La seguridad será uno de los ejes del gobierno de Abelardo de la Espriella y, dentro de ese paquete de medidas, una de las más controvertidas es la intención de flexibilizar el porte legal de armas para determinados ciudadanos. La propuesta, respaldada por el ministro de Defensa designado, el general (r) Jorge Eduardo Mora, busca ampliar el acceso a permisos para civiles que cumplan requisitos físicos, psicológicos y jurídicos, con el argumento de fortalecer la legítima defensa frente al aumento de la delincuencia.
El Gobierno electo ha insistido en que no pretende instaurar un libre porte sin controles. Su planteamiento consiste en permitir que comerciantes, ganaderos, transportadores y otras personas que acrediten una situación especial de riesgo puedan obtener permisos bajo un sistema de evaluaciones médicas, psicológicas y de antecedentes, además de capacitación en el manejo de armas de fuego.
Para sus defensores, el objetivo es equilibrar la relación entre ciudadanos y delincuentes. Argumentan que los criminales ya portan armas ilegales, mientras que quienes respetan la ley enfrentan mayores restricciones para defender su vida, su familia o su patrimonio. También sostienen que un arma legal puede cumplir un efecto disuasivo y evitar que algunos delitos lleguen a consumarse.
Sin embargo, la evidencia internacional ofrece un panorama mucho más complejo. Los estudios realizados en países que han flexibilizado el porte de armas no muestran un consenso en torno a una reducción sostenida de la criminalidad. En varios casos, las investigaciones han encontrado que la principal consecuencia es el aumento del número de armas en circulación, mientras que los efectos sobre los homicidios y otros delitos violentos dependen de múltiples factores institucionales y sociales.
Estados Unidos es el laboratorio más estudiado. En las últimas décadas numerosos estados han adoptado leyes que facilitan el porte de armas, incluso sin necesidad de permisos. Aunque los defensores de esas normas aseguran que fortalecen la capacidad de los ciudadanos para protegerse, buena parte de la literatura académica concluye que no existe evidencia consistente de que esas medidas reduzcan los delitos violentos y, en algunos estados, se han asociado con incrementos en homicidios y agresiones con armas de fuego.
La experiencia estadounidense también está marcada por un fenómeno prácticamente inexistente en otras democracias desarrolladas: los tiroteos masivos. Si bien estos representan una fracción del total de las muertes por armas de fuego, han convertido el acceso a las armas en uno de los principales temas del debate político. Los investigadores coinciden en que estos ataques responden a múltiples factores y no exclusivamente a la legislación sobre armas, pero también advierten que la amplia disponibilidad de armamento facilita que algunos agresores puedan cometerlos.
Ecuador constituye un antecedente más cercano para Colombia. En 2023 el gobierno de Guillermo Lasso autorizó el porte de armas para civiles que cumplieran determinadas condiciones, en medio de una grave crisis provocada por el narcotráfico y el crimen organizado. Sin embargo, los elevados niveles de homicidios continuaron y varios especialistas concluyeron que el principal desafío seguía siendo la capacidad de las organizaciones criminales, mucho más armadas que cualquier ciudadano autorizado.
Uno de los principales argumentos de quienes se oponen a flexibilizar el porte es el riesgo de que las armas adquiridas legalmente terminen en el mercado ilegal. Ese fenómeno puede producirse por robos, hurtos, ventas clandestinas, corrupción o mediante personas que adquieren armas legalmente para entregarlas a terceros. Una vez esas armas salen del circuito formal, pueden ser utilizadas por bandas criminales o grupos armados.
Los expertos también advierten sobre el incremento potencial de la letalidad en conflictos cotidianos. Riñas entre vecinos, discusiones familiares, incidentes de tránsito o altercados en establecimientos públicos pueden escalar con mayor facilidad cuando alguna de las personas involucradas porta un arma de fuego. A ello se suman los riesgos de accidentes domésticos, manipulación indebida y acceso de menores de edad a armas almacenadas de forma insegura.
