La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra Antonio José Díaz Caballero, profesor de la Facultad de Odontología de la Universidad de Cartagena, por presuntas conductas inapropiadas hacia una estudiante de la institución.
La decisión fue adoptada por el organismo de control tras analizar una denuncia relacionada con mensajes que habrían sido enviados por el docente a la alumna y que son objeto de evaluación dentro del proceso disciplinario.
Según la Procuraduría, los hechos investigados podrían constituir una vulneración de los deberes funcionales que deben observar los servidores públicos en el ejercicio de sus actividades académicas y profesionales.
El ente de control señaló que existen elementos suficientes para avanzar en la actuación disciplinaria y determinar si el comportamiento atribuido al profesor configura una falta sancionable de acuerdo con la normatividad vigente.
Dentro de la investigación se analizarán las comunicaciones aportadas al expediente, así como otros elementos probatorios que permitan establecer el contexto y alcance de las conductas denunciadas.
La Procuraduría calificó provisionalmente la conducta como una posible falta grave cometida a título de dolo, aunque aclaró que esta valoración corresponde a una etapa inicial del proceso y no implica una decisión definitiva.
Con la formulación del pliego de cargos se abre una fase procesal en la que el docente podrá presentar descargos, solicitar pruebas y ejercer plenamente su derecho a la defensa antes de que se emita un fallo.
El caso ha generado atención dentro de la comunidad universitaria debido a que involucra a un profesor de una institución pública de educación superior con amplia trayectoria en la región Caribe.
Diversos sectores académicos han reiterado la importancia de fortalecer los mecanismos de prevención, atención y acompañamiento frente a posibles situaciones de acoso o conductas que afecten la integridad de los estudiantes.
Mientras avanza el proceso, la Procuraduría continuará evaluando las pruebas y los argumentos de las partes para determinar si existe responsabilidad disciplinaria y adoptar la decisión correspondiente conforme a la ley colombiana.
