El Gobierno nacional expidió el Decreto 1599 del 22 de octubre de 2026, con el que estableció el Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2027 por $634,9 billones. Aunque el monto total se mantuvo, la distribución de los recursos cambió frente a la versión que habían aprobado las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes.
La decisión se produjo después de que las dos corporaciones aprobaran textos diferentes del proyecto y no lograran conciliar las discrepancias dentro del plazo legal. Ante esa situación, el Ejecutivo recurrió al mecanismo previsto en el Estatuto Orgánico del Presupuesto para expedir el documento con base en el proyecto gubernamental y las modificaciones aprobadas durante el primer debate de las comisiones económicas.
El decreto dejó por fuera varias adiciones que habían sido incorporadas durante las discusiones en las plenarias. Entre los sectores afectados están salud, pensiones, subsidios de energía y gas y universidades públicas, además de otras entidades que esperaban recursos adicionales para atender compromisos y financiar programas.
La principal diferencia está en que el presupuesto decretado recupera la distribución aprobada en la primera etapa del trámite legislativo. Por eso, las modificaciones que surgieron posteriormente no quedaron incorporadas en las apropiaciones que regirán durante el próximo año.
Salud, entre los sectores afectados
Uno de los sectores que dejó de recibir recursos adicionales fue el de Salud y Protección Social. Durante el segundo debate, el Congreso había aprobado una adición de $3 billones para atender las necesidades del sistema y responder a la crisis financiera que afrontan distintos actores, entre ellos las entidades promotoras de salud (EPS).
Esa suma no quedó incluida en el decreto. El sector conserva los recursos contemplados en la versión aprobada en primer debate, incluidos los $2 billones que ya se habían incorporado durante esa etapa de la discusión presupuestal.
La diferencia es importante porque los recursos adicionales buscaban aliviar las necesidades financieras del sistema sanitario. Sin embargo, que esa adición haya quedado por fuera no significa que el sector se haya quedado sin presupuesto, sino que no contará con el incremento aprobado posteriormente por las plenarias.
Pensiones y subsidios de energía también pierden adiciones
El sector Trabajo también dejó de recibir una adición de $6,5 billones que había sido aprobada para atender obligaciones pensionales de la Nación. La propuesta buscaba reforzar la financiación de estos compromisos, que representan una parte significativa del gasto público.
La exclusión de esa suma vuelve a poner sobre la mesa la discusión acerca de cómo financiar las obligaciones pensionales y garantizar los recursos necesarios para atenderlas. El presupuesto decretado mantiene las partidas previstas en la versión de primer debate, pero no el incremento incorporado durante la discusión final en el Congreso.
Otro de los cambios que no sobrevivió al trámite fue la adición de $3 billones destinada a los subsidios de energía eléctrica y gas. Estos recursos estaban dirigidos a apoyar la financiación de los subsidios para los usuarios beneficiarios y atender necesidades relacionadas con la prestación de esos servicios.
La decisión afecta la distribución prevista para el sector de Minas y Energía, que había recibido el incremento durante las plenarias. Al quedar excluido, el monto adicional no podrá ejecutarse con cargo a esa apropiación del presupuesto de 2027, aunque el Gobierno podría presentar posteriormente nuevas iniciativas para modificar las cuentas.
Universidades públicas e ICETEX
La educación superior pública también quedó entre los sectores que no recibieron las adiciones aprobadas en la última etapa del trámite. Las plenarias habían incorporado $700.000 millones para atender necesidades de funcionamiento de las universidades públicas.
La propuesta respondía a la brecha de financiación que enfrentan las instituciones estatales para cubrir gastos operativos y garantizar la continuidad de sus actividades académicas. Sin embargo, el incremento no quedó contemplado en el decreto expedido por el Gobierno.
El Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX) también figuraba entre las entidades que esperaban una adición de $100.000 millones. Esa suma, incluida en los cambios de las plenarias, tampoco pasó a la distribución definitiva.
La ausencia de estos recursos representa un límite para las iniciativas que buscaban fortalecer la financiación de la educación y el acceso a oportunidades de formación. No obstante, las asignaciones ordinarias de las entidades se mantienen conforme a lo dispuesto en el presupuesto decretado.
Otras entidades y programas que quedaron por fuera
La Registraduría Nacional del Estado Civil y la Rama Judicial también dejaron de recibir las adiciones de $100.000 millones que se habían aprobado durante el segundo debate. En ambos casos, los recursos adicionales no quedaron incluidos en la versión que finalmente adoptó el Ejecutivo.
