto por la cultura ancestral. No significa que cada objeto artesanal retirado tenga automáticamente la condición jurídica de patrimonio cultural protegido, ni que utilizar sal constituya por sí mismo una infracción contra una comunidad. Pero sí plantea interrogantes sobre la sensibilidad con la que una institución cultural debe manejar símbolos provenientes de tradiciones colombianas.
También existe una diferencia importante entre retirar objetos porque hacen parte de la decoración de un despacho y despreciar su significado cultural. Para establecer esto último se necesitaría conocer el origen, autoría, propiedad y destino de cada pieza, así como las razones oficiales por las que fueron retiradas.
Por eso, una de las preguntas centrales de la polémica es si los objetos fueron simplemente reemplazados como parte de la reorganización normal de una nueva administración o si existió una intención de borrar elementos identificados con la gestión anterior. Hasta ahora, esa distinción resulta fundamental para no convertir una controversia administrativa en una acusación que no esté plenamente sustentada.
El episodio ocurre además en un Ministerio que durante la administración Petro reforzó el discurso sobre la existencia de “culturas”, en plural, y la importancia de los saberes de pueblos indígenas, comunidades afrocolombianas, campesinas y otros grupos. El propio Gobierno anterior presentó esa concepción como una de las bases de su política cultural.
Kadamani estuvo directamente vinculada con esa política. Durante su gestión, el Ministerio impulsó programas que incluían expresamente a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como a comunidades campesinas y otros sujetos culturales.
La controversia, por tanto, adquiere una lectura política inevitable. El nuevo Gobierno llegó a las entidades estatales con la intención de marcar distancia frente a la administración Petro, y el Ministerio de las Culturas no es la excepción. Sin embargo, el problema aparece cuando los símbolos que se retiran no representan únicamente a un gobierno, sino que pueden estar vinculados con tradiciones y expresiones culturales que trascienden los ciclos políticos.
También resulta paradójico que una institución cuya misión incluye promover y proteger los saberes culturales pueda quedar en medio de una discusión sobre la eliminación de objetos asociados a esas mismas expresiones. El debate no debería reducirse a si una administración tiene derecho a cambiar la decoración de sus oficinas, sino a cómo debe hacerlo cuando los elementos retirados tienen un significado cultural para comunidades concretas.
La polémica tampoco permite afirmar, sin pruebas adicionales, que exista una política deliberada de la nueva administración para desconocer o atacar las culturas ancestrales del país. Lo que sí existe es un episodio que ha generado cuestionamientos legítimos sobre los criterios utilizados para intervenir los espacios del Ministerio y sobre el respeto que debe acompañar cualquier transición administrativa.
El caso de las artesanías y la sal termina así convertido en un símbolo de una disputa más profunda: qué elementos pertenecen a un gobierno y cuáles pertenecen a la nación. Una administración puede cambiar funcionarios, políticas, colores institucionales o la disposición de un despacho; otra cosa es que en ese proceso termine tratando como herencia política aquello que en realidad forma parte de la memoria cultural del país.
Para Kadamani y sus críticos, ese es precisamente el punto de fondo. La transición de Gobierno no debería convertirse en una operación de borrado simbólico y mucho menos cuando ocurre dentro del Ministerio encargado de proteger las culturas, las artes y los saberes.
La discusión queda abierta y exige respuestas concretas: qué piezas fueron retiradas, a quién pertenecían, cuál era su origen, dónde fueron trasladadas y bajo qué criterios se tomó la decisión. También sería necesario aclarar oficialmente quién realizó la supuesta limpieza con sal y si se trató de una iniciativa personal o de una acción autorizada por funcionarios de la entidad.
Mientras esas explicaciones no existan, las imágenes y testimonios seguirán alimentando una controversia que trasciende el cambio de decoración de unas oficinas. El verdadero debate es si en la transición entre gobiernos se está respetando el patrimonio, la memoria y los saberes ancestrales que el propio Estado tiene la obligación de proteger.
