Antes incluso de asumir el Ministerio de Ambiente, Fabio Arjona Hincapié ya se encuentra en el centro de varias de las discusiones ambientales más sensibles del país. Sus posiciones sobre la minería en el entorno del páramo de Santurbán, el manejo de los hipopótamos del Magdalena Medio y sus críticas a lo que denomina una visión exagerada de algunos sectores ambientalistas han provocado reacciones de organizaciones sociales, expertos y dirigentes políticos. En pocos días, el ministro designado ha logrado abrir debates sobre algunos de los temas más complejos de la agenda ambiental colombiana.
La controversia también se alimentó de otra de sus afirmaciones más comentadas. En una entrevista aseguró que pensar que el presidente estadounidense Donald Trump llegará a “saquear los recursos naturales de Colombia” hace parte de una “histeria ambiental”, al considerar que algunos discursos recurren a escenarios extremos que no corresponden a la realidad. Para Arjona, el debate ambiental debe abandonar las consignas ideológicas y concentrarse en la evidencia científica, la regulación y la búsqueda de soluciones técnicamente viables.
La primera polémica surgió tras referirse al futuro de Santurbán. Arjona sostuvo que el nuevo Gobierno debe culminar la delimitación del páramo, identificar con claridad las zonas protegidas y aquellas donde legalmente podría desarrollarse actividad minera. Además, planteó la necesidad de formalizar la minería existente en la región, una propuesta que despertó preocupación entre los colectivos que durante más de una década han defendido la prohibición de proyectos extractivos en ese ecosistema.
El mayor revuelo llegó cuando mencionó el modelo desarrollado por la empresa canadiense Aris Mining en Antioquia como un referente que podría estudiarse para la formalización de pequeños mineros. Aunque el ministro designado nunca anunció que impulsaría un proyecto específico ni propuso permitir minería dentro del páramo delimitado, la sola referencia a una empresa minera en el contexto de Santurbán fue interpretada por diversos sectores como un cambio de enfoque frente a la política ambiental de los últimos años.
Las críticas no tardaron en aparecer. Organizaciones defensoras del agua y del páramo advirtieron que cualquier apertura hacia proyectos extractivos en la zona de influencia de Santurbán representa un riesgo para uno de los ecosistemas estratégicos más importantes del país. Para estos sectores, la discusión no puede reducirse a una delimitación cartográfica, sino que debe privilegiar el principio de precaución frente al abastecimiento de agua de cientos de miles de habitantes del nororiente colombiano.
Incluso el presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente las declaraciones de Arjona y reiteró su oposición a la explotación aurífera en el entorno del páramo. Sus palabras evidenciaron que la visión del ministro designado contrasta con la orientación del Gobierno saliente, que convirtió la protección de los páramos en uno de los ejes centrales de su política ambiental.
Aunque Arjona ha insistido en que no propone intervenir zonas donde la Constitución prohíbe la minería, sí ha dejado entrever una posición más favorable a revisar, desde criterios técnicos, qué actividades pueden desarrollarse en las áreas circundantes. Esa aproximación ha sido interpretada por algunos analistas como un giro hacia una política de mayor coexistencia entre conservación y aprovechamiento económico.
La segunda controversia surgió alrededor del manejo de los hipopótamos introducidos por Pablo Escobar, cuya población continúa creciendo en el Magdalena Medio. A diferencia del plan vigente del Ministerio de Ambiente, Arjona anunció que no implementará ningún esquema de control letal y que buscará resolver el problema exclusivamente mediante esterilización, traslado internacional y la creación de un santuario financiado con recursos privados.
Su posición fue bien recibida por organizaciones animalistas, pero generó reparos entre especialistas en especies invasoras. Diversos investigadores han advertido que la esterilización, aunque científicamente válida, es un proceso lento, costoso y difícil de ejecutar a la velocidad necesaria para contener una población que continúa reproduciéndose. Cada intervención requiere localizar al animal, sedarlo, practicar una cirugía y realizar un seguimiento veterinario, mientras nuevos ejemplares siguen naciendo.
También existen dudas sobre la viabilidad de la reubicación masiva. Aunque algunos zoológicos y santuarios internacionales han manifestado interés en recibir hipopótamos, la experiencia de los últimos años ha demostrado que el transporte internacional enfrenta importantes barreras logísticas, sanitarias y financieras. Hasta ahora, ningún programa ha logrado ofrecer una solución a gran escala para el número de animales presentes en Colombia.
Precisamente por esas limitaciones, el Gobierno saliente optó por un plan que combina varias herramientas: esterilización, traslado, confinamiento y, como último recurso, la eutanasia bajo criterios técnicos y de bienestar animal. Arjona, en cambio, ha descartado desde el inicio esta última alternativa, una decisión que algunos expertos consideran ética desde la perspectiva del bienestar animal, pero cuya eficacia para controlar una especie invasora aún está por demostrarse.
Las dos controversias tienen un elemento en común. En ambos casos, Arjona plantea apartarse de las soluciones que han predominado en los últimos años y propone privilegiar mecanismos que, según él, permiten compatibilizar la protección ambiental con otras consideraciones, como la actividad económica legal o el bienestar de los animales. Esa visión ha despertado tanto expectativas como inquietudes entre distintos sectores.
Sus críticos sostienen que ese enfoque podría traducirse en una flexibilización de la política ambiental colombiana, especialmente en asuntos relacionados con la minería y la gestión de ecosistemas estratégicos. Temen que conceptos como “formalización” o “aprovechamiento regulado” terminen ampliando el margen para actividades extractivas en zonas ambientalmente sensibles.
Quienes respaldan al ministro designado, por el contrario, consideran que durante los últimos años el debate ambiental se ha polarizado en exceso y que muchas decisiones han estado marcadas por posiciones ideológicas. Desde esa perspectiva, sostienen que una mayor participación de criterios técnicos y científicos podría facilitar soluciones más equilibradas para conflictos complejos.
Las declaraciones sobre Santurbán, los hipopótamos y la llamada “histeria ambiental” permiten identificar un mismo hilo conductor en el pensamiento del futuro ministro. Arjona ha cuestionado lo que considera una excesiva carga ideológica en parte del ambientalismo colombiano y ha defendido una gestión basada en criterios técnicos, incluso cuando ello implique revisar políticas o posiciones que durante los últimos años parecían consolidadas. Esa aproximación, sin embargo, también ha despertado dudas entre quienes consideran que detrás de ese discurso podría abrirse espacio a una flexibilización de la protección ambiental.
A pocos días de asumir el cargo, Fabio Arjona ya enfrenta el desafío de demostrar que sus propuestas son algo más que un cambio de discurso. La forma en que resuelva las tensiones entre conservación, desarrollo económico y bienestar animal será determinante para el rumbo de la política ambiental del gobierno de Abelardo De La Espriella. Al mismo tiempo, sus primeras declaraciones dejan entrever que el nuevo Ministerio de Ambiente podría apartarse del enfoque de la administración Petro y promover una visión menos restrictiva frente a algunos conflictos ambientales, una apuesta que sus defensores califican como técnica y pragmática, mientras que sus críticos consideran que podría traducirse en una flexibilización de la protección de ecosistemas estratégicos. Esa diferencia de enfoques promete convertir la agenda ambiental en uno de los escenarios de mayor debate político durante el nuevo gobierno.
