El primer Presupuesto General de la Nación elaborado por el Gobierno de Abelardo de la Espriella superó su primera gran prueba en el Congreso. Las comisiones económicas conjuntas de Senado y Cámara aprobaron en primer debate el proyecto para 2027, que mantiene un monto total de $634,9 billones y ahora deberá pasar a las plenarias de las dos corporaciones.
La decisión se produjo el miércoles 23 de septiembre después de una extensa discusión en las comisiones Terceras y Cuartas. La aprobación no significa que el presupuesto ya sea ley: todavía quedan los debates en las plenarias de Senado y Cámara y las eventuales modificaciones y conciliaciones que puedan surgir durante esa etapa.
El Congreso tiene hasta el 20 de octubre para completar el trámite. Si el proyecto no queda aprobado dentro del plazo constitucional, el Gobierno puede expedir el presupuesto mediante decreto, de acuerdo con las reglas que regulan esta discusión anual.
El monto de $634,9 billones había sido aprobado previamente por las comisiones económicas el 14 de septiembre. En aquella votación se definió el techo global; la discusión de esta semana avanzó sobre el articulado y la distribución de los recursos entre los diferentes sectores del Estado.
La cifra supone un salto considerable frente al presupuesto vigente. De acuerdo con los cálculos presentados por el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, los $634,9 billones representan un incremento de 14,2 % frente a la apropiación vigente para 2026, calculada en $555,8 billones.
También existe una diferencia sustancial frente al proyecto que había sido presentado inicialmente en julio. La propuesta revisada por el nuevo Gobierno aumentó el presupuesto en $59,3 billones, una modificación que la administración De la Espriella ha explicado como parte de su intención de reconocer obligaciones fiscales que considera que no estaban suficientemente reflejadas en el proyecto anterior.
El ministro de Hacienda, Miguel Gómez Martínez, bautizó la iniciativa como el “Presupuesto de la Verdad”. Al radicarla el 27 de agosto sostuvo que el objetivo era mostrar con mayor claridad cuánto cuesta financiar el Estado y cuáles son las obligaciones que deberá asumir el país durante 2027.
La estructura inicialmente presentada por Hacienda permite dimensionar dónde se concentra el gasto. Aproximadamente el 62 % corresponde a funcionamiento, el 24 % al servicio de la deuda y apenas el 14 % a inversión.
El peso de la deuda es uno de los elementos centrales del proyecto. El propio ministro de Hacienda señaló durante la presentación que el monto destinado a ese componente sería el más alto registrado hasta ahora y atribuyó buena parte de esa presión al endeudamiento recibido de la administración anterior. Esa explicación corresponde a la posición del Gobierno.
El tamaño del presupuesto también ha abierto una discusión sobre el discurso de austeridad de la nueva administración. Antes de la votación del monto, congresistas del Pacto Histórico presentaron una propuesta alternativa para reducirlo a $597 billones y cuestionaron que un Gobierno que había prometido restringir el gasto terminara aumentando sustancialmente el proyecto inicialmente presentado. La proposición fue derrotada.
El aumento del presupuesto, sin embargo, no demuestra por sí mismo que la política de austeridad haya sido abandonada. Gastos como pensiones, transferencias, servicio de la deuda y otras obligaciones pueden aumentar independientemente de los recortes que el Ejecutivo aplique sobre contratos, burocracia u otros rubros discrecionales. La discusión estará en establecer dónde se producen efectivamente los ahorros anunciados y qué sectores explican el crecimiento total.
Uno de los cambios que generó mayor controversia durante el primer debate fue el presupuesto de la Jurisdicción Especial para la Paz. El texto aprobado contempla una reducción de $170.000 millones frente a los recursos que estaban previstos para la JEP.
La disminución se divide en aproximadamente $30.000 millones de funcionamiento y $140.000 millones de inversión. El ajuste terminó siendo incluso superior a los $100.000 millones que inicialmente habían planteado sectores del oficialismo para trasladarlos hacia la justicia ordinaria.
