La clase media colombiana podría convertirse en uno de los sectores con mayor exposición a los cambios tributarios planteados por el Gobierno nacional en su proyecto de Ley de Rescate Económico. La iniciativa, radicada el 29 de octubre de 2026 ante la Cámara de Representantes, contempla modificaciones al impuesto de renta de las personas naturales, incrementos en los aportes a salud y una ampliación del IVA que afectaría el precio de distintos productos y servicios.
El proyecto, identificado como 477 de 2026 Cámara, tiene 106 artículos y busca estabilizar las finanzas públicas, reducir el gasto estatal, generar nuevos ingresos y promover la inversión. Sin embargo, varias de sus disposiciones trasladarían una parte del esfuerzo fiscal a los trabajadores formales y a los hogares que dependen de ingresos salariales para cubrir sus gastos.
Aunque el Gobierno plantea mecanismos de devolución del IVA para los hogares de menores ingresos y beneficios tributarios para las empresas, la propuesta abre un interrogante sobre el efecto que tendría en el presupuesto de las familias que no están clasificadas en situación de pobreza, pero tampoco cuentan con ingresos suficientes para absorber fácilmente nuevos impuestos y descuentos.
Más trabajadores podrían quedar sujetos al impuesto de renta
Uno de los cambios que tendría un efecto directo sobre los asalariados está relacionado con el impuesto de renta. La iniciativa propone reducir el umbral de ingresos a partir del cual las personas naturales comienzan a estar sujetas a este tributo, ampliando el universo de contribuyentes.
De acuerdo con los detalles divulgados sobre el proyecto, el nuevo umbral se ubicaría alrededor de los tres millones de pesos mensuales, frente a los aproximadamente 4,5 millones que se toman como referencia en el esquema actual para este cambio. La propuesta contempla una tarifa inicial del 9 % sobre el tramo gravable correspondiente, con una escala progresiva que aumentaría para los ingresos superiores.
Esto significa que trabajadores que actualmente no tienen una obligación de pago de renta podrían empezar a contribuir si se aprueba la modificación. El efecto alcanzaría especialmente a profesionales, empleados administrativos, técnicos y trabajadores calificados cuyos ingresos se encuentran en los rangos salariales habituales de la clase media.
No obstante, es importante diferenciar entre el umbral para declarar renta y el que determina cuánto impuesto debe pagarse. La obligación efectiva depende de la depuración de los ingresos, las deducciones, las rentas exentas y los límites establecidos en la legislación. Por eso, ganar tres millones de pesos no significa necesariamente que una persona deba entregar el 9 % de todo su salario a la DIAN.
La propuesta también contempla modificaciones a los beneficios tributarios de las personas naturales, entre ellos los relacionados con las rentas exentas laborales y las deducciones por dependientes. Estos cambios podrían aumentar la base gravable de algunos contribuyentes y, en consecuencia, el valor del impuesto que deben pagar.
Aumentarían los descuentos de salud para los trabajadores
Otro de los puntos que tendría repercusiones directas sobre los ingresos de la clase media es el incremento de los aportes al sistema de salud. Actualmente, los trabajadores dependientes cotizan el 4 % de su salario, pero el proyecto plantea elevar progresivamente ese porcentaje para quienes reciben más de dos salarios mínimos.
La propuesta establece que los empleados que ganen entre dos y cuatro salarios mínimos pasarían a aportar el 5,5 %; quienes reciban entre cuatro y cinco salarios mínimos pagarían el 6 %; y los porcentajes aumentarían por tramos hasta llegar al 8 % para los trabajadores con ingresos más elevados. Para los independientes, la cotización también subiría, con porcentajes que podrían alcanzar el 15,5 %.
En términos prácticos, un empleado con un salario mensual de seis millones de pesos, que se encuentra en el rango de dos a cuatro salarios mínimos, pasaría de aportar $240.000 a $330.000 mensuales por concepto de salud. Esto representaría un descuento adicional de $90.000 cada mes, o $1.080.000 al año, si se mantienen esas condiciones salariales y la propuesta entra en vigor.
El incremento tendría una incidencia particular en los hogares que dependen de uno o dos salarios formales para cubrir gastos de vivienda, alimentación, educación, transporte y obligaciones financieras. Aunque el porcentaje adicional se destinaría a financiar el sistema de salud, para los trabajadores representaría una reducción del ingreso disponible.
El IVA encarecería productos y servicios de consumo cotidiano
El tercer componente de la reforma que podría afectar a los hogares de ingresos medios es la modificación del impuesto al valor agregado. El proyecto plantea eliminar la tarifa del 5 % y trasladar determinados bienes y servicios a la tarifa general del 19 %, con una implementación principal a partir de 2028.
Entre los productos que podrían experimentar incrementos se encuentran frutas y verduras frescas, fríjol, café sin tostar, insumos agrícolas, computadores y celulares de bajo valor. También se contemplan cambios para las boletas de cine y otros servicios. En contraste, productos como arroz, papa, yuca, pan, carne, leche y huevos conservarían su tratamiento excluido, al igual que los medicamentos, el arriendo y el transporte público.
