La controversia sobre la llegada de rescatistas colombianos a Colombia continúa abierta. Tras el terremoto del 10 de agosto, varios gobiernos ofrecieron no solo alimentos y suministros, sino también personal especializado para intervenir en estructuras colapsadas. Sin embargo, durante las primeras horas de la emergencia se difundió la versión de que Colombia consideraba suficiente su capacidad nacional de rescate y priorizaba la recepción de ayuda humanitaria.
Uno de los episodios que alimentó la discusión fue el comunicado de la Brigada de Rescate Topos Tlatelolco, que informó que había establecido comunicación con las autoridades colombianas para coordinar su eventual apoyo. En ese documento, la organización señaló que respetaba la soberanía de Colombia y los lineamientos de INSARAG, pero explicó que las autoridades no permitirían inicialmente el ingreso de grupos externos porque la emergencia estaría cubierta con los rescatistas nacionales. También indicó que mantenía su oferta técnica y humanitaria a la espera de una nueva evaluación de daños y necesidades.
El caso de los Topos Tlatelolco resulta relevante porque la organización no estaba ofreciendo únicamente ayuda humanitaria convencional. Se trataba de personal especializado en búsqueda y rescate urbano, precisamente una de las capacidades críticas durante las primeras horas después de un terremoto, cuando la localización de personas atrapadas puede ser determinante. La controversia, por tanto, no se limitó a decidir qué alimentos o medicamentos recibir, sino a establecer qué equipos podían incorporarse a las operaciones de rescate.
Mientras esa discusión se desarrollaba, otra brigada mexicana tomó una decisión diferente. Los Topos Aztecas, encabezados por Héctor “El Chino” Méndez, se encontraban en Venezuela desde hacía 41 días, participando en las labores posteriores a los terremotos que habían afectado ese país. Según Méndez, el traslado hacia Colombia se produjo por iniciativa propia, después de conocer la nueva emergencia.
Su llegada a Cali modificó parcialmente el panorama. El grupo arribó acompañado de especialistas procedentes de México, Panamá y Venezuela y se presentó con la intención de apoyar las labores de búsqueda y rescate. Su desplazamiento resulta especialmente llamativo porque se produjo mientras todavía existía una discusión pública sobre las condiciones para el ingreso de brigadas extranjeras. La presencia de los Topos Aztecas no significa, sin embargo, que el gobierno nacional hubiese validado su presencia en el país.
Al mismo tiempo, apareció otro elemento que parece contradecir la idea de que Colombia no necesitaba apoyo extranjero. El Departamento de Estado de Estados Unidos afirmó que, a solicitud de la administración de Abelardo de la Espriella, había movilizado equipos USAR de Fairfax County, Virginia, y Los Angeles County, California. Posteriormente, la Cancillería colombiana confirmó que un grupo de 22 expertos rescatistas procedentes de Los Ángeles y Virginia llegaría al país para apoyar a la UNGRD.
La diferencia es significativa. Mientras durante un momento de la emergencia se sostenía públicamente que Colombia contaba con suficientes rescatistas, el Gobierno terminó solicitando a Estados Unidos el envío de especialistas USAR. La propia Cancillería explicó que los estadounidenses cuentan con capacidades de coordinación, procesamiento de información operativa e ingeniería USAR, además de conocimientos del protocolo INSARAG de Naciones Unidas.
La secuencia abre una pregunta que todavía no tiene una respuesta pública suficientemente detallada: ¿en qué momento cambió la evaluación del Gobierno sobre la necesidad de personal extranjero? Las dudas están sobre si las autoridades pueden haber considerado suficiente la capacidad nacional inicialmente y después haber identificado necesidades adicionales. Pero por el momento la información desde el gobierno central es poca y han sido los gobiernos locales los que entregan información de la situación.
La controversia también involucra la ayuda humanitaria mexicana. México había preparado un amplio dispositivo para Colombia, con personal médico, rescatistas, binomios caninos, medicamentos, herramientas y miles de paquetes de despensa. Según la propia presidenta Claudia Sheinbaum había indicado que el operativo mexicano estaba listo y esperaba la solicitud formal del Gobierno colombiano para desplegarse.
Finalmente, parte de esa asistencia comenzó a llegar en forma de despensas e insumos humanitarios. Este episodio es importante porque demuestra que la cooperación internacional no desapareció ante las dificultades de coordinación: los países continuaron preparando y enviando ayuda, mientras el debate se concentraba en qué tipo de asistencia estaba solicitando Colombia y cuál podía ingresar al territorio.
El caso de El Salvador agregó otra capa a la discusión. El presidente Nayib Bukele había ofrecido inicialmente equipos de rescate, personal médico y paramédico, además de insumos. Posteriormente, según publicó el propio gobierno salvadoreño en cabeza de su presidente, recibió la información de que Colombia no necesitaba rescatistas internacionales y terminó concentrando su envío en ayuda humanitaria.