El Congreso de la República, por su parte, había incorporado una adición de $100.000 millones. Como ocurrió con las otras partidas aprobadas en las plenarias, ese incremento no quedó en el decreto, que retomó las modificaciones del primer debate.
La Defensoría del Pueblo tampoco recibió los $30.000 millones adicionales que figuraban en el texto aprobado posteriormente por el Legislativo. La suma buscaba fortalecer los recursos de la entidad para cumplir sus funciones institucionales.
En materia de infraestructura, también quedaron por fuera modificaciones relacionadas con recursos para el Instituto Nacional de Vías (Invías), entre ellas una reasignación vinculada con la Ruta de los Comuneros. Las propuestas de las plenarias no quedaron incorporadas en la distribución adoptada mediante el decreto.
Los programas sociales y de protección animal también figuraban entre las iniciativas afectadas. En la discusión legislativa se había incluido una adición de $7.000 millones para programas de Prosperidad Social, como Colombia Mayor, Renta Ciudadana y Renta Joven, así como $26.500 millones para un programa de esterilización de perros y gatos. Esas partidas adicionales no quedaron incluidas en el texto definitivo.
El servicio de la deuda conserva una partida elevada
Entre los rubros que mantienen una asignación importante está el servicio de la deuda pública. El decreto contempla $155,43 billones para atender esas obligaciones, una suma que representa cerca de una cuarta parte del presupuesto nacional.
Durante las plenarias se había planteado reducir el monto destinado al servicio de la deuda en aproximadamente $11,3 billones y redistribuir esos recursos entre funcionamiento e inversión. Esa modificación no quedó en el decreto, por lo que se mantuvo la asignación prevista en el texto aprobado en primer debate.
De haberse aplicado la modificación de las plenarias, el presupuesto habría contado con mayores recursos para otros gastos estatales, entre ellos cerca de $7,8 billones adicionales para inversión y $3,4 billones para funcionamiento, según los cálculos divulgados durante la discusión. La decisión del Gobierno dejó por fuera esa redistribución.
En ese sentido, el servicio de la deuda puede considerarse uno de los rubros favorecidos en comparación con la versión aprobada en segundo debate, pues conserva la asignación más alta que contemplaba el texto de primer debate. Esto no representa una adición nueva, sino la continuidad de los recursos previstos inicialmente.
La JEP evita un recorte adicional
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) también presenta una diferencia frente al texto aprobado en las plenarias. En esa etapa se había propuesto un recorte adicional de $11.400 millones para la entidad, cuyos recursos se habrían trasladado al sector Defensa.
Al retomarse la versión de primer debate, ese recorte adicional quedó por fuera. Sin embargo, la JEP mantiene el recorte inicial de aproximadamente $170.000 millones contemplado en la discusión presupuestal, de manera que no recupera esos recursos: evita únicamente la reducción adicional que se había aprobado después.
Un presupuesto sin aumento en el monto total
La distribución general del presupuesto decretado contempla $391,38 billones para funcionamiento, $155,43 billones para el servicio de la deuda y $88,14 billones para inversión, de acuerdo con las cifras divulgadas por la Presidencia. Estos componentes suman el total de $634,9 billones establecido para 2027.
El resultado muestra que la controversia no se centra en un aumento o una reducción del monto global, sino en cuáles sectores y entidades pueden contar con los incrementos aprobados durante las plenarias. La falta de conciliación entre los textos del Senado y la Cámara impidió que esas modificaciones quedaran incorporadas en el documento expedido por el Gobierno.
El Ejecutivo anunció que trabaja en una iniciativa legislativa para reorganizar las finanzas públicas y buscar alternativas de financiación. Si presenta una modificación presupuestal, su alcance dependerá del contenido del proyecto y del trámite que adelante el Congreso.
Por ahora, el Decreto 1599 define las apropiaciones que servirán de base para el gasto público durante 2027. Salud, pensiones, subsidios de energía y gas, universidades y varias entidades estatales quedaron sin los incrementos aprobados en segundo debate, mientras el servicio de la deuda conserva la partida prevista en la primera versión. El efecto final dependerá también de las decisiones que se adopten durante la ejecución presupuestal y de eventuales cambios posteriores.