De los recursos retirados a la JEP, $100.000 millones están destinados a fortalecer la justicia ordinaria, mientras otra parte fue reasignada hacia sectores como deporte. La redistribución convirtió el presupuesto de la justicia transicional en uno de los principales puntos políticos de la negociación presupuestal.
La decisión ocurre además en medio de las tensiones entre el Gobierno y la JEP. De la Espriella había respaldado públicamente la propuesta de reducir recursos de la jurisdicción para trasladarlos a la Rama Judicial, mientras el presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, ha advertido sobre las consecuencias que nuevos recortes podrían tener para su funcionamiento.
Durante la discusión, el magistrado Raúl Sánchez sostuvo que una reducción de esa magnitud podría llevar a la jurisdicción a una situación financiera crítica. La advertencia corresponde a la posición de la JEP y sus efectos concretos dependerán tanto del texto que finalmente apruebe el Congreso como de la ejecución presupuestal durante 2027.
Mientras la justicia transicional pierde recursos en el texto aprobado en primer debate, otros sectores recibieron adiciones. Entre ellas aparecen $2 billones adicionales para el Ministerio de Salud, una de las áreas que enfrenta mayores presiones financieras durante los primeros meses de la nueva administración.
También fueron incluidos $500.000 millones adicionales para el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, y $99.100 millones para deporte y recreación. El texto contempla además modificaciones en recursos destinados a organismos de control y otros sectores de la administración pública.
Las reasignaciones muestran que la discusión presupuestal no gira solamente alrededor del tamaño de los $634,9 billones. La disputa central está también en determinar qué instituciones ganan recursos, cuáles los pierden y cuáles prioridades políticas terminan reflejadas en la distribución definitiva.
En paralelo aparece una preocupación macroeconómica. Leonardo Villar señaló ante el Congreso que la estabilidad del país requiere que el proceso de ajuste fiscal continúe y se profundice durante varios años. Su intervención no constituyó un respaldo o rechazo integral al proyecto, sino una advertencia sobre las condiciones fiscales dentro de las cuales deberá ejecutarse.
Esa advertencia adquiere importancia porque el Gobierno intenta combinar tres objetivos difíciles de conciliar: financiar obligaciones crecientes, atender las consecuencias económicas y fiscales del terremoto de agosto y sostener su promesa de reducir gastos que considera innecesarios. La propia Presidencia ha presentado el presupuesto como una de las decisiones económicas estructurales de sus primeras semanas de gobierno.
La aprobación en primer debate representa también una prueba política para la Casa de Nariño. Sacar adelante el proyecto exigió negociaciones con distintas bancadas en unas comisiones donde el Gobierno necesitaba construir mayorías para evitar que su primera propuesta presupuestal quedara bloqueada.
Eso no significa que los $634,9 billones y todas las asignaciones conocidas sean definitivos. Las plenarias pueden modificar partidas y aprobar proposiciones que alteren la distribución que salió de las comisiones económicas. La composición final del presupuesto solo podrá establecerse cuando termine todo el trámite legislativo.
La siguiente discusión permitirá además medir hasta dónde llegan dos apuestas del Ejecutivo que quedaron reflejadas en el primer debate: mantener un presupuesto considerablemente superior al vigente mientras defiende una política de austeridad, y trasladar recursos entre instituciones de acuerdo con las prioridades que ha planteado desde su llegada al poder.
Por ahora, el Gobierno consiguió preservar el monto de $634,9 billones y logró que las comisiones económicas aprobaran cambios relevantes como el recorte de $170.000 millones a la JEP y las adiciones para salud, SENA y deporte. Pero todavía deberá defender esas decisiones ante las plenarias de Senado y Cámara antes del 20 de octubre.
El debate que queda no será únicamente sobre cuánto gastará Colombia en 2027. También deberá mostrar de dónde saldrán los recursos, cuánto del crecimiento presupuestal corresponde a obligaciones inevitables y dónde se materializarán los recortes prometidos por De la Espriella. Esas respuestas serán determinantes para establecer cómo el llamado “Presupuesto de la Verdad” termina conciliando el aumento del gasto con la austeridad que el Gobierno ha convertido en parte central de su discurso económico.