El efecto no se limitaría al momento de comprar directamente los productos gravados. El encarecimiento de algunos insumos agrícolas también podría trasladarse a los costos de producción y distribución, lo que eventualmente tendría repercusiones sobre los precios finales de otros bienes de consumo.
Para la clase media, el problema estaría en que el proyecto no contempla una devolución general del IVA. Aunque algunos hogares clasificados como vulnerables recibirían compensaciones parciales, quienes superen los criterios establecidos tendrían que asumir el incremento sin un mecanismo equivalente de reembolso.
Devolución del IVA: ¿quiénes recibirían compensaciones?
El Gobierno plantea implementar un mecanismo denominado EfectIVA, con el propósito de compensar el aumento de la carga tributaria sobre el consumo. La propuesta contempla devolver el 100 % del IVA pagado, dentro de los límites establecidos, a cerca de 19 millones de personas en situación de pobreza.
Adicionalmente, unos 16,3 millones de personas pertenecientes a hogares clasificados como clase media vulnerable y otros grupos recibirían devoluciones parciales de entre el 30 % y el 50 %, dependiendo de sus ingresos y condiciones de clasificación. El mecanismo tendría un límite mensual de 5,5 UVT por persona, equivalente a cerca de $288.000 en valores de 2026.
Sin embargo, la compensación dejaría por fuera a una parte de la población de ingresos medios que no se encuentra en condición de pobreza ni cumple los requisitos para ser considerada vulnerable. Estos hogares asumirían directamente el aumento del IVA sobre los productos y servicios gravados, sin recibir una devolución por parte del Estado.
La situación genera una diferencia entre los hogares de clase media vulnerable y aquellos que, aunque tienen ingresos superiores, también enfrentan gastos elevados por créditos hipotecarios, educación privada, servicios de salud, transporte y manutención familiar. En estos casos, tener un salario formal relativamente alto no necesariamente significa contar con una amplia capacidad de ahorro o de consumo.
También subirían los impuestos a bebidas alcohólicas y cigarrillos
La iniciativa incluye modificaciones a los impuestos al consumo de cerveza, licores, cigarrillos, vapeadores y bebidas azucaradas. Aunque estos gravámenes no están dirigidos exclusivamente a la clase media, sí podrían aumentar los gastos de los hogares que consumen estos productos. El Gobierno calcula que los impuestos al alcohol y al tabaco aportarían alrededor de $10,5 billones en 2027.
Otro efecto que preocupa es la posible presión sobre la inflación. La exposición de motivos del proyecto estima que los cambios en los impuestos a las bebidas alcohólicas y al tabaco podrían sumar hasta 0,6 puntos porcentuales a la inflación de 2027. Si a esto se agregan los incrementos de precios derivados de los cambios en el IVA, los hogares podrían experimentar una reducción adicional de su capacidad adquisitiva.
Una mayor carga tributaria en hogares con ingresos formales
La combinación de los cambios propuestos en renta, salud e IVA podría representar un esfuerzo económico simultáneo para determinados sectores de la clase media. Un trabajador podría recibir un menor salario disponible después de los descuentos de nómina, comenzar a pagar impuesto de renta y, al mismo tiempo, enfrentar mayores precios en algunos de los productos que consume.
Este escenario tendría consecuencias sobre las decisiones financieras de las familias. La reducción de los ingresos disponibles podría llevar a aplazar compras, disminuir gastos de entretenimiento, limitar el ahorro o destinar una mayor proporción del presupuesto al pago de obligaciones financieras y necesidades básicas.
El Gobierno defiende el ajuste por su impacto en las finanzas públicas
La administración nacional sostiene que la Ley de Rescate Económico busca estabilizar las finanzas del Estado, reducir el endeudamiento y generar condiciones para impulsar el crecimiento económico. La meta planteada es conseguir un ajuste fiscal de 2,35 puntos del producto interno bruto durante 2027, equivalente a cerca de $50 billones.
La propuesta también contempla reducir gradualmente el impuesto de renta empresarial del 35 % al 33 % en 2027 y al 31 % desde 2028, con el argumento de estimular la inversión y la generación de empleo. Sin embargo, el Gobierno deberá demostrar que estos beneficios para las compañías se traducen efectivamente en mayor actividad productiva y oportunidades laborales.
Por ahora, el proyecto de ley se encuentra en su etapa inicial de trámite legislativo y sus disposiciones podrían modificarse durante la discusión en el Congreso. Por tanto, los porcentajes, los umbrales de ingresos y las fechas de aplicación corresponden a la propuesta radicada y no a obligaciones tributarias vigentes.
El principal interrogante es si el ajuste fiscal podrá conseguir los recursos necesarios sin deteriorar el poder adquisitivo de los hogares que sostienen buena parte del consumo interno. Para la clase media, el resultado dependerá de la aprobación definitiva de las medidas, el alcance de las compensaciones y la capacidad del Gobierno para evitar que los nuevos cobros reduzcan sus posibilidades de ahorro y consumo.
