La controversia comenzó en una sede del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), donde un mural realizado por niños y niñas terminó convirtiéndose en el centro de una disputa entre la actual directora de la entidad, María Carolina Restrepo, y su antecesora, Astrid Cáceres.
Restrepo cuestionó particularmente expresiones que aparecían en la obra, entre ellas “Resistencia Chiquita” y “lucha”, al considerar que podían tener una connotación política e ideológica y plantear una eventual instrumentalización de menores dentro de un espacio institucional.
A partir de esa interpretación, la nueva dirección del ICBF ordenó retirar el mural. El argumento planteado fue que niños de corta edad podrían no comprender necesariamente el significado de algunas de las expresiones utilizadas y que el Instituto debe evitar que los menores sean utilizados para transmitir mensajes políticos.
La decisión provocó una reacción inmediata de la exdirectora Astrid Cáceres, quien salió en defensa de la obra y cuestionó la interpretación hecha por la actual administración. Para Cáceres, “Resistencia Chiquita” no corresponde a una consigna política, sino al nombre de un colectivo artístico integrado por niñas de Bogotá.
El colectivo tiene, además, una historia anterior a la actual controversia. Según la Secretaría de Cultura de Bogotá, Resistencia Chiquita nació en 2017, cuando un grupo de niñas de la ruralidad bogotana encontró en la danza y el teatro una forma de expresar su rechazo a la violencia contra niñas, adolescentes y mujeres.
Su origen está relacionado con el impacto que produjo entre las niñas el feminicidio de Yuliana Samboní, ocurrido en Bogotá en 2016. La propia documentación de la Secretaría de Cultura señala que las preguntas surgidas después de ese crimen llevaron a la creación de un espacio de expresión y reflexión desde la perspectiva de las niñas.
El colectivo desarrolló la obra “La niña salvaje”, mediante la cual sus integrantes abordaron la violencia contra niñas y mujeres y reivindicaron su derecho a construir sus propios proyectos de vida. La iniciativa fue reconocida institucionalmente y ganó en 2023 una Beca de Iniciativas de Participación Cultural Infantil de la Secretaría de Cultura de Bogotá.
Ese antecedente es uno de los elementos que alimentan la discusión actual. Para quienes defienden al colectivo, resulta difícil separar las expresiones utilizadas por las niñas de un proceso de participación infantil que ya había sido reconocido por instituciones públicas como una experiencia artística y cultural.
Cáceres explicó que, durante su administración, en una sede del ICBF se había habilitado un espacio para que los niños y niñas que visitaban el lugar pudieran dejar libremente su huella. Según su versión, fueron precisamente integrantes de Resistencia Chiquita quienes escribieron allí “Aquí estuvo: Resistencia Chiquita”.
La exdirectora también cuestionó lo que considera una lectura que subestima la capacidad de participación de los menores. Su defensa se centra en que escuchar a los niños y permitirles expresarse no equivale necesariamente a convertirlos en instrumentos de una agenda política.
El episodio plantea así una tensión entre dos principios: por un lado, la obligación institucional de proteger a los niños de cualquier instrumentalización política y, por otro, el reconocimiento de su derecho a participar, expresarse y desarrollar actividades culturales y artísticas.
La actual dirección del ICBF sostiene que debe existir una línea clara para impedir que los espacios destinados a la protección de la infancia sean utilizados para transmitir mensajes políticos o ideológicos. Sus cuestionamientos se concentran en el contenido de las frases que aparecían en el mural y en si los menores comprendían realmente su alcance.
Del otro lado, los defensores de Resistencia Chiquita sostienen que interpretar palabras como “resistencia” o “lucha” exclusivamente desde una perspectiva partidista desconoce el contexto en el que surgió el colectivo: la preocupación de unas niñas frente a la violencia de género y su búsqueda de herramientas artísticas para hablar de ella. La Secretaría de Cultura ha descrito precisamente su trabajo como una forma de “artivismo” infantil.
La disputa también terminó adquiriendo una dimensión política por el enfrentamiento entre las dos administraciones del ICBF. Cáceres, quien estuvo al frente del Instituto durante el gobierno de Gustavo Petro, cuestionó además las prioridades de la nueva dirección y pidió que la entidad concentre esfuerzos en los niños y familias afectados por la emergencia que atraviesa el país.
En particular, la exdirectora llamó la atención sobre la situación de los menores damnificados por el terremoto y planteó la necesidad de aplicar un enfoque de niñez y cuidado mutuo, así como de fortalecer la atención alimentaria para los niños afectados.
El caso del mural, por tanto, terminó convertido en un nuevo capítulo de la discusión sobre el enfoque que debe tener el ICBF bajo la administración de Carolina Restrepo. La controversia no está solamente en si una frase es política o artística, sino en cómo debe entender el Estado la participación de los niños en espacios institucionales.
También queda planteada una pregunta de fondo: ¿cuándo una expresión infantil sobre violencia, derechos o reivindicación social constituye participación y cuándo puede considerarse instrumentalización? La respuesta será determinante para establecer los límites de las actividades culturales y de participación que se desarrollan dentro de entidades públicas.
Por ahora, el mural ya fue retirado, pero la discusión permanece. El caso enfrenta dos interpretaciones sobre una misma expresión: para la actual dirección del ICBF, existen señales que justifican prevenir una posible utilización política de menores; para la exdirectora y quienes respaldan al colectivo, se trata de niñas que encontraron en el arte una manera de hablar sobre la violencia que las afecta.
La polémica, finalmente, pone nuevamente a los niños en el centro de un debate que los adultos están librando por ellos: si protegerlos significa mantenerlos al margen de determinadas expresiones o garantizar que puedan participar y expresarse sin que sus voces sean interpretadas automáticamente como posiciones políticas de terceros.