Bukele llegó a explicar públicamente que Colombia estaba solicitando insumos y no personal de rescate. La afirmación tuvo particular impacto porque contrastaba con la oferta inicial de El Salvador de enviar equipos especializados y con las imágenes de una emergencia en la que todavía se reportaban personas desaparecidas y municipios con dificultades para recibir asistencia.
En ese contexto también surgieron críticas políticas. La exalcaldesa y dirigente política Claudia López cuestionó la decisión de limitar la cooperación y sostuvo que, ante una tragedia de estas dimensiones, la ayuda internacional no debería ser vista como un problema. Su argumento se sumó al de otros sectores que consideran que, cuando existen recursos disponibles y organizaciones dispuestas a desplazarse, la prioridad debe ser poner esas capacidades al servicio de las víctimas.
La representante Jennifer Pedraza también cuestionó la postura del Gobierno y defendió la recepción de ayuda externa. El argumento central de las críticas es sencillo: en una emergencia con numerosas víctimas, desaparecidos y municipios con dificultades de acceso, la ayuda adicional no necesariamente compite con la capacidad nacional, sino que puede complementarla.
El debate tiene además una dimensión territorial. La discusión sobre si Colombia tiene “suficientes rescatistas” puede resultar engañosa si se analiza únicamente desde el número total de personas disponibles. Una cosa es disponer de equipos especializados en el país y otra muy distinta es conseguir que esos equipos lleguen oportunamente a San José del Palmar, municipios del Chocó, el norte del Valle del Cauca o zonas donde existen problemas de acceso y orden público.
Hoy a primera hora de la mañana partió desde Quibdó un grupo de médicos voluntarios que llegó a la capital chocoana gracias a la ciudadanía desde Bogotá. Los profesionales de la salud viajarán por tierra ya que no hay disponibilidad de helicópteros para trasladarlos a pesar de los complejos problemas de orden público en la zona.
Ese es precisamente uno de los puntos que hacen más delicada la discusión. Mientras el Gobierno puede sostener que cuenta con capacidades nacionales, las autoridades locales y comunidades continúan reportando necesidades concretas. Por eso la pregunta relevante no debería ser solamente cuántos rescatistas tiene Colombia, sino cuántos están desplegados, dónde están, qué municipios los solicitaron y cuáles necesidades continúan pendientes.
La controversia ha terminado vinculándose también con la situación política del nuevo Gobierno. Abelardo de la Espriella asumió la Presidencia apenas unos días antes del terremoto, en medio de un proceso de transición institucional que todavía no estaba completamente consolidado. La emergencia ocurrió, por tanto, en uno de los momentos más sensibles de un cambio de administración: nuevas autoridades, equipos que apenas comienzan a asumir funciones y organismos que deben coordinarse bajo presión.
Esto ha llevado a cuestionar sobre que parte de los problemas de la respuesta internacional no hayan obedecido a una decisión política deliberada, sino a dificultades de coordinación entre Presidencia, Cancillería, UNGRD, Fuerzas Militares, gobernaciones y alcaldías. El hecho de que los balances nacionales hayan sido emitidos en buena medida por gobernaciones y Asocapitales, mientras Presidencia concentraba la información oficial, hace necesario reconstruir cómo circuló la información dentro del Estado.
También existe una segunda hipótesis que algunos sectores políticos han planteado: que pueda haber un sesgo político en la selección de la cooperación internacional, particularmente porque Estados Unidos terminó recibiendo una respuesta favorable mientras otros países y organizaciones tuvieron dificultades para incorporar sus equipos de rescate.
La evidencia disponible apunta, por ahora, a un escenario más complejo que un simple “Gobierno rechazó la ayuda”. Hubo ofertas internacionales de rescatistas; hubo equipos que esperaron autorización; hubo países que terminaron enviando insumos; hubo una brigada mexicana que llegó por iniciativa propia desde Venezuela; hubo una solicitud formal a Estados Unidos y finalmente la llegada de sus especialistas. La pregunta central es cómo y cuándo se tomaron esas decisiones.
Mientras tanto, la llegada de las despensas mexicanas y de los equipos estadounidenses demuestra que la cooperación internacional terminó incorporándose a la respuesta colombiana. Pero la controversia no desaparecerá hasta que el Gobierno explique con precisión qué necesidades identificó durante las primeras horas, cuándo activó los mecanismos de cooperación internacional, qué países fueron formalmente requeridos y por qué algunas brigadas de rescate encontraron obstáculos mientras otras lograron ingresar.
El caso de los Topos Tlatelolco y el de los Topos Aztecas resumen, en buena medida, el dilema. Un grupo esperaba una definición institucional para poder ingresar; otro decidió trasladarse por iniciativa propia y terminó en Cali; Estados Unidos recibió una solicitud formal y movilizó 22 especialistas; México preparó un amplio operativo y comenzó enviando ayuda humanitaria; y El Salvador terminó enviando insumos después de que, según Bukele, Colombia indicara que no requería rescatistas. En medio quedan las preguntas sobre la coordinación estatal y, sobre todo, sobre cuánto tiempo pudo haberse perdido en una emergencia en la que cada hora importa.