Otro de los interrogantes es la capacidad del Estado para ejercer controles efectivos. Un sistema más amplio de permisos exigiría procesar miles de solicitudes adicionales, verificar antecedentes judiciales, practicar evaluaciones psicológicas y médicas, realizar seguimientos periódicos y garantizar la trazabilidad de cada arma desde su adquisición hasta su eventual decomiso o destrucción.
Ese desafío no es menor en un país donde ya existen dificultades para controlar el tráfico ilegal de armas y donde operan organizaciones criminales con una importante capacidad de corrupción. Algunos analistas consideran que ampliar el universo de armas legales también aumenta el esfuerzo institucional necesario para evitar que estas terminen alimentando los mercados ilícitos.
El debate no es únicamente técnico o jurídico. También tiene una dimensión sociológica. La evidencia disponible no permite afirmar que los colombianos sean, por naturaleza, más violentos que otros pueblos. Sin embargo, las ciencias sociales sí han documentado cómo décadas de conflicto armado, narcotráfico, economías ilegales y violencia política pueden generar procesos de habituación a la violencia y reducir la confianza en las instituciones como mecanismo para resolver conflictos.
Ese contexto lleva a algunos especialistas a advertir que una mayor disponibilidad de armas podría aumentar la letalidad de disputas interpersonales en una sociedad donde persisten altos niveles de violencia. Otros responden que precisamente por esas condiciones los ciudadanos deberían tener mayores herramientas para ejercer su legítima defensa frente a delincuentes que ya se encuentran armados.
Desde el punto de vista jurídico, el Gobierno cuenta con un margen importante para modificar la política vigente. La Constitución no prohíbe que los civiles porten armas, sino que exige autorización estatal. El régimen básico está contenido en el Decreto Ley 2535 de 1993, mientras que la restricción general al porte ha sido mantenida durante años mediante decretos presidenciales que suspenden la expedición de permisos salvo excepciones.
Por ello, una de las primeras decisiones del nuevo Ejecutivo podría ser simplemente no prorrogar la suspensión vigente o reemplazarla por una reglamentación más flexible. También podría ampliar los criterios para conceder permisos y modificar aspectos administrativos relacionados con las evaluaciones, la capacitación y la renovación de las licencias, siempre que actúe dentro de las facultades que le otorga la ley.
Si el Gobierno pretendiera modificar aspectos estructurales del régimen de armas o introducir cambios que excedan la potestad reglamentaria, probablemente tendría que acudir al Congreso para promover una reforma legal. Cualquier modificación de ese alcance también podría ser objeto de control por parte de las altas cortes.
Quienes se oponen a la flexibilización cuentan igualmente con herramientas jurídicas. Un eventual decreto que modifique la política de porte podría ser demandado ante el Consejo de Estado mediante una acción de nulidad, alegando exceso en las competencias del Ejecutivo, falta de motivación suficiente o vulneración de principios constitucionales relacionados con la protección de la vida y la seguridad ciudadana. Incluso podrían solicitar la suspensión provisional de la norma mientras se decide el proceso.
En caso de que el Congreso aprobara una reforma legal, la controversia podría trasladarse a la Corte Constitucional, encargada de determinar si las nuevas reglas respetan el marco constitucional y los derechos fundamentales. En otras palabras, el debate no solo se librará en el escenario político, sino también en los estrados judiciales.
La discusión sobre el porte legal de armas, en últimas, trasciende la pregunta de si un ciudadano debe o no portar un revólver o una pistola. En el fondo enfrenta dos modelos de seguridad: uno que privilegia la capacidad de defensa individual como complemento de la acción estatal y otro que considera que una mayor circulación de armas incrementa los riesgos para la sociedad. El rumbo que tome el nuevo Gobierno dependerá tanto de sus decisiones políticas como de su capacidad para convencer al país —y eventualmente a los jueces— de que la flexibilización puede traducirse en más seguridad sin abrir la puerta a nuevas formas de violencia.
